DESCARADA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Parte I

SIN JUZGADOS, SIN JUECES, PERO CON Q.395 MILLONES AHORRADOS

PARTE 1

La crisis del sistema de justicia es una realidad innegable. La falta de juzgados y jueces hace que los casos se retrasen por años y que, por ende, en este país el ideal de una justicia pronta y eficiente sea sólo un espejismo. Los magistrados han llegado al descaro de amenazar con cerrar juzgados y paralizar funciones argumentando la falta de presupuesto pero, con oscuras maniobras, intentan esconder de la vista pública sus ahorros por Q.395 Millones invertidos en bancos privados. ¿Quiénes son entonces los responsables de la falta de justicia en el país?

La Corte Secreta

Lo hacen los consejos municipales, las juntas directivas, los diputados  y, en este caso, la Corte Suprema de Justicia: todos se escudan en normativas de nivel inferior a la Constitución para realizar sus reuniones a puerta cerrada.  Allí, escondidos de la vista de los ciudadanos o de la prensa, se gestan todo tipo de negociaciones oscuras y nefastas.

El que esta sea una práctica común de la administración pública no significa que sea correcta. La Constitución Política de la República, en su artículo 30 establece: Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tiene derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos, de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. La “Honorable” Corte Suprema de Justicia resulta ser la primera en pisotear la Constitución.

Tanto a nuestros reporteros como a los de otros medios se les niega el acceso a las sesiones de la CSJ, además de ponerles trabas a sus solicitudes de información. Sin embargo la secretividad no es sólo para con la prensa sino para con los mismos magistrados. El 9 de julio de 2014 la magistrada vocal II, Brenda Quiñónez, hizo circular un oficio en el que exigía al presidente de la CSJ, José Arturo Sierra, una explicación pública sobre el por qué de los bloqueos a la prensa y a su persona.

En el oficio Quiñónez señala: incluso a mí, siendo Magistrada, se me veda el derecho a acceder a la información pública de este Alto Organismo. Cuento con la acreditación documental, por medio de la cual se me responde de parte de varias dependencias del Organismo Judicial, que por instrucciones suyas, no se me puede dar la información que solicito y que debo pedírselas a usted o al Secretario General de la Presidencia de la CSJ.

Mientras esto sucedía, Revista Perro Bravo había solicitado a la CSJ, las actas de sus sesiones; sin embargo la Unidad de Información buscaba argumentos absurdos para retrasar la entrega de la información.

 

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