EMERGENCIA ALIMENTARIA: GOBIERNO PAGARÁ 49 MILLONES A PMA POR EJECUTAR PRESUPUESTO PARA ALIMENTOS

Los bloqueos realizados el pasado fin de semana, por un grupo de comerciantes y agricultores en Los Encuentros, Sololá, y otro el sábado en San Francisco El Alto, Totonicapán, y un grupo de mujeres que impidieron el paso al Hospital de Villa Nueva, entre otros, podrían ser los primeros estallidos sociales a causa del hambre que se propaga en el país, con más fuerza y antigüedad que la enfermedad del Covid-19.

La llegada de la pandemia a Guatemala, y las disposiciones presidenciales para enfrentarla y contenerla, bajo Estado de Calamidad, han agravado la inseguridad alimentaria y la desnutrición en el país, al punto que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió al Gobierno de Guatemala que alrededor de 921 mil hogares serán afectados por la inseguridad alimentaria como resultado de los efectos de la pandemia de Covid-19 en el país y, consecuentemente, que la desnutrición aguda infantil aumentaría.

Respecto a las principales circunstancias que amplifican el problema, Laura Melo, representante del PMA en Guatemala, aseguró a medios nacionales que aproximadamente medio millón de personas afrontan severas amenazas a su seguridad alimentaria, la pérdida de ingresos, la disminución de las remesas y la caída en la disponibilidad de empleos, entre otros factores.

La situación generada a partir del Covid-19 se suma a las cifras que el PMA ya había señalado en el 2019, cuando aproximadamente 3 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria a causa de la sequía del año anterior.

En febrero de este año, poco más de un mes antes de que se registrara el primer caso de Covid-19 en el país, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), alertaba que por lo menos 2.3 millones de guatemaltecos necesitaban ayuda alimentaria de forma urgente.

La situación de inseguridad alimentaria en el país se ha amplificado a causa de la pandemia y de las medidas para contenerla. El vicepresidente, Guillermo Castillo, quien dirige el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), coordina las acciones interinstitucionales según el Plan Nacional de Respuesta (PNR). “Nos reunimos con ministros y funcionarios para definir estrategias, revisar el Plan de Emergencia y la activación de protocolos para atender a la población”, afirmó el vicemandatario en una reunión a principios de abril en la que participó el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Camilo Dedet; Secretario de Asuntos Municipales de la Presidencia, Luis Ruano; secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Miguel Ángel Escribá y subsecretario administrativo, Carlos Polanco; ministro de Desarrollo Social (MIDES), Raúl Romero; viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (VISAN/MAGA), Jorge Rodas; y el alcalde municipal de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer.

El 10 de abril 2020, se activó la función 13 del Plan Nacional de Respuesta, «Gestión de Alimentos», a cargo de la SESAN. Foto: Sesan

La suspensión de clases impactó en la alimentación

Durante una entrevista en un programa TV, el presidente Alejandro Giammattei respondió a la pregunta de ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado durante la emergencia de Covid-19? “La decisión de dejar a los niños sin la alimentación escolar cuando suspendimos las clases”. El mandatario explicó que para millones de niños la alimentación que reciben en las escuelas es su única comida.

Desde que el 13 de marzo 2020, tras conocerse el primer caso de Covid-19 en el país, el Presidente de la República ordenó bajo el Estado de Calamidad Pública, la suspensión de clases, entre otras medidas de restricción para prevenir el contagio, los niños que asisten a las escuelas públicas quedaron sin acceso a esos alimentos.

Una semana después, la titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maritza Méndez, afirmaba que el Ministerio de Educación (Mineduc) “está investigando las formas legales y administrativas en las que se puede brindar la alimentación escolar a los estudiantes, ya que se sabe que de acuerdo con la ley, solamente cuando están en la escuela pueden ser atendidos por el Mineduc, porque cuando ya se encuentran en el hogar pasan a ser responsabilidad del MAGA y MIDES, por ejemplo”.

El Ministerio de Educación aprobó el 19 de marzo el Acuerdo Ministerial 825-2020, con el que autorizó a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) la adquisición y distribución de víveres no perecederos para cubrir 15 días del programa de Alimentación Escolar, cuya entrega en las escuelas inició el 24 de marzo. Es decir, millones de niños cuyo única comida sustanciosa y nutritiva era la alimentación escolar, pasaron por lo menos 10 días sin recibirla.

