CSJ DEBE TRASLADAR AL CONGRESO ANTEJUICIO CONTRA MAGISTRADOS DEL TSE

El 8 de julio fue interpuesta una denuncia penal en contra de los magistrados titulares del TSE ante el Juzgado Décimo de Instancia Penal, dicho tribunal se inhibió, como corresponde según la ley, y elevó el expediente a la Corte Suprema de Justicia el 15 de este mes. La CSJ tiene tres días desde entonces para trasladar la solicitud de antejuicio al Congreso de la República para que este organismo nombre a una Comisión Pesquisidora.

El antejuicio 222-2019 está compuesto de elementos probatorios que demuestran que no se trata de una denuncia por motivos espurios, políticos o ilegítimos, por lo que se espera que la CSJ no detenga el proceso. Los magistrados del TSE Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Julio Solórzano, Mario Aguilar y María Eugenia Mijangos, son señalados de haber cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Ideológica, Falsedad Material, Abuso de Autoridad con Propósito Electoral, Coacción contra Electores, Coacción del Elector, Fraude del Votante, Resoluciones Violatorias a la Constitución, Encubrimiento Propio y Violación del Secreto del Voto, en el marco de las elecciones generales celebradas el pasado 16 de junio 2019.

Los magistrados del TSE gozan del derecho de antejuicio, que según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”. Corresponde al Congreso determinar si ha lugar o no a formación de causa penal contra los magistrados del TSE, con el voto favorable de, al menos las dos terceras partes del número de diputados, en cuyo caso perderían la inmunidad.

En el caso de que el Congreso declarare ha lugar la formación de causa penal contra los magistrados del TSE, y en el respectivo tribunal quedaren ligados a proceso penal y fueren enviados a prisión preventiva, quedarían en automático suspendidos en sus funciones y los magistrados suplentes del TSE deberán asumir las funciones como titulares.

Actuaciones del Ministerio Público

El Ministerio Público ya ha actuado en un operativo de la Fiscalía de Delitos Electorales que allanó la sede de informática del TSE. La Fiscal General, Consuelo Porras, explicaba que la diligencia se derivó del comunicado del TSE en el que prácticamente ordena denunciar, y que su objetivo fue “inspeccionar, registrar y secuestrar la evidencia” y “extraer información y crear un back-up de las bases de datos de los sistemas informáticos del TSE”. Posteriormente el MP realizó un segundo allanamiento para secuestrar copias de las actas de las Juntas Electorales y solicitó para su investigación el listado de digitalizadores contratados por el TSE.

Dan por finalizada revisión de actas

A pesar de las inconsistencias y señalamientos de fraude, el TSE declaró que Sandra Torres y Alejandro Giammattei son los candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta. Días después adjudicara las diputaciones que integrarán el próximo Congreso de la República, ante lo que los fiscales de los partidos dieron por finalizada la revisión de actas puesto que, a su criterio, el TSE no está tomando en cuenta la revisión. Indicaron que esta semana presentarán un informe detallado de las inconsistencias que se encontraron en las actas. Varios partidos políticos tienen previsto presentar recursos de nulidad a la adjudicación de cargos de algunas de las diputaciones.

El TSE sigue negándose a permitir la apertura de las urnas, a pesar de que existieron denuncias de papeletas marcadas a favor de la UNE previo a emitir el sufragio.

Los magistrados del TSE son la máxima autoridad electoral de un proceso lleno de inconsistencias y anomalías que han llevado al país a una falta de certeza y confianza en los comicios sin precedentes. Foto: PB/TSE

Exigen repetición de elecciones

Grupos de ciudadanos han manifestado frente al MP y frente al TSE los días sábado desde que se hicieron públicas las inconsistencias y anomalías en los resultados electorales. A pesar de que el TSE ha removido Jefe de Informática, ha realizado cambios en algunas Juntas Electorales Departamentales y declaró la nulidad de las elecciones en los municipios de Iztapa, Escuintla; Tajumulco, San Marcos; Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; San Antonio Ilotenango, Quiché; y San Jorge, Zacapa; buena parte de la ciudadanía en distintas partes del país exige que se declare la nulidad de todo el proceso y se repitan las elecciones.

En Coatepeque diversos grupos de ciudadanos y autoridades locales exigen la nulidad de las votaciones a la corporación municipal y que no participe el partido UNE. Imagen: Archivo PB

Abundantes denuncias en contra del TSE

Candidatos a la alcaldía de Mixco presentaron ante el MP denuncias por los delitos de Falsedad Material Ideológica, Delito Electoral y la alteración de datos electorales, contra los magistrados del TSE, el alcalde de Mixco, Neto Bran, y la Junta Electoral Departamental, adjuntando evidencias de las anomalías en las elecciones celebradas en ese municipio.

Así mismo, el 4 de julio pasado, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, presentaron una denuncia penal en contra de los magistrados del TSE por el delito de incumplimiento de deberes, al no haber cumplido con el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dado que no han divulgado el resultado electoral definitivo dentro del plazo de ocho días que venció el 24 de junio pasado.
Los congresistas aseguran en la denuncia que existió manipulación en el equipo de computación en el que se ingresaban los datos de las actas electorales, hecho que encuadra en los delitos de destrucción de registros electorales y manipulación de la información, contemplados en el artículo 274 del Código Penal de Guatemala.
Ahora los magistrados del TSE enfrente varios procesos cuyo desgaste en la institucionalidad podría evitarse si los magistrados señalados renunciaran a su cargo, motivos los hay suficientes y ellos mismos han contemplado esa opción según declaraciones hechas a los medios de prensa.

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