BRAZALETES REDUCIRÍAN HACINAMIENTO EN CÁRCELES

EL ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA TAMBIÉN ES INJUSTICIA. A pesar de que como resultado de la visita in loco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Guatemala, sus delegados resaltaron el abuso de la prisión preventiva en el país, las autoridades siguen incumpliendo con su deber de implementar la Ley de Brazaletes Electrónicos.

A finales de Noviembre del 2016, el diputado de la bancada Fuerza, Raúl Romero, solicitó verbalmente una moción privilegiada para que se conociera de urgencia nacional en una sola lectura la “Ley de Implementación de Control Telemático en el Proceso Penal” que, entre otras cosas, obliga al Ministerio de Gobernación a modificar su presupuesto del 2017 para implementar los brazaletes electrónicos para las personas que califiquen para arresto domiciliar como medida preventiva. ¿Qué pasó con los fondos destinados para los brazaletes en el 2017 y que ha pasado en el 2018?

Los brazaletes o grilletes electrónicos han demostrado ser muy efectivos para la disminución del hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles. También han probado ser muy útiles como medida de seguridad en casos de protección de víctimas del delito y de violencia contra la mujer.

Gobernación inoperante

En otros países estos dispositivos están a cargo del Organismo Judicial, pero en Guatemala la ley designó a la cartera del Interior como ente regulador y operador de los mismos.

En el 2017, el entonces Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, anunció que para septiembre de ese año estarían listos los brazaletes para implementarse. Al pasado también entró en vigencia el Reglamento Interno para la Implementación del Control Telemático bajo el Acuerdo Ministerial 196-2017, cuyo objeto es regular la implementación del medio alternativo a la prisión con localización permanente del sindicado o condenado, dependiendo el caso, para garantizar el cumplimiento de una medida no privativa de libertad.

El Mingob también informó de la creación de la Unidad de Control Telemático, que tiene a su cargo el monitoreo, la vigilancia de los sujetos portadores del dispositivo, el registro de los incidentes, el almacenamiento y ordenamiento de todos los datos recibidos y la coordinación para la instalación de los brazaletes electrónicos. La operación de esta unidad está regida también por los protocolos de la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El año pasó y en el anunciado Septiembre 2017, apenas el Mingob dio a conocer que estaban listas las bases para la licitación pública de los Dispositivos de Control Telemático, con las especificaciones técnicas de tobilleras y brazaletes, para las empresas interesadas en proveer el servicio de localización y alerta sobre la presencia de determinada persona en una ubicación geográfica específica. Las empresas participantes también estarían brindando el servicio de compra y cobro de los dispositivos, que podrían rondar entre Q85 y Q100 que deberán pagar los usuarios.

Aunque en Enero 2018 se reportó que el Ministerio de Gobernación había sacado finalmente la licitación pública para el arrendamiento por 36 meses de 5 mil dispositivos para la implementación del Control Telemático y 2 centros de monitoreo, hasta la fecha, después de 1 año y 4 meses de aprobada la Ley de Brazaletes Electrónicos, siguen sin estar disponibles los dispositivos para aquellos casos que, de acuerdo con la ley, deben tener prioridad, como las personas mayores de 65 años, mujeres gestantes, personas con enfermedades graves o terminales, personas con discapacidad, padres o madres que sean cabeza de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Miles de familias afectadas

Según el último informe del Sistema Penitenciario, en las cárceles del país habitan alrededor de 23 mil 135 reos, una población que sobrepasa por más del 400% la capacidad de las prisiones que ronda los 7 mil privados de libertad. El hacinamiento conlleva condiciones de vida inhumanas para las personas encarceladas, condenadas y acusados que llevan meses si no años en prisión preventiva, lo cual debiera ser tomado en cuenta por los impartidores de justicia que bien saben del atraso acumulado que supone la saturación de sus juzgados.

Cuando una persona padece tanto tiempo en prisión preventiva sin tener acceso a la justicia, aunque después le sean descontados esos días de su condena, no sólo se están violentando sus derechos humanos más básicos, se viola su derecho a la defensa y el debido proceso. Nadie debe permanecer tanto tiempo en una medida de prevención, porque esta se transforma en una especie de tortura. Por tal razón, la Comisión Contra la Tortura incluyó en sus informes el uso excesivo de la prisión preventiva como una forma de tortura a las personas.

