EL PELIGROSO NEGOCIO DE SUPERVISAR OBRAS

EL SENTIDO ASESINATO DEL INGENIERO COLEGIADO NO.7046

Carlos Alberto Agustín Díaz, un ingeniero civil de 35 años, es recordado por sus conocidos como “muy buena gente y trabajador”. Pocos se explican porqué fue ejecutado maniatado y con una disparo en la cabeza.

El 29 de Julio de 2016, Agustín fue visto por última vez en la zona 9 según reportaron algunos medios de comunicación cuando informaron el día siguiente que los bomberos voluntarios habían encontrado en Villa Canales, en un terreno baldío en El Zapote, su cadáver dentro de una camioneta.

Una Range Rover de color negro, modelo reciente, con las placas particulares 382FMN, enmarcaba un retrato de dolor y sufrimiento de las últimas horas del joven ingeniero. Las imágenes del vehículo se difundieron en los informativos el 30 de julio 2016, ilustrando titulares que hablaban del hallazgo del “cadáver de un ingeniero”, pero otros fueron más allá y reportaron que se trataba de un contratista del Estado.

En realidad, Carlos Alberto Agustín Díaz, empezó su carrera en infraestructura pública desde tierno, a los 23 años comenzó con su proyecto empresarial. Se graduó en la Universidad de San Carlos en el 2004, su proyecto de tesis fue “Introducción de agua potable a las aldeas El Carmen, El Naranjo; los caseríos Matocho, Encinon, Pitillo, y El Campo, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa”.

Su habilidad y carisma le permitieron escalar en los negocios y estableció pronto relaciones de mayor influencia. En el 2009 podría decirse que ya estaba “adentro”, tenía acceso y la confianza de las autoridades en el CIV. Perro Bravo tuvo acceso al Acta De Recepción y Apertura Número 105-2009-COVIAL, del 11 de mayo 2009, en la que se recibía una única oferta para la construcción del puente 02-2009 en Casillas, Santa Rosa. La empresa Servicios, Distribución y Construcción, S.A., ofertó con Q3,100,000.00 y la Comisión Receptora y Calificadora de ese proceso registró que el techo presupuestario era de Q3,190,000.00. El Ing. Agustín Díaz firma el acta como secretario de dicha comisión encargada de velar por la transparencia en la recepción de ofertas.
Con el tiempo, su participación en el CIV fue en aumento, llegando a participar en contratos de supervisión de obra y también de construcción. Desde entonces era un ingeniero conocido dentro del gremio, dinámico y activo. Pocas semanas antes de su muerte, se registran inconformidades presentadas por el Ing. Carlos Alberto Agustín Díaz, como propietario de DICOMA, en el portal Guatecompras. El 30 de mayo 2016 presentó una inconformidad en el evento NOG.4642554 de COVIAL para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada B-049-2016, y el mismo día otra en el evento NOG. 4842878 de la Municipalidad de Mixco para el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Pozos y Rebombeos, esta última sí fue aceptada y el Consejo Municipal terminó anulando el evento.

El problema no es hacer, es supervisar

Al propietario de DICOMA no le fue nada mal como contratista. Según Guatecompras, entre 2010 y 2016 recibieron contratos con el Estado por más de Q72 millones, entre el CIV, FONAPAZ y varias municipalidades. Muchos de estos contratos fueron para la construcción de infraestructura pública, otros de reconstrucción, como el de “Remoción de derrumbes en carreteras para habilitar el paso vehicular y demolición de viviendas con daños severos y remoción de escombros en todos los municipios de San Marcos” de la Dirección General de Caminos por Q5 millones 815 mil, tras el terremoto en ese departamento en el 2013.

Pero DICOMA tenía a su cargo otros contratos igualmente importantes, los de Supervisión de obra. Entre los contratistas de infraestructura pública es bien sabido que los contratos para supervisar son otorgados a ingenieros de mucha confianza en el gremio y entre las autoridades.

La corrupción en la supervisión ha permitido casos como los de Odebrecht y Sigma Constructores, por mencionar los más sonados recientemente. En ambos casos se labraron contratos modificatorios que pretendieron justificar la reducción de los kilómetros a construir, elevando el precio por kilómetro al alterar las variables de los requisitos en el tiempo de vida y en la resistencia de la obra. Así, las autoridades del CIV exigieron que las carreteras tuvieran el doble de tiempo de vida y que soportaran un mucho mayor pesaje y, claro está, abrieron la puerta para que el valor por kilómetro se disparara.

Para asegurarse de que las características como la durabilidad y resistencia de las carreteras cumplan con lo ofrecido, el CIV se apoya en el trabajo de las empresas contratadas para realizar la supervisión de la construcción de infraestructura pública.

Entre varios contratos de supervisión de obra pública a cargo de Carlos Alberto Agustín Díaz, unos más modestos que otros, destaca la supervisión por Q15 millones 998 mil, del tramo carretero de 38.60 km, Parramos-Yepocapa-El Baúl, en Chimaltenango y Escuintla. Al revisar las empresas a cargo de la construcción de las obras que supervisó DICOMA, resaltan contratistas señalados; como las constructoras Jireh y Serdelco, de Jaime Aparicio, uno de los constructores predilectos de los gobiernos corruptos de la UNE y el PP.

En este vehículo fue encontrado el cadáver del supervisor de obra Agustín Díaz. Foto: Archivo PB

En febrero 2017, el Ministerio de Gobernación informaba de la captura de Juan Carlos Mérida Mazariegos, de 29 años, por parte de Investigadores del Departamento de Delitos Contra la Vida de la PNC, “por el delito de asesinato, según la orden del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal de fecha 13 de julio del 2016”. El detenido, de acuerdo al Mingob, es el presunto responsable de “participar en la muerte de Carlos Alberto Agustín Díaz”, y agrega un dato nuevo en su publicación: “cuando presuntamente trasladaba una fuerte suma de dinero”; un detalle que no figuraba en ningún reporte previo el año anterior.

Que el Mingob se apresure a difundir hipótesis no es nada nuevo, después de todo, las autoridades de la cartera del interior se mantienen en el juego de la percepción. Pero el Ministerio Público no puede obviar otras líneas de investigación que obligadamente pasan por los contratos públicos relacionados a Agustín Díaz.

Si bien es cierto que pocos días antes de su muerte, Carlos Alberto recibió los pagos complementarios de los contratos obtenidos con el CIV en el 2015, la forma en que fue asesinado hace dudar de que se haya tratado de un robo. ¿Qué información manejaba el supervisor?, ¿quiénes podrían verse beneficiados con su silencio?, ¿quiénes son los responsables de las adjudicaciones?, son muchas las preguntas que las fiscalía debe considerar. El gremio de ingenieros se lo exige.

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