DE CUAL CARRERA JUDICIAL HABLAMOS

Sección: Danilo Roca Opina, Por: Danilo Roca  Edición: 53

No se puede negar que cada día más, las grietas encoñadas que dividen a los guatemaltecos son más notorias y generan un estado de inestabilidad progresiva y peligrosa para la paz social que debiera animar, en estos tiempos de desasosiego universal, el espíritu de la gran mayoría ciudadana.

Sin embargo, han transformado una discusión que jamás debiera haber sido planteada, como la insignia más preciada de una cruzada que por ilegítima, despierta la desaprobación consciente y fundamentada de sectores intelectuales y profesionales calificados y que difícilmente pueden ser enredados en maquinaciones de un supuesto alto nivel, que han evidenciado su disposición de imponer de cualquier forma un esquema normativo, cuyo primer obstáculo se lo generó, la resistencia del propio texto que se ha pretendido modificar, por la sencilla razón de que no se trata de una circular, reglamento o ley ordinaria, si no que pretende la modificación de artículos protegidos, para no variar sus contenidos, por la propia Constitución Política de la República.

Resulta improcedente e imprudente intentar un manoseo, después de una larga historia de textos producto de Golpes de Estado.

Por esa razón, la propia Constitución dispuso su protección normativa, creando Artículos de los llamados pétreos, por su dificultad para modificarlos y que ha permitido su vigencia durante treinta y dos largos años y que actualmente se pretenden cercenar, frente a una férrea oposición que sitúa las reformas, como un capricho coyuntural elevado a la pontificia categoría de consigna de identidad.

Quienes invocan el extremismo y deslegitiman la oposición a las Reformas Constitucionales, provocan por discriminación, la solidaridad y convergencia de sectores ofendidos por los señalamientos oficiosos y poco decentes de quienes evidentemente actúan, ellos sí, como grupo disciplinado, financiado y con cuotas de poder, formando un frente con un perfil tan uniforme que al caminar como pato, graznar como pato, tener pico de pato, mover la cola como pato, ser palmípedos como patos, nunca se podrán disfrazar de Quetzales, me refiero a nuestra ave símbolo, porque seguirán siendo patos. De lo que sí pueden hacer alarde y ostentación, es de suficientes dólares a los que disfrazan de quetzales.

¿Por qué tan combativo y fuera de las formas comedidas que acostumbro en mis escritos?

Por el respeto que me han merecido siempre las ideas, muchísimo más que las sindicaciones intolerantes y dogmáticas.

Creí de buena fe, que el escenario de la discusión de temas tan delicados y trascendentales como lo pueden ser unas Reformas a la Constitución Política de la República, apelarían fundamentalmente al consenso honrado y sin manipulaciones, que permitiera la participación del único titular de la Soberanía Popular, me refiero al pueblo, y no a la convocatoria parcial y seleccionada de un grupo de corifeos que como un pulpo, tiene una sola cabeza y múltiples tentáculos.

Esos octópodos pueden usar cada uno de sus apéndices obedeciendo a un solo propósito diseñado por la cabeza e implementado por cada uno de los tentáculos, actuando de manera independiente pero con un solo fin

Se hizo tan obvia una operación concertada que se pudo entender muy pronto toda la estrategia de la operación.

Voceros disfrazados de opinólogos independientes. Organizaciones micro que sumadas se transforman en macro, como aquellos batracios que inflan los cachetes para aparecer más grandes y feroces.

Toda una compleja maquinaria, destinada a sellar, como punto de honor, de todo el aparato montado, las llamadas Reformas Constitucionales.

Como una policía experta en interrogatorios, una cara buena y otra feroz. Uno que salva, otro que condena. Uno que platica, otro que abofetea. Uno que perdona, otro que condena.

Por un Diputado que propone, otro que amordazan.

Un Triunviro que aprueba, un Congreso que tiembla.

Uno que propone y no existe legítimamente, ciento cinco dedos que preguntan cuál debe ser “La señal acostumbrada”.

Es esa una discusión democrática, debatida y aprobada, o es una decisión reservada, escondida, impuesta y aprobada.

Sin el respaldo de los propios Juzgadores en todos los niveles, están pretendiendo hacer del sistema de Justicia, un sindicato totalitario, con un pacto colectivo leonino, ilegal, maliciosamente planteado y descaradamente impuesto.

