CASO ODEBRECHT: MANTO DE IMPUNIDAD A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS DE UNE, PP Y FCN-NACIÓN

¿Por qué la Contraloría de Nora Segura no puso un alto al fraude en el CIV? 

La red de corrupción internacional edificada por la constructora brasileña Odebrecht ha conmocionado a la clase gobernante de muchos países y en Guatemala falta mucho por descubrir en torno a las fuerzas políticas que colaboraron con este fraude al Estado a lo largo de tres gobiernos.

Tanto Suiza como Estados Unidos se han involucrado en la persecución de este esquema de sobornos que alcanza a varios países, basando su participación en el hecho de que esta red de corrupción utilizó su sistema bancario para realizar estas transacciones ilegales. Además, la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York resaltó que varias de las compañías off-shore utilizadas en el esquema eran propiedad o manejadas por ciudadanos estadounidenses.

En Diciembre 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU., mediante la División Criminal, Sección Anti-Fraude, dio a conocer que el consorcio Odebrecht se había declarado culpable de haber pagado sobornos a varios políticos y funcionarios públicos en 11 países para obtener multimillonarios contratos de infraestructura pública. Como parte de su “Acuerdo de Culpabilidad”, Odebrecht se comprometió a colaborar con las investigaciones para dar con los responsables de recibir los sobornos en por lo menos tres continentes.

La advertencia para los funcionarios y políticos que recibieron los sobornos de Odebrecht es clara: “No importa cuál sea la razón, cuando los funcionarios extranjeros reciben sobornos, amenazan nuestra seguridad nacional y el sistema de libre mercado internacional en el que negociamos”,dijo William F. Sweeney del FBI  en Nueva York, al momento de anunciar la aceptación de culpabilidad de Odebrecht. “Sólo porque están fuera de nuestra vista, no significa que estén fuera de nuestro alcance. El FBI utilizará todos los recursos disponibles para poner fin a este tipo de comportamiento corrupto “, enfatizó.

La operación en Guatemala

En el expediente del caso en la Corte de EE.UU. del Distrito Este de Nueva York, en el que se establece el cargo contra Odebrecht por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en la sección “Pagos Corruptos a Funcionarios Extranjeros y Partidos Políticos en otros países”, el inciso F está dedicado a Guatemala: “En o entre 2013 y 2015, ODEBRECHT realizó y causó que se realizaran aproximadamente $18 millones en pagos corruptos a funcionarios gubernamentales en Guatemala para asegurar contratos de obras públicas. ODEBRECHT obtuvo beneficios de más de $34 millones como resultado de estos pagos corruptos”, y prosigue: “Por ejemplo, en relación con un proyecto de infraestructura adjudicado a ODEBRECHT, la empresa acordó pagar a un alto funcionario guatemalteco un porcentaje del valor del contrato a lo largo de la vida del proyecto a cambio de asistir a ODEBRECHT con la obtención de los pagos bajo el contrato. ODEBRECHT realizó aproximadamente $11.5 millones en pagos corruptos, a través de la División de Operaciones Estructuradas y con la aprobación del Empleado Odebrecht 6, a empresas designadas por el funcionario guatemalteco”.

Lo anterior es una clara referencia al contrato adjudicado a Odebrecht por el equivalente a $380 millones USD para la realización de la CA-2 Occidente, de Cocales a Tecún Umán, pagado con la adquisición de un préstamo otorgado a Guatemala por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, el cual estaba condicionado para que fuera adjudicado a Odebrecht. A pesar de que la constructora no llegó a desarrollar más de 40 kilómetros, apenas un 28.5% del total de 140 kms, el CIV avaló desembolsos por casi $300 millones USD, lo que significa más del 78% del total del contrato.

