COMPETENCIA MALSANA

Las recientes capturas en la nueva ola del tsunami de la lucha contra la corrupción, que involucra a grandes empresas de la construcción y de las telecomunicaciones vinculadas al financiamiento ilícito del Partido Patriota, a través de empresas que podrían estar asociadas al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, tienen un sabor agridulce.

Para muchos es positivo el desmantelamiento de más redes de corrupción gubernamental, y en el caso de las constructoras resulta impostergable combatirlas puesto que son responsables de la grave situación de la red vial de nuestro país, lo cual afecta directamente nuestra competitividad y economía nacional. Es indiscutible que no se puede seguir tolerando la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Pero también es cierto que tantas capturas de grandes y medianos empresarios implica una mayor remisión en la inversión por parte del sector privado, cuyos efectos hemos venido sintiendo cada vez más desde que inició este proceso de cambio y de sometimiento a la justicia de muchas estructuras poderosas.

La enraizada cultura de la corrupción ha puesto a nuestro país entre la espada y la pared, y ya no se sabe con certeza si estaremos mejor sin ella, porque simplemente no conocemos esa realidad. En teoría, sin corrupción podremos construir un país más justo, mas equitativo y de mayor oportunidad para todos, pero la realidad nos dice que todas las grandes corporaciones, las fortunas que se traducen en inversión y empleo, han dependido en buena medida de su influencia en la clase política. Bien dicen los conocedores que en Guatemala si se rastrea la historia de cualquier familia acaudalada, encontraremos que tiene su origen en negocios con el Estado, usualmente producto de un intercambio de favores particulares.

Por eso cuando el comisionado Iván Velásquez en conferencia de Prensa, al referirse a la componenda entre Ligorría y altos ejecutivos de CLARO para aportar grandes cantidades de dinero a la campaña del PP, expresó que se trata de esquemas de competencia malsana, a los guatemaltecos nos parece que esa descripción aplica a casi a todas las empresas que lideran los distintos sectores productivos del país.

Un claro ejemplo de ello es el que llevamos en el reportaje central de la presente edición, cada una de las empresas que ha liderado en algún momento el sector farmacéutico, tanto en el ámbito público como en el privado, conlleva un rastro de corrupción y de malas prácticas bajo la justificación de hacer más rentables sus operaciones. Si los empresarios son capaces de hacer eso en el negocio de las medicinas y de la salud, qué no han estado dispuestos a hacer en la construcción y en las telecomunicaciones.

Por más duro que resulte, es innegable que urge un cambio de consciencia en los empresarios tanto como en los políticos. Ojalá estos difíciles episodios sean suficientes para aprender la lección y no volver a repetir los mismos errores. Hasta que no aprendamos a competir sanamente y procurar el bienestar común, Guatemala no será verdaderamente libre.

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