Las OPF contaron con un instructivo y una lista de alimentos autorizada por Mineduc, para integrar una bolsa de alimentos con un valor de Q60, que corresponden a los Q4 diarios asignados a cada niño para un período de 15 días.

De acuerdo con las autoridades de Mineduc, para el 17 de abril ya se habían atendido a 2 millones 482 mil 475 estudiantes de 29 mil 533 establecimientos de educación pre-primaria y primaria del sector oficial, “en cumplimiento del 99% de la entrega”. Las imágenes de las entregas publicadas en las redes sociales de Mineduc, dan cuenta de que se realizaron en orden y en observancia de los protocolos sanitarios para prevenir el contagio.

Algunas imágenes, publicadas en las redes sociales del Mineduc entre el 30 de marzo y 6 de abril, de la distribución de las bolsas de alimentos en las escuelas. Fotos: Mineduc

No obstante, en redes sociales también se reportaron denuncias debido a que en varios casos los contenidos de las bolsas de alimentos no suma en valor los Q60 asignados para cada niño. Jenny Guzmán Oxlaj, denunció que las bolsas entregadas en una Escuela Oficial Rural Mixta en una aldea de Quiché, apenas fueron “4 libras de arroz Suli, 4 libras de azúcar y 1 bolsa de mosh, exageradamente suman Q36”.

En redes sociales denuncias de bolsas entregadas en las escuelas que contenían productos con un valor muy inferior a los Q60 asignados para cada estudiante por una quincena. Fotos: PB/Redes Sociales

Para la segunda entrega de alimentos en las escuelas, que inició a finales de abril, la organización Empresarios por la Educación afirmó que realizaría un monitoreo de la distribución en las escuelas.

Más de 200% de incremento en Desnutrición Aguda

De acuerdo al Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó para la semana epidemiológica 17, que abarca del 19 al 25 de abril, una acumulación total en el país de 13 mil 740 casos de Desnutrición Aguda, lo que representa un incremento de 200.3% en comparación con la misma semana en el 2019. El MSPAS señala que las cifras son resultado de la implementación del traslado automático de datos, y estos aún no han podido ser verificados por las Áreas de Salud por encontrarse el país en crisis por COVID-19.

Según el sistema de Salud Pública, las 11 Áreas de salud que se encuentran en mayor riesgo de padecer desnutrición aguda severa son: Escuintla, San Marcos, El Progreso, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Guatemala Nor Oriente, Guatemala Sur, Retalhuleu, Zacapa, y Huehuetenango.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), ha monitoreado la situación alimentaria actual en el Corredor Seco, la región Ixil, San Marcos, Sololá y el Polochic, y advierte que a las familias se les están agotando las reservas de frijol y maíz, el acceso a granos básicos se les dificulta más por el aumento de precios, la dieta de las comunidades se ha visto afectada por la disminución de ingresos, y se ha reducido notablemente el consumo de proteína animal. Lo anterior, se suma a la crítica situación de no tener acceso a agua para consumo humano.

La emergencia sanitaria y las medidas que cada gobierno adopta para contener la propagación de la Covid-19, generan disrupción y conmoción en la sociedad y la economía de los países, lo que termina exacerbando aun más la desigualdad social, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, así como las diversas formas de malnutrición en los grupos de mayor riesgo.

Mónica Mazariegos , investigadora del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), en un artículo titulado “Covid-19, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en América Latina”, señala que las medidas de contención de la pandemia “condicionan el ingreso económico de los grupos de población más vulnerable, limitando el acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de adecuada calidad nutricional”.

Entre las acciones que varios gobiernos han adoptado para reducir el impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria, se puede mencionar la asistencia alimentaria por medio de la distribución de raciones de alimentos a las familias, transferencias monetarias y la continuidad de la alimentación escolar con otros procedimientos.

Para Mazariegos, “implementar estas acciones será la clave para garantizar el derecho de la población al acceso de alimentos variados, seguros y de buena calidad nutricional, y para mitigar el potencial aumento de los casos de desnutrición aguda en grupos social y biológicamente vulnerables (niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores).”

