CUANDO EL SÚPER TRAE EL PÁNICO

En evidencia el malicioso actuar del Superintendente de Bancos
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La verdad es que el secreto bancario no es el único obstáculo para transparentar las operaciones financieras. Es necesario implementar políticas públicas que exijan mayores estándares de transparencia a los bancos que deseen participar en el país, incluyendo la publicación de sus accionistas, de su directiva y de las decisiones que afectan su patrimonio y, por lo tanto, la seguridad de los depósitos de sus clientes. Pero esto no será posible sin un cambio de cultura y de visión en la dirigencia de la SIB, porque no es sólo un problema de leyes, es de voluntad.

ALGO HUELE MAL EN LA SIB

Perro Bravo desde mediados del pasado 2015, ha procurado una entrevista con el Superintendente de Bancos, José Arévalo, en torno a dos negativas de información relacionadas a bancos del sistema. Hasta la fecha no ha accedido.

La primera solicitud, enviada el 10 de junio 2015, en la que se pide copia de la resolución de la SIB 401-2013, fue respondida con el oficio No. 5003-2015, en el cual se lee: “Sobre el particular le manifestamos que con el número indicado no se encuentra ninguna resolución o documentos de carácter público. Asimismo, la información o documentación que guarda relación con aspectos de vigilancia e inspección que realiza la Superintendencia de Bancos, es información reservada con el inciso 6, del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública”.

El artículo de la LAIP citado por la SIB es el que trata lo relacionado a “Información reservada”. En su inciso 6 se lee: “La información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos”.

Perro Bravo ingresó una segunda solicitud que no podría encajar dentro de la anterior definición como “información reservada”. El 27 de julio 2015, ingresamos la solicitud del “Listado de accionistas de los bancos en los que el Estado de Guatemala tiene participación”. Su respuesta fue exactamente la misma: “la información solicitada guarda relación con aspectos de vigilancia e inspección…”; una clara distorsión de la aplicación de la ley, pretendiendo ocultar bajo esa reserva, cuánta información le convenga al Súper mantener en secreto, al punto de negar algo tan razonable como conocer quiénes son los propietarios de las instituciones bancarias en las que son socios con el Estado.

Más delicado aún, posteriormente trascendió que la resolución 401-2013, cuya existencia fue negada por escrito por la SIB, en efecto existe y contiene la autorización de una inversión cuyo origen ahora se encuentra bajo investigación. Ocultar esa clase de información, no contribuye a la transparencia y, lejos de protegerla, amenaza la estabilidad del sistema bancario; a menos que su objetivo fuera evitar el pánico… pero parece ser lo contrario.

DE OPM A JIMMY

José Alejandro Arévalo, fue electo diputado en dos ocasiones por el partido Unionista, pero el 31 de agosto del 2012 presentó su renuncia para continuar como diputado independiente. Aunque en su momento intentó negarlo, dentro del Congreso era bien sabido que se perfilaba para ocupar la SIB.

La Junta Monetaria entregó al entonces Presidente, Otto Pérez Molina, una terna que incluía a Arévalo, Julio Gálvez, y a Ramón Tobar, ex jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB. Pero Pérez Molina eligió a José Alejandro Arévalo y fue nombrado el 24 de noviembre 2014, para lo cual renunció a su curul.

Después del estallido de la crisis política generada por la corrupción del gobierno del Partido Patriota, casi a manera de excusa, en noviembre del 2015 el Superintendente mandaba un mensaje desde la SIB, y desde su página de Facebook: “La IVE sólo actúa bajo requerimientos del MP o en atención a los reportes de transacciones sospechosas que le remiten las personas obligadas, mientras la investigación y persecución penal la realiza el MP, y condenar a quien resulte culpable le corresponde al OJ”.

Ahora con el nuevo Gobierno, aseguran fuentes cercanas a la Presidencia, el Superintendente se ha constituido en el principal consejero de Jimmy Morales para tomar decisiones relacionadas a los bancos en los que el Estado tiene participación y algún grado de injerencia. El resultado de sus consejos, según analistas bancarios, ha sido una secuencia de “error tras error”.

 

LA SIEMBRA DEL PÁNICO

En febrero de este año, con la alianza presidencial bajo sus alas, el Superintendente de Bancos tomó un renovado vuelo. El 18 de febrero del 2016, la SIB envía el oficio 2369-2016 al señor Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, Presidente de DHK Finance, Inc. En el documento, firmando por el mismo Arévalo Alburez, se lee: “Hago referencia a la resolución 401-2013 del 27 de mayo del 2013…”. Con esta acción se evidencia el actuar malicioso de la SIB al negarle a Perro Bravo la existencia de dicho documento.

Había cambiado su posición, un mes después la IVE ya no tenía que esperar los “requerimientos del MP”, el 18 de Marzo 2016, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB denuncia ante el Ministerio Público posibles irregularidades en la compra venta de acciones autorizada por la SIB en su resolución 401-2013.

Como consecuencia de la denuncia de la SIB, el MP accionó y solicitó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, el embargo, no de la inversión, si no de las acciones de la referida empresa en un banco del país. Finalmente, el operativo realizado el 8 de Abril 2016 para embargar las acciones, desencadenó zozobra y pánico entre los usuarios de la banca nacional.

La opacidad en el manejo de la información por parte del superintendente Arévalo, levanta muchas sospechas y hace pensar que existe una agenda escondida en sus acciones, sobre la cual seguiremos investigando. Con la creación de pánico todos pierden… o casi todos.

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