FRENTE A LA JUSTICIA

Cuando las Instituciones entran en un proceso acelerado de deterioro, la balanza de la esperanza ciudadana se traslada inmediatamente a la eficacia, imparcialidad y buen juicio en la aplicación del Derecho y la búsqueda de la Justicia en los jueces  responsables del resguardo del Estado de Derecho.

En los Estados Unidos de América, el estamento mejor valorado por la sociedad en la percepción de confianza y respeto a sus derechos y sanción al incumplimiento de sus obligaciones, son precisamente los Jueces.

Desde los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a quienes por cierto nomina el Presidente y confirman en el Senado, hasta los jueces de más ínfima jerarquía, que por la naturaleza de sus funciones mantienen un nivel de contacto más cercano con los ciudadanos.

Un Estado de Derecho como su nombre lo indica descansa fundamentalmente en la impecabilidad de su Juridicidad.

Los procesos esencialmente políticos, especialmente los de carácter meramente electoral, tienden a mantener en un estado de zozobra el sistema institucional. Y la contradicción de sus intereses sectarios, favorecen el progresivo deterioro de las instituciones que conforman el Estado incrementando la desconfianza de los ciudadanos en la sustentación de la gobernabilidad.

Por esa razón es tan importante garantizar el nivel de máximo respeto y confianza de la sociedad en sus jueces.

Y los jueces, cuya razón de ser, es la de impartir justicia, con todas las virtudes que esa responsabilidad implica, debe ser esa, como misión sagrada. No la de dirimir, mucho menos arbitrar la problemática de orden político sectario o partidista.

La responsabilidad política, descansa en los políticos, no en los jueces.

Y dependerá del nivel de formación política de la clase dirigente, que se privilegiará el debate, la discusión, la concertación y el que se alcancen los acuerdos de gobernabilidad que le garanticen un desarrollo sostenido y políticamente tolerable a la sociedad.

Las diferencias políticas que se ventilan en los tribunales, o la búsqueda de la parcialidad judicial para saciar ambiciones o venganzas políticas, sobre la premisa de controlar política o ideológicamente los entes encargados de la operación de la justicia, debilita el sistema y enferma a la sociedad.

Los jueces no deben complicarse en la toma de decisiones políticas disfrazadas de judiciales y los operadores institucionales, entre los que se incluyen entidades que representan a la sociedad como es el caso del Ministerio Público, jamás deben de estar al servicio de intereses ideogilizados que pretendan y procuren sentencias condenatorias de carácter político sectario, más allá del apego al Derecho y la consecución de la Justicia.

La sola sospecha de que un aparato de justicia responda a intereses ajenos a su función esencial, es suficiente para buscar la anulación de su presencia en ese organismo que pertenece al interés colectivo y no a ninguna facción política o ideológica en particular.

Las muestras de adhesión sectaria hacia una eventual candidata, en lugar de favorecerle y procurarle apoyo, denuncian una parcialidad indeseable al frente de una institución en la que toda la sociedad debe tener plena confianza.

No se trata del que más grita, sino del que mejor resuelva.

No se trata de tener el respaldo de un grupo, se trata de tener el respeto y la confianza de todos.

Cuando se judicializa la política, tema que he abordado decididamente desde los tiempos de la intolerable y prepotente actitud del no bien recordado Comisionado Castresana,  provoca como consecuencia la  Politización de la Justicia, desgasta innecesariamente, por incapacidad de abordar el debate político, a todo el sistema de justicia.

Y cuando las Instituciones se degradan, queda como único refugio la solemnidad y confianza que debieran inspirar los jueces, pero cuando los jueces se ven precisados a tomar decisiones alejadas a su competencia y formación por ser esencialmente políticas, se debilitan y se desacreditan.

Y en un Estado de Derecho, donde la Justicia está comprometida con el interés político o sectario, la sociedad queda inerme y sin soluciones.

Y una sociedad sin soluciones jurídicas confiables y morales y éticamente aceptadas por la mayoría, se encaminará inevitablemente a la ANARQUÍA.

Que no es otra cosa que un grupo de individuos, sin gobierno y sin reglas, a la deriva, sujetos a la ley del más fuerte y en proceso de autodestrucción.

FUERA LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, FUERA LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA.

 

 

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