EL ESTADO DE DERECHO NO PUEDE SER UN ESPEJISMO

Escuchar a la Fiscal General, Consuelo Porras, defender la decisión de revocar los nombramientos ilegales de ocho fiscales regionales del MP, teniendo que explicarles a los reporteros que no se debía a ninguna rivalidad con su antecesora, nos recuerda cuán débil es la institucionalidad en el país.

Viéndose forzada a utilizar una entonación de maestra regañona, insistiéndole a los presentes que es una “mujer de Derecho” y que “de veras, de veras”, no procedían los ascensos sin antes desarrollar y aprobar el reglamento correspondiente como lo dicta la ley, Porras intentaba hacerle ver a los medios de comunicación que la decisión está basada en la observancia de las leyes y no en intereses políticos.

Después de casi una década de imperar en el país la judicialización de la política y la politización de la justicia, resulta sumamente difícil hablar, explicar o defender el estado de Derecho. Para algunos, el imperio de la ley es sólo una excusa que se evoca cuando las circunstancias son desfavorables a los intereses particulares de quienes, de momento, invocan el respeto a su propio derecho. Así de retorcida está la expresión, la interpretación y la experiencia de la ley en Guatemala.

Claro que hay mucha confusión, en medio de tanta desinformación y campañas permanentes de desprestigio y una prensa que lejos de servir al interés común, se sumó como un arma más a la lucha partidista.

Cuando trascendió la reciente captura de Carlos Vielmann, cuyo retorno en libertad fue para buena parte del sector privado guatemalteco una victoria sobre la injusticia, las cámaras empresariales expresaron su indignación y calificaron la acción como revanchismo. Mientras que otros argumentaron que el llamado “Plan Gavilán”, en el que supuestamente operaron dos grupos, uno que recapturaba a los reos que se fugaron de la cárcel y otro que los ejecutaba, nada tiene que ver con la operación “Pavo Real” que tomó el control de la granja penal, ni se limita a la muerte de los dos reos en El Infiernito. Mientras tanto, uno de los supuestos integrantes de la estructura, Kamilo Rivera, que fungía en este gobierno como Viceministro de Gobernación, hoy se encuentra prófugo de la justicia. ¿A quién creerle?

Cómo puede entonces el ciudadano distinguir entre una cosa y la otra, cuando la identificación de la verdad con tantos casos se torna improbable, por no decir imposible. Entre tanta corrupción, mentira, engaño y distorsión, la línea entre lo real y lo fabricado, se vuelve borrosa . En esta guerra sucia, la extinción de la confianza entre nosotros y hacia nuestras instituciones, parece la sentencia más apropiada.

Sacando provecho del repudio que se ha ganado el Congreso, se provoca polémica ante la opinión pública para entorpecer lo poco que no está mal en el Legislativo. Porque si alguien todavía critica el actual proyecto de reforma a la Ley de Antejuicio, que busca eliminar el filtro de la CSJ, se olvida de lo que la ley dictaba antes de que los magistrados de la CC afines al eferregismo (2001-2006), se blindaran de cualquier posibilidad de que el Congreso conociera un antejuicio en su contra por ilegalidades cometidas. Además, es un hecho que la misma CICIG, años atrás, se pronunció a favor de los cambios que hoy se proponen en la citada reforma.

Así, las contradicciones en la perspectiva de lo que debe ser la aplicación de la ley abundan. Tal vez valga la pena cuando nos veamos tentados a renegar del Estado de Derecho, o de nuestras débiles instituciones, detenernos a pensar cuál es la alternativa. Porque si nos entregamos de lleno a la anarquía, entrará en vigor la “otra” ley, la del más fuerte… ¿acaso es eso lo que queremos?

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