La llamada Carrera Judicial, no es más que un espejismo que encubre una burocracia Judicial, perniciosa, que pretende legitimar y controlar todo el sistema republicano mediante la creación de órganos jerárquicos, que anulan y deforman las concepciones jurídicas para armar un aparato híbrido, hermafrodita (ya que copula consigo mismo para reproducirse ilegalmente), creando formas de poder innecesarias, controladoras de todo el sistema y por su propia naturaleza jurídica, inorgánicas, innecesarias y pejudiciales.

Si usted decide por la formación jurídica, llenará una serie de requisitos de formación académica que lo ponen frente a la posibilidad de ser uno de los actores o llamados operadores de la Justicia, en igualdad de condiciones.

Frente a lo duro de litigar en la calle y formarse como Abogado o Notario en ejercicio. Muchos de quienes creyeron tener esa vocación, desde sus primeros años de estudio, buscando un medio de subsistencia, más que una carrera profesional como la que apareja la ilusión de ser Abogado, comienzan el peregrinaje para agenciarse un empleo, que les garantice desde estudiantes una forma de ganarse la vida: llenan solicitudes en la Procuraduría General de la Nación, en la Defensa Pública Penal, en el Organismo Judicial, en la Fiscalía General de la República y en todos aquellos espacios en donde consideren que existe la necesidad de un esfuerzo jurídico.

Y así comienza la llamada Carrera Judicial. Puede usted comenzar de Comisario de un Tribunal o de oficial de otra dependencia de las mencionadas y así progresivamente ascender en el escalafón laboral.

Esa, estimados amigos, no es una Carrera Judicial, en ninguno de los casos.

Es una carrera administrativa de estricto corte burocrático. Como cualquier otro empleado de gobierno que asciende por paciencia, preferencia, oportunidad o compadrazgo. Así de sencillo.

Carrera sería, por ejemplo, que después de tres años de formación básica o general, el estudiante tuviera como opción, la formación específica de la rama de fiscalía, si esa fuera su elección. O bien tribunalicia en toda su extensa formación, o la defensoría pública si fuera el caso, o la administrativa si su vocación se inclinara por servir en la procuraduría general de la nación, como parte de una formación específica de dos o tres años, posteriores a la formación básica común a todos los estudiantes.

Y quienes por auténtica vocación de Abogados y Notarios, decidieran por el ejercicio libre, pues continuarían el conocimiento universal del derecho para el desempeño profesional y ser atendidos por los colegas que optaran por el servicio en las dependencias del Estado, con el respeto debido a su alta condición e investidura de Abogados Litigantes.

Pero no es así, todos somos Abogados y Notarios y muchos de ellos, los Burócratas del Estado, dedicados a atender los asuntos de acuerdo a la naturaleza de la Dependencia a la que sirvan, no tienen carrera judicial, ni de defensoría pública ni tampoco de fiscalía especializada. No es cierto.

Por eso una reforma que puntualice sobre una carrera judicial, está respondiendo más a intereses gremiales que al de la justicia, para garantizarse prebendas de largo plazo y absoluto control del sistema. Mejor si de todo el sistema anulando los pesos y contrapesos que exige el modelo democrático y republicano.

Pregúntenle a un abogado litigante, el suplicio que significa litigar atenidos al debido proceso, que implica, plazos y términos de resoluciones, que nunca se cumplen. Pregúntele a quienes en lugar de exigir como togados la aplicación de la ley, tienen que atenerse al arbitrio del encargado de cumplir con la aplicación de la justicia, en todos los niveles burocráticos, donde están instalados los decidores del bien y el mal.

Si usted como ciudadano lo ha sufrido en la administración pública, le puedo garantizar que el hecho de ser Abogado no marca la diferencia en el sometimiento y la súplica para que atiendan su petición, aunque se encuentre ajustada a Derecho.

Las argumentaciones que fundamentan la inconstitucionalidad de la propuesta, han sido innumerables e igualmente desacreditadas por los que están estelarizando en la escena pública como servidores agradecidos e incondicionales de la intervención.

Yo sólo quería que tuviera un punto de vista adicional a los ya discutidos y vilipendiados.

Con la esperanza que se asuma como un aporte, no como una consigna apadrinada por sectores retrógrados y conservadores, de los que no participo, lo hago partícipe de mi opinión, dentro de un marco, por el momento, cubierto por la democracia.

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