El fin de semana del 16 de mayo se reportaron bloqueos en distintos puntos del país con mensajes de la población exigiendo libertad para ganarse la vida y alimentar a sus familias. Imagen: Tv Toto

Pocos días antes de que la pandemia alcanzara oficialmente al país, Maritza Méndez, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, expresaba su preocupación respecto a cómo las restricciones para prevenir el contagio, afectaría a la Gran Cruzada por la Nutrición, que fue anunciada por el gobierno de Alejandro Giammattei. “Con el tema específico de la cruzada, a mi me preocupa que ahora estamos con toda la energía, queremos ir a todos los municipios para que se organicen los COMUSAN (Consejos Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional) con la participación de las instituciones y comisiones municipales, y que cada uno haga su propio plan de acción de la cruzada, mi temor es que ya nadie se pueda reunir, la coyuntura puede apagar el ímpetu que llevamos, y eso es delicado”, expresó Méndez.

En Guatemala deberíamos de asumir la desnutrición como una emergencia, así como hacemos con el coronavirus. Estar perdiendo el capital humano de esa manera desproporcionada es una emergencia para el país»

Maritza Méndez, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Así mismo, la Secretaria de SESAN, después de conocerse el primer caso oficial de Covid-19 en el país, declaró a Revista Perro Bravo que “hemos tenido reuniones con los principales ministerios que tienen responsabilidad en la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, para elaborar un Plan de Emergencia y Plan de Contingencia, porque queremos prepararnos ante una posible situación que pueda darse en caso haya comunidades que tengan que ser aisladas por un incremento de la epidemia, estamos planteando que haya un pre posicionamiento de raciones, para que fácilmente pueda tenerse acceso a ellas”, y añadió que “este plan contempla que el Ministerio de Salud pueda asegurar que cada uno de los centros o puestos cuente con los insumos para poder atender el incremento de casos de desnutrición aguda, es un efecto secundario que vamos a tener, Dios no lo quiera, pero tenemos que estar preparados.”

Lavarse las manos… y la cara

Al inicio de su gestión, buena parte de la población y de la prensa nacional, concedió el beneficio de la duda al gobierno de Alejandro Giammattei. No obstante, durante el manejo de la pandemia surgieron los primeros señalamientos de corrupción gubernamental, principalmente relacionados con las adquisiciones estatales de insumos, que empezaron a generar desgaste la credibilidad y aceptación del recién estrenado gobierno.

La noche del 13 de abril 2020, en Casa Presidencial, se reunió el Presidente y la bancada Vamos, y acordaron una estrategia para mejorar la óptica del manejo de la pandemia, darle al Programa Mundial de Alimentos, una ONG del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ejecución del presupuesto asignado a la asistencia alimentaria durante la emergencia por el Covid-19. Inicialmente, Q350 millones del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Como parte de dicha estrategia, tras la inverosímil salida de su predecesor que sólo duró tres meses en el cargo, se oficializó al día siguiente, el 14 de abril, el nombramiento como Ministro de Agricultura y Ganadería de José Ángel López, ex presidente de Banrural y ex candidato a la vicepresidencia por Encuentro Por Guatemala, a quien le esperaba la firma del Acuerdo Gubernativo 60-2020, que se autorizó el 17 de abril y que emite el Reglamento del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del Covid-19.

El 14 de abril el gobierno informó del nombramiento de José Ángel López como titular del MAGA, en sustitución de Oscar Bonilla, quien renunció «por asuntos personales» en medio de la emergencia sanitaria. Foto: Presidencia

Los cambios de posturas en el Congreso en relación a los alcances del Estado de Calamidad también se hicieron evidentes. El 5 de marzo 2020, el presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros, aprobó el Decreto Gubernativo 5-2020, que establece el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia de la epidemia internacional del Covid-19. El Congreso de la República ratifica dicho decreto gubernativo con el Decreto 8-2020 del Organismo Legislativo, incluyendo entre otras, la reforma al artículo 6, agregando al final el siguiente texto: “Queda prohibida la contratación o adquisición de bienes y servicios por medio de organizaciones no gubernamentales e intermediarios.”

Sin embargo, después de que el 20 de abril el Ejecutivo decretara prorrogar por 30 días más el Estado de Calamidad Pública, en el proceso para que el Congreso de la República ratificara dicha prórroga, surgió una enmienda para reformar el mismo artículo 6 agregando que “se exceptúa de esta disposición la adquisición de alimentos, la cual podrá hacerse a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas”.

El PMA es una ONG del sistema de Naciones Unidas, distribuye alimentos en varios de los países miembros y ha sido una de las principales promotoras a nivel mundial de la fortificación de los alimentos para superar deficiencias nutricionales, entre ellos, la leche en polvo fortificada con vitaminas y minerales, una opción que puede facilitar la proteína animal cuya reducción en el consumo de las familias guatemaltecas, ha advertido la FAO recientemente.