A principios de Marzo 2018, Alfred Kaltschmitt, columnista de Prensa Libre, publicó datos muy concretos en torno a lo que representaría de ahorro para el Estado la implementación de los brazaletes si consideramos que el sostenimiento de cada reo dentro del sistema carcelario cuesta alrededor de Q54 diarios. “Más del 50 por ciento, es decir, 11 mil 766 reos se encuentran en ese vacío ilegal e inhumano llamado prisión preventiva. Al calcular los costes de mantener a estos privados de libertad, ascienden a Q635 mil por día, que multiplicado por 365 días nos da casi Q232 millones por año”, afirma Kaltschmitt, y concluye que “además de evitar las violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los 11 mil 766 reos que se encuentran en prisión preventiva, el nuevo ministro del Mingob tiene una perfecta excusa para agilizar la operación de los brazaletes, se estaría ahorrando decenas de millones, los cuales podría utilizar para la construcción de cárceles, equipamiento y mejoramiento de todo el Sistema Penitenciario.”

En Guatemala no se respeta los convenios internacionales relativos a DDHH, en especial lo relacionado a la Presunción de Inocencia. Imagen: Archivo

Son decenas de miles de familias que se ven destruidas a partir de que un juez dicte prisión preventiva y pasen meses y años en esa condición, un daño irreversible en tanto en lo psicológico como en la dignidad de las personas. Las enfermeras que pasaron más de 2 años y 4 meses en prisión preventiva por el caso IGSS-Pisa, hasta que en Octubre 2017 finalmente el Tribunal Undécimo Penal les concedió medida sustitutiva para que continúen enfrentando su proceso judicial con arresto domiciliar, relataron a Perro Bravo los horrores que vivieron al ser arrestadas y enviadas a prisión preventiva por tanto tiempo.

“Nos hacían saber que la gente decía que éramos culpables de las muertes” afirman las enfermeras que sufrieron innecesariamente más de 2 años en el preventivo Santa Teresa. Foto: PB

Doris Elubia González, quien fungía como Técnico de Hemodiálisis en el IGSS, recuerda que les negaron medida sustitutiva en 5 ocasiones y que durante todo el proceso fue tratada como culpable: “La mayoría de la gente afuera no cree en la inocencia de alguien que es arrestado, dicen que ´de plano algo hizo´. Yo nunca me sentí culpable ni ninguna de las compañeras, nos dolió mucho lo que nos hicieron, sólo se hace un trabajo y pienso que no era para llegar a esto… que nos estén diciendo que somos culpables mientras que no se ha demostrado en un juicio, pienso que es injusto lo que los medios y la gente particular dice respecto a este caso.”

Carmen Yadira Gil Quiñónez, Auxiliar de Enfermería durante 35 años en el IGSS, cuenta que “después de nuestro arresto tuvimos que pasar 7 días en esa carceleta en tribunales, porque queríamos evitar llegar Santa Teresa, porque era una experiencia muy dura saber cuánto tiempo he mantenido la honorabilidad y ver que en ese momento todo iba en contra de mi persona y de mi familia”.

Para Doris Elubia fue una experiencia muy dura, “estos 2 años y 4 meses adentro, para nosotras fue un tormento. Uno aprende a convivir con gente que tiene serios problemas como asesinato, secuestro… hay pandilleras que todavía quieren hacer valer su jerarquía. Gracias a Dios al conocer que éramos enfermeras nos respetaban mucho, pero hubieron intentos de motines, requisas, pleitos, y eso lo pone a uno mal porque no estamos acostumbradas a eso”, y agrega que “para mi familia fue una parte muy dura, me perdí de ver a mis hijos crecer, se quedó solo mi esposo y mi madre de 70 años, y tuvieron que ver de donde se sacaban dinero, perdimos propiedades para pagar abogados… nos afectó mucho”.

Una experiencia similar es confirmada por Carmen Yadira, quien afirma que “la situación adentro es muy difícil, uno no sabe con quién está tratando pero por nuestra vocación nos dimos a respetar. Es dura la vida en Santa Teresa, hay tantas cosas difíciles ahí y uno siempre las va aguardar, porque no todo se puede decir. El problema psicológico y físico que se vive ahí es bastante severo”. Para su familia tuvo un impacto profundo: “Yo era el bastión porque mi esposo acababa de fallecer. Tenía 2 nietas, ahora tengo 3. Les afectó bastante a ellos, en lo económico, en lo emocional. Lo privan a uno injustamente de algo que uno pudo haber disfrutado… de su familia, de ver a sus hijos crecer, de su trabajo. Padezco de mi columna, tengo problemas gástricos, y estando ahí fue muy difícil poder sobrellevar esas enfermedades.“

Lo relatado por las enfermeras es sólo un ápice de las dramáticas historias personales que viven la tragedia de la prisión preventiva sostenida a lo largo del tiempo. Desde hace más de una década los tribunales y el sistema penitenciario se encuentran colapsados.

La solución está al alcance basta con que las leyes y las autoridades del país se apeguen a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, respecto a la Presunción de Inocencia, el cual garantiza que “no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable”, y establece que “todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos”.

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