EL ORO AZUL EN PELIGRO

 

La abismal diferencia en la distribución de los recursos en Guatemala es grotesca. Incomprensiblemente incluye el acceso a un recurso tan vital como el agua.

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Es obligación del Estado asegurar mejores niveles de vida a los habitantes, pero durante los noventas el neoliberalismo penetró fuertemente en nuestro país, subyugando la actuación del Estado, reduciendo la inversión social y estimulando las privatizaciones de los servicios básicos como agua y la energía eléctrica, profundizando, aún más, la brecha de la inequidad social, según la PDH.

A pesar que tenemos una legislación percudida respecto a aguas, la Constitución Política en su Artículo 127 dice claramente que: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.”

Pero el interés social no parece estar de acuerdo con el aprovechamiento, uso y goce que actualmente se le da al líquido vital. Por mencionar sólo un caso de muchos, a inicios del año en curso, noventa y ocho comunidades de Tiquisate y Nueva Concepción, enardecidos por la sequía en sus casas, despabilaron al alcalde y lograron arrebatarle parte del afluente a su gran vecino llamado Hame, quien explota alrededor de cuatro mil hectáreas de palma africana, logrando así que el río retorne a su cauce original, pase nuevamente por sus comunidades y continúe fluyendo hasta el océano, después de quince años de secuestro.

Agroindustrias Hame es un consorcio de empresas a la que pertenece Repsa, causante del “ecocido” en el río La Pasión, y propiedad de Hugo Alfredo Molina Espinoza. Otras empresas recurrentemente señaladas por el excesivo uso, contaminación del agua y/o desvíos de ríos son los ingenios azucareros Madre Tierra, El Pilar, Magdalena, Palo Blanco, Santa Ana, San Diego, Pantaleón y la Bananera.

No son los únicos… La actividad minera es un engranaje más dentro de este contubernio por poseer tan preciado recurso vital. El Código Civil concesiona a las mineras la propiedad de las aguas halladas en sus labores.

En el 2006 se realizó un juicio en el Tribunal Latinoamericano de Aguas (TLA) y logrando una condena moral contra la mina Marlin, que extrae oro y plata en San Marcos, por limitar los pozos de las comunidades limítrofes de Sipacapa y San Andrés Ixchiguán, ya que como toda industria extractiva necesitan abastecerse con miles de litros diarios de agua para lavar la tierra y mantenerse en funcionamiento.

Para los poblados que, en muchos de los casos se quedan encerrados dentro de los grandes latifundios corporativos, supone vivir adentro de una gran máquina que consume grandes cantidades de recursos, destruye bosques, contamina ríos provocando pérdidas irreparables en la biodiversidad, además de reducir de las áreas destinadas a la producción de alimentos como asegura Patricia Meléndez, líder comunitaria de San Marcos: “hace diez años, el 31.5 % de las familias cosechaban milpa tres veces al año. Actualmente el 67% de las familias cosechan una sola vez al año.”

TRECSA es otra compañía denunciada fuertemente por sus 850 kilómetros de “mega carretera eléctrica”, la cual requiere deforestar y prácticamente inutilizar 25.5 millones de metros cuadrados del territorio, afectando directamente a ocho reservas naturales y zonas de alta recarga hídrica.

Las comunidades organizadas se oponen a TRECSA porque según argumentan es un “…proyecto extractivista, ya que busca interconectar las principales hidroeléctricas y proyectos mineros” “Forma parte de un modelo económico diseñado sin consulta y para beneficio de empresas”.

Demandas de las comunidades

Durante la octava Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, organizaciones sociales y comunidades de diferentes países presentaron diversas denuncias de abuso y contaminación de fuentes de agua, derivados, en el caso de Guatemala, de la explosión de monocultivos de caña de azúcar, banano, hule, palma aceitera; así como contra obras de infraestructura invasivas, tales como el sistema de interconexión eléctrica PET 1 2009.

  • Demandan una condena moral por la violación de los derechos a la alimentación y al agua de las comunidades afectadas.
  • Verificar los estudios de impacto ambiental obligatorios para represas, desvíos, bordas, trasvase de ríos, secamiento de pampas, cambio de uso del suelo,
  • Revisar las concesiones.
  • Revisar daños ecológicos en alrededores de las comunidades y deducir responsabilidades, penales civiles y administrativas.
  • Que el Estado de Guatemala cumpla con la legislación ambiental existente y promulgue la necesaria.

Utilizacion del agua

Institucionalidad por gotas

La Constitución “declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques.” “Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección.” Sin embargo sólo el 38.77% de las tierras forestales de mayor importancia hidrológica, poseían bosque en el 2010, según el Perfil Ambiental de Guatemala.

Ciento veinte comunidades afectadas en la costa sur han denunciado en las diferentes instancias del gobierno, sin embargo sus denuncias no prosperan, según objetan, porque el gobierno no ha mostrado voluntad en la resolución de la problemática, llegando a encubrir a las grandes empresas.

Ernesto Moscoso, director de Cuencas y Programas Estratégicos del Departamento de Recursos Hídricos del MARN, ha afirmado que el ministerio no tiene un control sobre la manipulación de caudales, ni de la conflictividad generada.

Según Felicita Pineda Gómez, de la comunidad El Paraíso en Mazatenango, sus vidas están en constante peligro por la contaminación y falta de agua, producto del desvío de los ríos Ican y Sis, por parte de las empresas productoras de hule, caña de azúcar y palma “no se están cumpliendo con las normas de mitigación establecidas” acotó.

En el legislativo van y vienen iniciativas de ley, mientras que otras siguen acumulando polvo por décadas como es el caso de la propuesta de ley 3702, Ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos. Recientemente entró una nueva iniciativa de “ley de aguas” para regular mejor la problemática nacional e internacional.

En abril se presentó otra iniciativa con la que los diputados buscan penalizar con cinco a ocho años de prisión inconmutable para los responsables de desviar o alterar de cualquier forma el cauce de ríos, arroyos, manantiales y otras fuentes de agua. Además de multas de hasta un millón y medio, aumentando una tercera parte si el hecho es cometido por algún funcionario o empleado público.

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