Esta enmienda exceptúa al PMA de la prohibición de adquirir bienes por medio de ONG. Imagen: PB

No obstante, al analizar quiénes fueron los diputados que propusieron dicha enmienda aprobada el 30 de abril, que cambia radicalmente la posición del Congreso respecto a la ejecución de fondos públicos durante el Estado de Calamidad Pública, se puede inferir los intereses partidistas detrás de la misma. Entre los firmantes se encuentran: Allan Rodríguez del partido Vamos; Inés Castillo, Gabriel Heredia, Orlando Blanco, Carlos Barreda de la UNE; Samuel Pérez de Movimiento Semilla; Douglas Rivero del Partido Humanista; Sofía Hernández de UCN; y Evelyn Morataya del partido Bienestar Nacional.

El 13 de mayo 2020, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), anunció que se encontraba en trámite un convenio con PMA para la adquisición de alimentos cuyos fondos autorizó el Congreso el 25 de abril pasado mediante el Decreto 12-2020, para que fueran ejecutados por el MAGA y el MIDES. “Los ministerios enviaron a PMA la propuesta y dicha entidad lo envía a Roma para que sus autoridades lo revisen”, declaró a medios nacionales el Ministro de Desarrollo, Raúl Romero.

En febrero pasado, el MIDES había firmado un convenio de asistencia técnica con PMA. Ahora, un nuevo convenio permitirá que el PMA ejecute Q350 millones del MIDES y Q350 millones del MAGA. Foto: Archivo PB

El 20 de mayo pasado, ambos ministerios confirmaron la firma del convenio con PMA para la adquisición de los alimentos, por Q350 millones del presupuesto del MAGA y otros Q350 millones asignados al MIDES. El PMA regularmente cobra una comisión del 7% por la administración de fondos estatales, por lo que de los Q700 millones, se estima que Q49 millones pagará el Gobierno de Guatemala en concepto de comisión al PMA.

Con dicho convenio, no sólo se estará pagando una millonaria cantidad en comisión para que una ONG ejecute fondos que son responsabilidad del Estado de Guatemala, y para cuya ejecución el Gobierno cuenta con suficiente personal e infraestructura, sino que produce un espejismo en la medición de la eficiencia gubernamental, puesto que con sólo trasladar los fondos al PMA, ambos ministerios podrán reportar un aumento considerable en el porcentaje de ejecución de su presupuesto, aunque en la práctica, sea el PMA quien lo ejecute.

Alimentos no llegarán en el primer semestre del 2020

En la primera quincena de mayo, el Ministro de Agricultura, José Ángel López, afirmó a la prensa nacional que en cada municipio se levantará un listado con las personas que necesitan los víveres y aseveró que los alimentos podrían llegar a finales de mayo o a más tardar a principios de junio. Sin embargo, aunque el convenio con PMA ya está firmado, los listados aún no están listos.

Ante la grave situación de carestía que viven muchas comunidades en el país, varias municipalidades han tenido que distribuir bolsas de alimentos para paliar la situación. Muchas de las corporaciones municipales han manifestado su descontento con la demora  y mecanismos en la implementación de los programas de apoyo ante la pandemia.

Al respecto, Perro Bravo conversó a principios de mayo con el Alcalde de Salcajá y Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Miguel Ovalle, quien aseguró que “se está previendo dotar de alimentos a aquellas familias que tienen un miembro con discapacidad, o niños de 5 años o menores, personas de la tercera edad, y a quienes tienen que hacer cuarentena por el Covid-19, se están generando los listados, pero hasta ahora van a empezar a dar los formatos con la información que van a requerir, me temo que no llegan los alimentos en este primer semestre.” 

Para Miguel Ovalle de la ANAM, es urgente una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado para elevar los montos de las compras de baja cuantía: «Es urgente poner ese dinero a circular en los municipios y ayudar a la economía local y nacional» Foto: PB

Así mismo, Miguel Ovalle recordó que si bien se aprobaron los Q700 millones para alimentos, “hasta ahora solo está en papeles, todavía no se ha asignado el recurso y como esto se tiene que invertir en víveres, tendrá que llevar también un proceso largo para la adquisición y después la repartición, por eso yo considero, sin temor a equivocarme, que va a pasar el primer semestre del año sin tener todavía resultados específicos”. Además, el presidente de la ANAM añadió que los procesos impiden tener resultados antes, “como municipalidades tenemos que levantar los listados para las personas que recibirán los víveres, nosotros lo tenemos que validar en el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) municipal, después en el COE departamental, luego vienen a SESAN, son procesos largos.”