La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, anunció en enero 2017 una denuncia penal en contra de los ex funcionarios de Gobierno y de los directivos de Odebrecht responsables de aprobar y firmar el contrato modificatorio que permitió que se duplicara el costo de la construcción de la carretera CA-2 Occidente. “El ex ministro Alejandro Sinibaldi no tenía facultad para hacer esa modificación e incurre en responsabilidades penales y civiles afectando los intereses del Estado”, expresó la PGN.

Para lograr un fraude de tal envergadura era necesario contar con la complicidad de dirigentes de varios partidos políticos y funcionarios no sólo en el CIV, también en otras instituciones involucradas en el proyecto como el Ministerio de Finanzas Públicas y la CGC.

Este escenario hace sentido con lo que se lee en el “Acuerdo de Culpabilidad” de Odebrecht, en el capítulo “Esquema de sobornos”, que señala que “Entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus co-conspiradores, conscientemente y deliberadamente conspiraron y acordaron con otros para corrompidamente proporcionar cientos de millones de dólares en pagos y otras cosas de valor a, y para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener una ventaja indebida e influir en los funcionarios, partidos políticos y candidatos extranjeros para obtener y mantener negocios en diversos países del mundo”.

Un esquema de sobornos que trasciende a los gobiernos de turno en diversos países y que, en Guatemala, explica porqué la administración anterior de la Contraloría General de Cuentas de Nación no actuó oportunamente para frenar el fraude de Odebrecht en la construcción de la CA-2 Occidente, una voluntad imprescindible para llevar a cabo el cometido de esta red de sobornos internacionales.

Regina Farfán Colindres, ex Subsecretaria General de CGC, actual Viceministra en el MINFIN. Foto: PB/MINFIN
Juan Alberto Monzón Esquivel, ex Director Administrativo de la CGC, actual Viceministro en el MICUDE. Foto: PB/MICUDE

La protección de la Contralora

En junio 2016, la Contraloría General de Cuentas, bajo la gestión de Carlos Mencos, presentó una denuncia penal ante el MP en contra de ex funcionarios del CIV, por anomalías encontradas y porque se estableció que “existen indicios de ilícitos en la contratación de la empresa Norberto Odebrecht… debido a que la empresa intervino para obtener el financiamiento para esta obra”, informó la CGC en un comunicado.

No obstante, esa misma institución encargada de velar por la calidad y transparencia del gasto público, años atrás bajo la administración de Nora Segura, quien llegó a ese cargo gracias al apoyo del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres ex de Colom; no realizó ninguna acción para detener y perseguir el fraude que se estaba cometiendo contra Estado de Guatemala.

Desde el 2012 hasta febrero 2015, la CGC a cargo de Nora Segura tuvo varios años para accionar en contra del contrato de Odebrecht, no obstante no realizó ninguna denuncia ni auditoría respecto al tema, ni siquiera cuando el entonces Ministro del CIV, Alejandro Sinibaldi, y el viceministro Miguel Ángel Cabrera, firmaron la autorización para el contrato modificatorio que causó que el préstamo ya no alcanzara para los 140 kilómetros originales sino solamente para 48 km.

Las relación entre Segura y el CIV durante el gobierno del PP se hace evidente cuando se analizan nombramientos como el del viceministro Rubén Mejía, pieza clave en las redes que operaron en dicha administración, hermano de un compañero de Nora Segura cuando laboró para el Fondo Nacional Para La Paz (Fonapaz).

Recientemente el actual Ministro del CIV, Aldo García, presentó una denuncia penal en contra del ex ministro Alejandro Sinibaldi, los dos ex viceministros del CIV, Mejía y Cabrera, así como en contra del ex director de Caminos, Jorge Rogelio Gálvez Cruz, por su participación en la irregular modificación al contrato original de Odebrecht.

De acuerdo a fuentes cercanas a la Contraloría, Mejía era el encargado de hacer llegar dinero a la estructura en la CGC a través de dos contactos que identifican parcialmente: “un constructor de apellido Posadas y un señor de apellido Piedrasanta”; de este último se sabe que actualmente forma parte de la institución.

