DESCARADA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Parte II

OTRO CASO MDF, ESTA VEZ DE Q.395 MILLONES

PARTE 1

LAS ACTAS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA PUEDEN SER DESCARGADAS EN EL SIGUIENTE ENLACE. EN ELLAS SE SUSTENTA NUESTRA INVESTIGACIÓN, SON LAS ACTAS QUE LA CSJ QUISO ESCONDER Y QUE AHORA PONEMOS A SU ALCANCE PARA VEA USTED EL RECELO CON EL QUE MANEJAN SUS MILLONARIOS AHORROS.

-DESCARGUE AQUÍ ACTA 21-2014-

-DESCARGUE AQUÍ ACTA 22-2014-

La crisis del sistema de justicia es una realidad innegable. La falta de juzgados y jueces hace que los casos se retrasen por años y que, por ende, en este país el ideal de una justicia pronta y eficiente sea sólo un espejismo. Los magistrados han llegado al descaro de amenazar con cerrar juzgados y paralizar funciones argumentando la falta de presupuesto pero, con oscuras maniobras, intentan esconder de la vista pública sus ahorros por Q.395 Millones invertidos en bancos privados. ¿Quiénes son entonces los responsables de la falta de justicia en el país?

¿Qué esconden los magistrados?

Las respuestas son varias. La magistrada Quiñonez se quejaba de que no se le entregaban los documentos sobre los cuáles luego había que votar. No eran casos cualquieras pues se trataba de otorgar amparos o eliminar derechos de antejuicio. Según su denuncia, se le pedía votar de acuerdo al resto del pleno y en caso de votar en contra, que razonara su voto después. Esto sucedía bajo la vista del actual presidenta de la CSJ, José Arturo Sierra y de la ex magistrada y actual Fiscal General, Thelma Aldana.

En este periodo de tiempo se denegaron antejuicios en contra del alcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos; del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano; del Presidente Pérez Molina y funcionarios de gobierno por pretender ampliar el mandato presidencial.

Lo sesionado nunca quedó plasmado en su totalidad en las actas de las sesiones pues no se realizaba una transcripción textual, sino una transcripción general que en algunos casos omitía pláticas, nombres y otros con unos descarados puntos suspensivos. Por otra parte, en las actas finales se agregaban temas que nunca fueron tratados.

El debate sobre las actas explotó finalmente en la sesión del 28 de mayo. La magistrada Quiñonez sorprende al pleno, según consta en el acta 21-2014, informándoles que ha dejado en el lugar de cada uno una transcripción literal de su ponencia en la reunión anterior debido a que constató que el acta final no incluye el total de la sesión.

El magistrado Luis Archila es el primero en indignarse preguntándole si eso significa que grabó la sesión. La magistrada afirma que sí y el pleno se enciende. No es para menos, en la sesión que fue grabada se abordó la conformación de las comisiones de postulación para la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones. En ese momento, Archila y el magistrado Rogelio Zarceño, argumentan que si esa sesión también se estaba grabando ellos se van a retirar.

El debate llega a tal punto que el presidente, José Arturo Sierra, solicita una votación para definir si esa y todas las sesiones pueden ser grabadas. A excepción de Quiñónez, todos los magistrados votan en contra. Acto seguido votan respecto a si se debe realizar una transcripción textual de todas las sesiones y nuevamente los ocho dan su voto negativo.

Como si el presidente de la CSJ, José Arturo Sierra, nunca hubiera cursado la carrera de Derecho, y no supiera que no hay normativa que tenga mayor peso que la Constitución, señala en la sesión que las reuniones no podrán ser grabadas amparándose en el artículo 6 del Reglamento General de Tribunales: A menos que la Corte o sus cámaras dispongan lo contrario, las sesiones se celebrarán privadamente en el salón destinado para el efecto.

¿Quién es Brenda Quiñónez?

El dos de marzo de este año el magistrado César Barrientos falleció. Se argumenta suicidio, aunque los detalles del caso no se han esclarecido del todo. Posterior a su muerte trascendió que el magistrado no sólo estaba agobiado por problemas familiares sino por presiones de parte del resto de magistrados y de sectores influyentes del país.

Para ocupar el lugar que dejó vacante, el Congreso eligió a Brenda Quiñónez, ex catedrática de la Universidad Francisco Marroquín. Tras su llegada el pleno de magistrados removió al personal penal de la vocalía, dejando solamente un asistente y una secretaria. Frente a la solicitud de contratar más personal el presidente José Arturo Sierra argumentó que era imposible a falta de presupuesto.

El verdadero problema llegó cuando Quiñónez empezó a exigir las actas de sesiones y la información necesaria para razonar sus votos. Frente al hermetismo con que actúan los magistrados, Quiñónez había concedido entrevistas a medios locales en las que ventiló el secretismo con que actúa la Corte. 10 de los 13 magistrados reaccionaron denunciándola ante la Junta de Disciplina Judicial. Dicha denuncia no buscaba más que una amonestación escrita, su suspensión por 20 días y su destitución definitiva.