La situación alimentaria para las comunidades se torno cada vez más crítica, Ovalle refiere que se ha encontrado con alcaldesas que, como en el caso de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, le cuentan que las madres de familia llegan a buscarlas a sus casas, con sus hijos, no piden dinero, pero por lo menos alimentos, y da impotencia no poderles apoyar.”

Incluso antes de la llegada de la pandemia, la inseguridad alimentaria y la desnutrición en el país ya presentaban un panorama grave, como lo advertía Maritza Méndez, Secretaria de SESAN, “la realidad es que en Guatemala deberíamos de asumir esto como una emergencia, así como hacemos con el coronavirus. Esto es una emergencia, la desnutrición es una emergencia, estar perdiendo el capital humano de esa manera desproporcionada es una emergencia para el país”.

Ovalle también lamenta que los esfuerzos para combatir la desnutrición no se hayan podido articular a causa de la pandemia, “realmente sí nos preocupa, porque lo que iba en principio dirigido a eliminar la extrema pobreza y a combatir la desnutrición, hoy se convierte en una situación generalizada, entonces hoy ya no vamos a hacer programas específicos para esto, se tienen que hacer programas que se incluya a un número mayor de personas, entonces todo lo que era la Gran Cruzada por la Nutrición que se había planificado, ahora se convierte en un programa más que no viene a combatirla sino a minimizar el duro impacto que estamos teniendo.”

Las plazas y las carreteras van llenándose de banderas blancas, un símbolo de la urgente necesidad de alimentos, mientras que la confusión generada por los constantes cambios en las disposiciones presidenciales para contener la enfermedad, y la imprecisión de las mismas, tienen como resultado que se echen a perder toneladas de productos alimenticios perecederos, o incluso, como en el caso de Quiché, que autoridades municipales, según ellos en cumplimento de la ley, desalojen por la fuerza a vendedores de frutas y verduras y terminen tirando los alimentos al suelo.

El 16 de mayo pasado, el abogado Erick Miguel Castillo López, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, presentó ante la Corte de Constitucionalidad, un amparo en contra del Presidente de la República y en el cual se reclama, entre otros excesos, que el presidente Alejandro Giammattei incurrió en exceso a la restricción a la libre locomoción de todos los guatemaltecos, “poniendo en riesgo la vida al impedirles realizar su trabajo para obtener recursos para su alimentación, al ordenar su confinamiento sin que previamente el Gobierno garantice insumos al pueblo de Guatemala para su subsistencia”, y que “desatiende el principio de proporcionalidad en la implementación de esa medida”.  

El amparo solicita que se “otorgue el provisional y como efectos positivos, se le ordene al Presidente de la República de Guatemala que cese la amenaza cierta e inminente objetada que pone en riesgo la vida de todos los guatemaltecos y mediante nuevas Disposiciones Presidenciales no incurra en excesos a la restricción a la libre locomoción y garantice que todos los ciudadanos puedan laborar durante cierto período de tiempo u horario prudencial que les permita obtener los recursos para la alimentación de las familias guatemaltecas y, de persistir en la imposición de esa medida en esas condiciones”. La acción busca además, que se le ordene al Presidente que previamente garantice el derecho a la alimentación y los servicios esenciales de la población guatemalteca”.  

Sin restarle importancia al impacto de las disposiciones presidenciales, no está de más recordar la co-responsabilidad del vicepresidente Guillermo Castillo, quien tiene a su cargo el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional cuya función es determinante para el desarrollo del país y con mayor urgencia durante la pandemia.

Los diversos sectores de la población guatemalteca deben unir esfuerzos para fiscalizar a las instituciones gubernamentales y darle seguimiento a la ejecución de los millones de quetzales que se han autorizado, a costa del endeudamiento del país, para asegurarse que las familias de Guatemala tengan acceso a los alimentos nutritivos que necesitan para su sobrevivencia y que son indispensables para el sistema inmunológico de las personas. Tan cierto es que sin salud no hay economía, como que sin alimentos, no puede haber salud. 

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