ELECCIONES EN SEPTIEMBRE ¿SÍ O NO?

Las revelaciones de la CICIG, que han expuesto la desbordante corrupción en el Estado, han provocado un sentimiento generalizado de hartazgo políticos es tal que para miles de ciudadanos no tiene sentido ir a las urnas en estas condiciones. Como respuesta a un creciente clamor de la gente, se habla de importantes reformas, principalmente las relacionadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cambios orientados a erradicar el abuso de la clase política por encima de los intereses de los ciudadanos.

No obstante, la legislación vigente protege el proceso electoral a partir de la convocatoria a elecciones (2 de mayo 2015), dejando sin margen para la aplicación de los cambios que exigen los ciudadanos para los próximos comicios programados para el 6 de septiembre 2015.

En medio de todo, como suele suceder en la política, se instala el miedo. Abundante miedo a salirnos de la constitución, a perderlo todo, a destruir la institucionalidad y abrir las puertas a los demonios.

A continuación, como aporte a un urgido debate nacional, compartimos el punto de vista de cuatro connotados expertos en Derecho en torno a una posible salida legal a la actual crisis política. Sugerimos leer sin miedo…

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“Yo veo un callejón sin salida”

Jorge Mario García Laguardia, Abogado constitucionalista

El hartazgo que se ha producido en la población, después de este proceso de transición tan complicado que se ha vivido en Guatemala, el cual está fracasando porque se hizo con partidos no democráticos, una transición hecha a la fuerza, por presiones externas y de sectores conservadores en el país; hoy llegó a un momento crítico.

Actualmente hay un proceso electoral abierto de acuerdo con una ley que los diputados no han querido cambiar desde hace 30 años, hay peticiones de distintos sectores que han quedado archivadas en el Congreso. Ahora, ante esta angustia, las quieren resolver, pero la propia ley indica que cualquier reforma electoral que se haga hoy sería aplicada para el siguiente proceso, dentro de 5 años.

Yo veo un callejón sin salida. Un espejo frente a otro. Un laberinto. No hay salida porque legalmente no se pueden atrasar las elecciones, lo más que podrían hacer es aplazar un tiempo mínimo las elecciones y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Además, con los mismos actores y partidos, sería hacer nada. Estamos en un momento crítico en el país, porque legalmente no hay que hacer.

Yo estoy absolutamente preocupado por la situación actual. En este país siempre he estado seguro de las cosas que van a pasar, pero hoy no sé qué va a pasar.

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“La ley electoral establece las fechas”

Stuardo Ralón, Abogado constitucionalista

Las reformas políticas no pueden ser aplicadas en este proceso, considero que debemos exigir el respeto al Estado de Derecho, y a la institucionalidad y a la constitución vigente. La Ley de Partidos Políticos es muy clara en establecer aspectos importantes, uno de ellos es que cualquier reforma, cualquier modificación en la reglas de juego en materia electoral, pueden entrar a regir hasta el siguiente evento electoral. Habiendo sido convocada la elección el dos de mayo, cualquier reforma que se haga, si respetamos la ley constitucional, debiera entrar en vigencia en el siguiente proceso electoral.

En cuanto a las fechas, se ha hablado mucho si se pueden suspender o re programar las elecciones, la ley electoral establece que la primera vuelta debe realizarse entre la primera y segunda quincena del mes de septiembre, es decir, es una fecha que no es arbitraria del tribunal, sino que es un parámetro que está en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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“Desgraciadamente no es posible retrasar las elecciones”

José Rolando Quesada, Abogado constitucionalista

Ojalá que se pudieran posponer, porque es beneficioso tener un evento electoral sin presiones ni problemas de ninguna naturaleza, que sea una fiesta cívica, y no cargar con todas estas problemáticas, pero desgraciadamente no es posible correr, retrasar o adelantar las elecciones. Tampoco es posible que las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos puedan surtir efecto en esta elección.

La ley fue concebida para que cualquier modificación que se hiciera podría surtir efecto hasta un evento posterior, esto para evitar que el gobierno de turno pudiera hacer modificaciones sustanciales que eventualmente fueran a beneficiar específicamente al gobierno de turno. En la ley se establece en qué fechas van a ser la elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, es una ley de rango constitucional que tiene ese candado que evita que inmediatamente se pueda aplicar una reforma.

Desgraciadamente no es posible hacer ese corrimiento. Es la opinión que tendrán todos los constitucionalistas muy tajantemente.

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“Sí se puede apelar a la soberanía popular”

Danilo Roca, Abogado y político

Sí existe un camino. El artículo 173 de la Constitución abre el acceso a la soberanía a través de la consulta popular: “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas se someterán a los ciudadanos”.

Se trata de apelar a la soberanía popular de manera directa, para que se prolongue el proceso electoral. Debemos reflexionar, la esclavitud era legal pero ilegítima. La inquisición también era legal pero ilegítima. Ahora nos encontramos ante un proceso electoral legal pero que no es legítimo para el pueblo. Es legítimo el clamor de la gente que exige cambios para ir a elecciones.

en la ciudadanía. En plena víspera electoral, en las redes sociales se habla de abstenerse de votar y se promueve la idea del voto nulo, aunque actualmente no tendría ninguna incidencia. En los medios de comunicación se lee que para los constitucionalistas posponer las elecciones es inviable, pero también se lee de una plataforma liderada por autoridades de la USAC que proponen cambiar la fecha de las elecciones.

Aunque muchos guatemaltecos no están dispuestos a renunciar a su derecho y deber del voto, el descrédito de los partidos

 

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