ALMAS SIN CUERPO: LAS NIÑAS INVISIBLES

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La niña indígena guatemalteca es tal vez el símbolo que mejor representa la realidad de Guatemala. Ser una niña indígena en Guatemala significa tener que enfrentarse a más adversidades que ningún otro grupo, niñas y adolescentes deben enfrentar riesgos relacionados a su edad, su etnia y su condición de mujer.

Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años, y adolescente a quienes pasaron los 13 hasta que cumplen 18 años de edad. Hoy, las niñas y adolescentes integran aproximadamente el 11 punto 6 por ciento de la población. Y de esa porción, aproximadamente existen 1 millón de infantes guatemaltecas entre 10 y 14 años, entre las cuales miles de niñas indígenas sufren altos grados de desnutrición crónica, tienen nulo o poco acceso a la información, a servicios de salud y de educación, abandonan la escuela mucho antes que sus pares masculinos y ladinas,  carecen de espacios seguros y son víctimas de violencia sexual y de diversas formas de explotación infantil.

Se trata de un segmento de la población que carece de voz y que históricamente ha sido invisibilizado e ignorado. De acuerdo a Population Council, la información recabada indica que “pocos programas, públicos o privados, llegan a estas niñas y adolescentes. Los programas convencionales de atención a jóvenes tienden a enfocarse en adolescentes que están estudiando, no están casadas y viven en centros urbanos y municipales. Las jóvenes rurales permanecen excluidas de estos servicios”.

Incomprendidas por la sociedad

La percepción social que se tiene de este grupo de la población es parte del problema, las tareas que tradicionalmente desempeña la niña indígena en la sociedad son consideradas como inherentes a su género, y la sociedad misma tiende a considerar que la niña indígena no está hecha para el estudio o la profesionalización.

Resulta preocupante que actualmente miles de niñas guatemaltecas sean obligadas a casarse a temprana edad y, muchas de ellas, son vistas como sirvientes en la casa o como objetos sexuales que tienen que someterse a relaciones y a embarazos indeseados y son expuestas a contraer enfermedades de transmisión sexual. De esta cuenta que se reporte una alarmante cantidad de embarazos en menores: según el Ministerio de Salud Pública, en el 2012 se registraron más de ochenta y un mil partos en adolescentes entre 15 y 19 años, y más de tres mil nacimientos entre niñas entre 10 y 14 años.

Además de que en muchos casos a la niña indígena se le es negado el acceso a la educación, miles son víctimas de trabajo forzado en escenarios que van desde tortillerías, trabajos domésticos, coheterías, maquilas, pasando por diversas formas de trabajo ilegal hasta el más inhumano de todos, la prostitución infantil.

 

Matrimonios forzados, embarazos indeseados y abuso sexual

Dado que se trata de un fenómeno social relacionado al machismo y una cultura patriarcal, en la que se ha llegado al extremo de vender a las niñas o pagar con ellas alguna deuda del padre, abordar los matrimonios forzados y embarazos precoces en las niñas adolescentes ha sido considerado un asunto impopular para las autoridades, teniendo como resultado pocos datos precisos.

No obstante, existen algunos estudios que nos permiten darnos una idea de la situación teniendo en cuenta que existen muchos más casos al margen de estas iniciativas que quedan fuera de registro.  A continuación presentamos resultados que hablan por sí solos:

  • Según la plataforma de información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en las adolescentes cuyos partos se registraron entre enero y diciembre del año 2010, el 42.70% tuvo como lugar de nacimiento un hospital, mientras que el 51.90% dio a luz en su domicilio. La misma plataforma reporta que en ese mismo período se registraron 1334 partos en niñas menores de 14 años.
  • Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2008-2009), en las niñas menores de 13 años registradas, el 30% tuvo como primera pareja sexual a un familiar. Esta situación cambia drásticamente después de los 13 años, ya que en el mismo estudio, en el rango entre los 13 y los 14 años el porcentaje de niñas cuya primera pareja sexual fue un familiar disminuye a 1%.  Esto probablemente indica que existe una relación entre el abuso y la capacidad de la víctima de quedar embarazada, de defenderse,  de entender lo que le está pasando y de denunciar el hecho.
  • En el 2013, la Procuraduría de los Derechos Humanos junto al Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, hizo público un estudio en el que, con información de la Secretaría contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de personas (SVET),  se determinó que el 89% de los agresores sexuales a niñas menores de 14 años son familiares, y un alarmante 30% corresponde a los padres. De acuerdo con la investigación de la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil, de las 1448 denuncias registradas en el año 2012, 1289 fueron víctimas de sus familiares.