Es ese mismo equipo que conformó Segura desde su participación en la administración pública durante el gobierno de la UNE, el que facilitó y permitió la continuidad y modificaciones del contrato de Odebrecht. Otro ejemplo de esto es el señor José Mario Muñoz, quien años atrás fuera contratista de Fonapaz, ocupó bajo la gestión de Nora Segura, la Dirección de Infraestructura de la CGC, determinante para auditar o no los contratos de obra pública de Odebrecht en Guatemala.

Es precisamente la Dirección de Infraestructura de la CGC durante la gestión de Nora Segura, la que omitió solicitar el diseño de la obra, así como revisar y auditar los rubros que conformaron el Renglón “Requerimientos del Proyecto”, que ascendían a $65,971,158.32 USD, aproximadamente Q500 MILLONES de quetzales, una evidente y grotesca sobrevaloración para los rubros “técnicos y administrativos”, según consta en el Informe de Avance Físico de la Rehabilitación y Ampliación de la CA-2 Occidente, elaborado por las actuales autoridades del CIV.

Llama la atención que profesionales de la construcción consultados, que solicitaron la protección de su identidad, afirmen que el mayor robo en esa obra estuvo precisamente en esos renglones y señalan que incluso las mismas empresas supervisoras, que fueron contratadas 19 meses después de iniciado el contrato de Odebrecht, expresaron su preocupación al no contar con un diseño original sobre el cual supervisar. Tal vez el silencio de la Cámara Guatemalteca de la Construcción se pueda explicar en el hecho de que una de las empresas subcontratadas por Odebrecht, ASFALGUA, está vinculada directamente a José Luis Agüero Urruela, quien ocupaba la presidencia de dicha cámara durante ese tiempo.

La investigación que llevará a cabo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), incluyendo los movimientos sospechosos denunciados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de las cuentas de Odebrecht en Guatemala, determinará si los sobornos alcanzaron a otros partidos políticos y gobiernos más allá del PP, un extremo probable si se considera que Odebrecht llegó al CIV durante el gobierno de la UNE cuando Guillermo Castillo era el titular de la cartera de Comunicaciones.

¿Alcanzará al gobierno de FCN-Nación?

El reconocimiento de Odebrecht de haber financiado a candidatos políticos en varios países, y la utilización de Jimmy Morales del helicóptero del ex ministro del CIV Alejandro Sinibaldi, durante la campaña, aúnan a los señalamientos de que el gobierno de FCN-Nación podría estar protegiendo esquemas de corrupción del anterior gobierno

No son buenas señales encontrar a funcionarios de administraciones anteriores en las actuales autoridades de Gobierno, como el caso de Juan Alberto Monzón Esquivel, actual Viceministro de Patrimonio Natural y Cultural en el Ministerio de Cultura y Deportes, quien ocupó el cargo de Director Administrativo de la CGC en tiempos de Nora Segura.

La mismas implicaciones tiene el nombramiento de Regina Elizabeth Farfán, como Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas en el Ministerio de Finanzas Públicas, quien fungió como Subsecretaria General de la CGC de Nora Segura Monzón. Así mismo, quien fungiera como Directora de Auditoría Gubernamental en la CGC de Segura, María Elizabeth Pacajá, que estaba obligada a auditar los contratos de Caminos, hoy está en auditoría en el equipo de la Ministra de Trabajo, Leticia Teleguario.

Al cierre de esta edición ya se escuchaba de órdenes de captura en contra de Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, por su cercana participación en el caso, extremo que hace sentido si se toma en cuenta que ambos funcionarios viajaron a Brasil por aquel entonces. Se espera también que ahora que la FECI lleva el caso, la CICIG y el MP extiendan la investigación a quienes integraban la Junta Monetaria en el 2012, también responsables de aprobar la contratación del préstamo, así como a diputados del PP y a este portentoso equipo de corrupción que operó desde la CGC para tejer un manto de impunidad que trascendiera gobiernos.

 

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