Limosneros y con ahorros

El Organismo Judicial tiene para este año un presupuesto de Q.1 Mil 470 Millones, Q.900 Millones menos de lo solicitado debido a que el Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación de este año. Desde abril de este año, el presidente de la CSJ, José Arturo Sierra, empezó a exigir una ampliación de presupuesto llegando incluso a amenazar con que de no ser otorgado habría que cerrar varios juzgados. Declaró: sin los recursos no podremos ampliar tribunales especiales Contra el Femicidio, tampoco otros de Niñez y Adolescencia. Todos esos proyectos están estancados hasta el momento”.

Las necesidades del Organismo Judicial son más que evidentes (ver cuadro: “Las necesidades que no han querido atender”), sin embargo lo que nunca dijo Sierra fue que la CSJ tiene ahorros por más de Q.395 Millones.

El tema se manejó con tanta o más secretividad que como lo hizo el Congreso con los Q.82 Millones que invirtió en una casa de bolsa y que finalmente perdió en 2008. El tema no habría trascendido de no ser porque la magistrada Quiñonez recibió un informe de ejecución presupuestaría en el que se hablaba de ahorros. Cuando consultó al pleno en la reunión del 28 de mayo, ninguno de los magistrados quiso hablar al respecto y en cambio quedaron en invitar a la siguiente sesión, al Gerente General (Hugo Guzmán Maldonado), Gerente Financiero (Migdaél Girón Corado) y el Gerente Administrativo (Jorge Montenegro Nájera) para que rindan explicaciones.

La sesión, que no fue grabada por dictamen del pleno de magistrados, se realizó el 4 de junio de este año. Allí, el Gerente Financiero, Migdaél Girón Corado, explica que: en relación a los fondos denominados de ahorros, el cuadro presentado se refiere a recursos invertidos en certificados de depósitos en el Banco de Guatemala, y en los bancos comerciales que en el mes de abril se tenían trescientos noventa y cinco punto cinco millones de quetzales aproximadamente. Acto seguido explica que se trata de dinero que no se ha ejecutado en años anteriores.

El magistrado Rogelio Zarceño intenta en ese momento desviar la atención de los ahorros preguntando si la ejecución presupuestaría va a subir. Retomando el tema sale a colación que la CSJ destina Q.5.7 Millones a la guardería pero que en el renglón de gastos se especifica que también será utilizado para cubrir “otros”. El Gerente Financiero es incapaz de detallar a que se refiere esos “otros” y apenas alcanza a decir que son gastos diversos pero que en ese momento no recuerda los renglones específicos.

Pese a que los informes financieros hablan claramente de “ahorros”, una y otra vez, al ser preguntado por la magistrada Quiñonez de si se trata de ahorros de varios años, Girón Corado insiste en decir que no son ahorros como tales sino sobrantes que no fueron ejecutados. Tomando en cuenta las carencias del sistema de justicia, la magistrada le pregunta nuevamente cuánto dinero tiene disponible la CSJ. Esta vez Quiñonez señala: Los recursos propios, ciento cincuenta punto seis millones de quetzales, están invertidos, se pueden desinvertir en cualquier momento, aunque en algunos casos se penaliza, y por otro lado, en bancos se tiene al día de hoy ciento veintinueve millones de quetzales. 

En dicha sesión el Gerente Financiero intentó por todos los medios enredar la conversación. Primero argumentando que no eran ahorros como tal, luego diciendo que ese dinero estaba en el Banco de Guatemala y, sólo ante la insistencia de la magistrada Quiñonez, explicó que también hay fondos invertidos en el Bango G&T Continental, Banco de los Trabajadores, Banrural y Banco Industrial.

También intentó esquivar la pregunta sobre el porqué se aduce la falta de dinero si hay dinero ahorrado explicando que por un lado se tienen los números en papel y por otro lado el dinero en efectivo. Más que el informe de un experto en finanzas parecieran los argumentos de quien intenta esconder gastos anómalos. Al final no le queda más que admitir que con todas las carencias que hay, los únicos responsables de no utilizar ese dinero son los magistrados. Así, declara: los recursos disponibles son la parte que no tiene destino, y que es potestad del Honorable Pleno definir hacia dónde pueden enfocarse o gastarse.

Quedan varias dudas por resolver como ¿Qué negociación se hizo con los bancos del sistema para invertir una cantidad tan grande de efectivo y qué recibe a cambio? Al final de dicha sesión parecieran haber indicios.

El magistrado Luis Pineda señala que recuerda que los ahorros estaban en su totalidad en el Banco de Guatemala pero no recuerda quien autorizó su traslado a bancos privados. El Gerente Financiero asegura que fue en diciembre de 2013, último mes en funciones como presidente del magistrado Gabriel Medrano.

Lo anterior hace pensar que son los magistrados de una Corte Suprema de Justicia, que de honorable parece no tener nada, los responsables de las deficiencias de un sistema que incapaz de aplicar justicia de manera pronta y eficiente sólo contribuye al auge de la violencia y el crimen en el país.

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