Emma Delfina Chirix, en su escrito “Alas y raíces, Afectividad de las mujeres mayas”, afirma que el abuso sexual deja heridas psicológicas y que puede llevarla a sentirse culpables: Niñas y adolescentes han sido violadas por familiares, principalmente primos y cuñados, y lo identifican como una experiencia dolorosa. Muchas mujeres sienten vergüenza y pena de lo que les ha pasado y no lo comparten, algunas mueren con esos sentimientos.

De acuerdo al estudio “Mírame, situación de la niña indígena en Guatemala” publicado por UNICEF y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en el 2007, lo más grave en los casos de violación cometidos contra niñas indígenas es que enfrentan un sistema de justicia machista en que muchas denuncias no proceden ya que los jueces aducen falta de pruebas que indiquen que el acto sexual se cometió con violencia. Ese mismo año, la DEMI reportó un caso de una niña kaqchikel, de 12 años, violada cuatro veces por un ex comisionado militar, en el cual se descartó y desvalorizó el testimonio oral de la niña y su cuerpo se convirtió en el único medio de prueba. En ese caso, los jueces “descartaron la violación por no existir evidencia de violencia física, sin considerar la violencia psicológica”.

El documento de UNICEF afirma que los interrogatorios a los cuales son sometidas las niñas y jovencitas atentan contra su dignidad y las desgastan emocionalmente. Además, señala que “es importante conocer el entorno social, cultural, lingüístico y familiar para entender la forma en que la niña indígena concibe lo que le sucedió. Debido a que la víctima no ha recibido educación sexual, muchas veces desconoce qué nombre ponerle a esa experiencia desagradable y simplemente le llama ’daño’”. Yo no recuerdo la fecha, no sé cuándo fue, lo único que digo es que él me hizo daño; nos han dicho que fue una violación, para nosotros fue un daño, recordó la niña kaqchikel de 12 años.

 

 

Discriminación, explotación y marginación

 

La invisibilidad de la niña indígena le deja en una situación propensa a ser víctima de diversas formas de discriminación, en la cual se le niegan sus derechos y oportunidades para un desarrollo integral. Su corta edad, y la violencia relacionada a esta situación, no permiten que las víctimas tengan oportunidad de denunciar los hechos antes las autoridades.

La explotación sexual comercial de niñas es la forma más inhumana de abuso sexual, y, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ese delito ocurre con mayor frecuencia en situaciones de miseria mediante redes del crimen organizado. De esta cuenta que las niñas indígenas no escapen a la trata y a la explotación sexual en la región.

De acuerdo al estudio de UNICEF, además de batallar contra patrones culturales como el machismo, también tienen que superar la discriminación y la marginación, porque “muchas de ellas sencillamente no existen para los registros legales del país”

Uno de los mayores problemas para las niñas indígenas es que son las más afectadas por la falta de documentación debido a que viven en áreas apartadas y sus progenitores no tienen la oportunidad de registrarlas en el Registro Nacional de las Personas; dejándolas sin nacionalidad y dificultándoles el ejercicio de sus derechos.  En ese sentido, el documento de la UNICEF concluye que la usencia del registro de la niña indígena ante el Estado la convierte en una víctima fácil del robo, sustracción ilegal y de cambio de identidad para adopciones ilegales, así como de explotación laboral y sexual.

Ante la grave situación que atraviesan las invisibles niñas indígenas, diversas organizaciones de Derechos Humanos coinciden en que es determinante crear campañas bilingües para dar a conocer los derechos de las mujeres y de las niñas indígenas, y la información relacionada a los agresores y violadores, las implicaciones legales y judiciales de los delitos relacionados a la niñez. De tal forma que como sociedad nos aseguremos que ningún adulto, cliente o usuario de la explotación infantil, pueda alegar ignorancia y se sepan responsables de cualquiera de esos despreciables actos. Así mismo, es obligación del gobierno, a través de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, difundir lo que los ciudadanos debemos hacer en caso de detectar una explotación de esta naturaleza.

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