GUATEMALA MERECE RESPUESTAS

Editorial 11Se han cumplido ya poco más de cuatro años del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y las dudas sobre lo sucedido aquel 10 de mayo de 2009 parecen aún no tener una respuesta convincente.

No se puede hablar del asesinato de Rosenberg sin mencionar los de Khalil y Marjorie Musa ocurridos un mes antes. Ambos casos relacionados, no sólo por las declaraciones hechas por Rosenberg en su vídeo póstumo, sino por la relación sentimental entre este y Marjorie.

En medio de la crisis desatada por ambos asesinatos, misma que fue exacerbada por los partidos de oposición y la cúpula empresarial, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debió salir al frente para hacerse cargo de las investigaciones. La CICIG era la única instancia de investigación a la que se reconocía algún grado de imparcialidad, sin embargo terminó sucumbiendo a las presiones de los grupos políticos y los intereses empresariales.

En gran parte, debido a que el asesinato de Rosenberg tenía mayores repercusiones políticas, la CICIG procedió a resolver con premura este caso. Premura, en este país, era que el caso se resolviera 8 meses después. Según las conclusiones de la investigación Rodrigo Rosenberg orquestó su propio asesinato, tarea con la que supuestamente colaboraron los hermanos Valdés Paiz quienes presuntamente habrían facilitado el enlace con la banda de sicarios.

El problema de estas conclusiones a las que Carlos Castresana, en aquel entonces jefe de la CICIG, tildó de “hipótesis”, es la fragilidad de la acusación. El caso se sustentó sobre testimonios de testigos protegidos. Primero el de Mario Paz Mejía, policía activo que acusó a los Valdés de pagar a la banda de sicarios, y luego el de Manuel Cardona que apoyó tal teoría.

La acusación se empezó a rajar desde que el tribunal no aceptó la declaración de otro de los implicados, Lucas Santiago, que acusó a Mario Paz Mejía de haberle ofrecido dinero a cambio de que aceptara ser el asesino. Un eslabón queda aún suelto debido a que Nelson Santos, el jefe de seguridad de los hermanos Valdés, que habría servido de enlace entre estos y la banda de sicarios, se encuentra prófugo de la justicia.

La gota que derrama el vaso es el cambio de testimonio de Manuel Cardona que ahora, en fase terminal de su enfermedad, afirma nunca haber visto a los hermanos Valdés y por lo tanto no poder relacionarlos con el crimen. La CICIG en vez de dar un paso al frente para despejar dudas se propuso atrasar con recursos la audiencia para que dicho testigo ampliara su declaración.

El cambio de testimonio de Manuel Cardona hace que todo el proceso deba ser cuestionado y por ende que la fase de investigaciones vuelva a realizarse. Si tal es el caso, el Ministerio Público y la CICIG también deberán ahondar en por qué la banca nacional y el sector cafetalero se vieron involucrados en ambos casos, así como altos funcionarios del Gobierno de ese entonces. Por qué fue tanta la saña con la que los grandes cafetaleros intentaron culpar a los cooperativistas y por qué la banca se movió tan rápidamente a acusar a un twittero de pánico financiero. Ambos sectores no son intocables. Guatemala merece respuestas.

La CICIG fue creada para ayudar, entre otras funciones, al Ministerio Público en la profesionalización de la labor de investigación, sin embargo la manera en que se han sustentado los casos Rosenberg y Musa deja mucho que desear.

Hace seis años que la CICIG fue creada. Hace seis años que sacrificamos una porción de nuestra soberanía esperando que la experiencia internacional nos ayudara a luchar contra la impunidad. Debemos exigir respuestas concretas y bien sustentadas respecto a las interrogantes abiertas por ambos crímenes; debemos exigirle cuentas a la CICIG, resultados que avalen su gestión y justifiquen su permanencia en el país.

Los casos Rosenberg y Musa son la balanza con la que se juzgará a este experimento de la Comunidad Internacional.

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