4 Superintendentes de Telecomunicaciones enfrentan denuncias penales

CLARO argumenta que compromiso por Q. 1,200 millones ha prescrito

Por: Redacción Perro Bravo
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Ahora que los poderes instalados en la SIT y en GUATEL se disputan el control del manejo de las apetecidas frecuencias 4G, vale la pena revisar un caso dormido a través de varias administraciones y que ahora genera denuncias penales por parte de la Contraloría.

Tres Auditores Gubernamentales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas, presentaron a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana, una denuncia penal en contra del actual Superintendente de Telecomunicaciones y  tres de sus antecesores, por los posibles delitos de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes, Concusión, Malversación “y cualquier otro que pudiera encuadrarse como consecuencia de las investigaciones correspondientes”.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) es una dependencia técnica del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y es el ente regulador encargado de administrar y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico y administrar el Registro de Telecomunicaciones.

Con la firma del Acuerdo Gubernativo 394-2001 se aprobaron las bases para el “contrato de transacción” entre el Estado de Guatemala, la empresa América Central Tel., S.A., (antes Luca S.A.); la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL); y la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (TELGUA).

El acuerdo fue refrendado mediante la Escritura Pública 836 en el año 2001 y en él, el Estado designa a la SIT como la institución que supervisará el Plan de Desarrollo de Telefonía Fija, Móvil e Internet, al igual que el apoyo que se le debía dar a GUATEL en cuanto a líneas fijas y equipos y demás infraestructura pública cuyo valor estimado era de 1 mil 200 millones de quetzales.

El 6 de noviembre del 2015, el entonces superintendente Edy Alfonso Padilla, colocado en la SIT por influencia de Roxana Baldetti,  informa a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que recibió del MICIVI una fotocopia del informe final de la auditoría en relación a la Supervisión y Verificación del Cumplimiento por parte de TELGUA (hoy CLARO) del acuerdo 394-2001 y del contrato de transacción contenido en la Escritura Pública 836, realizada por la firma Del Valle & Ortiz Consultoría y Servicios S.A. Pero el Superintendente no informa en su misiva a la PGN que fue la misma SIT la que contrató a dicha firma en el 2005, durante la gestión de Oscar Chinchilla, para realizar la auditoría, debido a que la Superintendencia no llevó a cabo la supervisión como lo requiere el acuerdo. Tampoco explica que dicha auditoría sólo se realizó en el 2003 y 2004, prescindiendo los dos años anteriores como también establece el acuerdo. Con esta contratación el Superintendente se extralimita de sus funciones, delegando la responsabilidad sin tener la facultad ni la autoridad para hacerlo, debido a que la SIT es un organismo meramente técnico y no una unidad ejecutora.

El 20 de noviembre del 2015 la PGN solicita a TELGUA el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos y le da un plazo de tres meses para su cumplimiento, según la escritura 836.

El 12 de enero del 2016, CLARO (TELGUA) responde que todas sus obligaciones derivadas del la transacción “están totalmente prescritas, por lo tanto, se han extinguido”. Agregando que la SIT no es la que se pronunció en el oficio y que es la encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos, pero no de determinar incumplimientos.

GUATEL y TELGUA firmaron al menos tres convenios para cumplir con la escritura 836, sin embargo, al no estar presente la SIT y no ejercer ninguna supervisión, la validez de los convenios se encuentra en cuestión. Cabe mencionar que dichos convenios y otra documentación importante relacionada a este caso fue extraviada durante el traslado de oficinas del GUATEL.

El 17 del agosto del 2016, el representante legal de TELGUA manifestó que no son sujetos de fiscalización ni de control externo. Además, afirma que el Acuerdo 394-2001 “no conforma una relación jurídica o de otra índole que pudiera constituir un negocio entre TELGUA y el Estado”. Niega que el contrato de transacción contenido en la escritura 836 no es, sino fue, un negocio entre su representada y el Estado.”

Casi 15 años después, la SIT informa a la PGN, de forma parcial, los incumplimientos a la escritura 836. Es evidente el delito de Incumplimiento de Deberes por parte de varios Superintendentes.

La SIT por ser un organismo técnico debía velar por los intereses del Estado, en su lugar delegó sus funciones, violando el artículos 154 de la Constitución que establece que la función pública no es delegable.

Producto de tal delegación se efectuaron varios pagos por la auditoría que no fue efectuada en su totalidad, por lo que existe la posible comisión del delito de Concusión.

El 24 de agosto del 2016 la CGC requirió a la PGN, información relacionada a las medidas que se tomaron a partir de los tres meses otorgados a TELGUA, a lo que respondieron: “La Procuraduría General de la Nación, con la documentación que a la presente tiene en su poder, se ve imposibilitada de presentar acción judicial alguna para exigir a la entidad TELGUA el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de transacción”, y concluye que a la fecha de presentar la denuncia no se ha realizado la supervisión y verificación como corresponde, transcurriendo 15 años y varias administraciones, lo que imposibilita a la PGN plantear un caso sólido para resarcir al Estado de este incumplimiento.

Los denunciados por la CGC en este caso son:

•       Minor Samayoa Recari, desde el 8-2-2008 hasta el 31-8-2010
•       Julio Gerardo García Vela, desde el 26-10-2010 hasta el 26-2-2012
•       Edy Alfonso Padilla Aroch, desde el 26-2-2012 hasta el 21-4-2016
•       José Raúl Solares Chiu, desde el 22-4-2016 hasta la fecha

Cabe resaltar que el único ex superintendente involucrado en este proceso que no fue denunciado penalmente, sino que sólo se estableció una sanción económica en su contra, es el actual Presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, quien al momento de que se preparaba esta denuncia en la Contraloría, ya había resultado electo en el Legislativo y se encontraba en vísperas de tomar posesión del cargo.

Falta mucho por descubrir respecto a este y otros casos en el sector de las telecomunicaciones. Estemos vigilantes.

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