HIDROELÉCTRICA SALÁ MANTIENE TENSIÓN EN SAN MARCOS

Por: Luis Ochoa

Un “No” rotundo respondieron los cientos de personas que se congregaron en la plaza central del municipio, a quienes les habían preguntado: “¿Vamos a dejar que la hidroeléctrica use nuestro río?”.

Eran unas 500 personas, entre hombres y mujeres, muchos de ellos portando la vara que los distingue como alcaldes comunitarios.  Había alegría en sus rostros, formalmente darían la bienvenida a varios de sus líderes que fueron presos políticos, encarcelados por rechazar la instalación de una hidroeléctrica sobre el río Salá, principal afluente del municipio San Pablo, en el occidental departamento de San Marcos.

En la actividad, denominada “Encuentro de Comunidades y Pueblos por la Vida, La Libertad y la Defensa de Nuestros Ríos y Territorios”, participaban también delegados de organizaciones y  comunidades de Chiapas y de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango y de otros municipios de San Marcos.

 

Una oración de un catequista católico, una de un pastor evangélico y la invocación a los 4 puntos cardinales para agradecer por la vida y la energía del día marcaron el inicio de la actividad.  Un acordeón y una guitarra con corridos contra DEOCSA levantaron aún más el ánimo de los asistentes.

Ángel Robledo, representante del Consejo Mam, dio la bienvenida a los presos políticos y les agradeció por “su compromiso y lucha por la defensa de la Madre Tierra y los recursos naturales”.  “Los ríos son del pueblo de Guatemala, los bosques son del Pueblo de San Pablo, todo lo maravillo de la naturaleza es del Pueblo y no de una empresa”, expresaba Robledo durante su intervención.

Uno a uno fueron llamados los ex presos políticos, para presentarse “ante su Pueblo, ante éste Pueblo que los respalda”: Fausto Sánchez, Lorenzo Ramírez, Marco Tulio Pérez, Alfonso Chilel, Maribel Días y Simeón Mauricio.

Fausto Sánchez, quien estuvo durante más de dos años encarcelado, acusado de organizar secuestros y atentados contra bienes y personal de HidroSalá, compartió con los presentes las dificultades y agradeció las muestras de solidaridad que recibió durante el tiempo que estuvo encarcelado. Su intervención se centró en recalcar que la defensa del territorio se hace bajo el principio de autonomía y autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

“Yo no voy a llegar a decir que tienen que hacer ustedes en su comunidad. Ustedes no me van a decir que tengo que hacer yo en mi comunidad. A eso le llamamos autonomía comunitaria. Y las empresas deben respetar que todas nuestras comunidades tienen su autonomía y son ellos quienes deciden qué hacer con sus recursos naturales”, expresaba iracundo Sánchez.

LOS AYAU, LOS COLOMBIANOS Y LA LÍNEA CONSERVADORA

La hidroeléctrica HidroSalá se pretende construir sobre el río Salá, que corre de la boca costa hacia el mar pacífico en el departamento de San Marcos.  Este proyecto, autorizado inicialmente por 50 años, proyecta la generación de 15 Megawatts de potencia para vender al sistema nacional a través del Mercado Mayorista.

La hidroeléctrica pertenece a una empresa del Grupo Fabrigas, propiedad de la familia Ayau.  La licencia del proyecto fue autorizada el año 2011 a favor de la agropecuaria Potrerillos, propiedad de Raúl Minondo Ayau, sobrino de Manuel Ayau Cordón, siendo éste último uno de los principales ideólogos neoliberales, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, miembro del desaparecido partido Movimiento de Liberación Nacional y Director de la Oficina de Privatización y Desmonopolización del Estado en la década de los años 90.

Manuel Ayau y el Grupo Fabrigas fueron uno de los principales impulsores de la privatización del sector energético. El Grupo Fabrigas construyó la Hidroeléctrica Río Bobos (Morales, Izabal, 10 MW) y junto a Cementos Progreso y el Consorcio Arimany construyeron las hidroeléctricas Las Vacas I y II (Chinautla, Guatemala, 40 MW); y tuvo participación en el proyecto hidroeléctrico Matanzas (San Jerónico, Baja Verapaz, 12 MW) hoy propiedad de Tecnoguat S.A., subsidiaria de ENEL Green Power.

El proyecto Hidrosalá es desarrollado por Generadores Hidroeléctricos GENHIDRO S.A. que ostenta también acciones de la futura hidroeléctrica.  GENHIDRO pertenece a un grupo de empresas del sector energético que fueron adquiridas por Empresas Públicas de Medellin EPM entre 2010 y 2011, con lo cual el capital colombiano consolidó su presencia en el mercado energético de la región.

Además de GENHIDRO los colombianos adquirieron DECA II, la mayor accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. EEGSA (cerca de 1 millón de clientes); COMEGSA, una de las principales distribuidoras de energía en la región; GESA, enfocada en la generación de nuevos negocios en el sector y TRELEC dedicada a proyectos en el área de transporte eléctrico.

El proyecto HidroSalá es también apoyado por la Asociación Liga Pro Patria, la cual se ha constituido como querellante adhesivo en los procesos penales impulsados por la empresa contra líderes comunitarios de San Pablo.

La Liga Pro Patria es una asociación civil que siempre ha actuado ligada a los intereses del sector empresarial. La Liga Pro Patria tiene entre sus principales dirigentes a José Luis González Dubón y Anibal González Dubón, quienes dirigen también el bufete Corporación de Abogados Especialistas.

José Luis González Dubón es un reconocido abogado vinculado a sectores empresariales tradicionales, quien se ha manifestado abiertamente en contra de las operaciones de la CICIG en Guatemala y también se le vincula con el negocio de las adopciones ilegales en el país y con ex militares vinculados a violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

En la Liga Pro Patria coinciden varios proyectos y personas vinculadas al extinto MLN, la Universidad Francisco Marroquín y la Asociación Pro Reforma. Desde esta Asociación se han impulsado acciones de oposición a reformas del sector justicia y también de criminalización a líderes sociales y campesinos.

Aunque Hidrosalá se desvincula de las acciones de la Liga Pro Patria, esta actúa como querellante en varios casos. Según testimonios de abogados que acompañaron el proceso penal contra Fausto Sánchez, los miembros de Liga Pro Patria se presentaban a las audiencias acompañados de hombres armados y manteniendo una actitud amenazante frente a los representantes comunitarios.

 

NI UN PASO ATRÁS

La conflictividad social que ha generado los proyectos hidroeléctricos y mineros en el departamento de San Marcos no es nada nuevo. En los últimos 15 años diversas comunidades se han organizado frente a los cobros excesivos en la facturación del servicio de energía eléctrica y ante la presencia de proyectos mineros. La lucha por la propiedad de la tierra también ha sido otra razón de la fortaleza de la organización comunitaria en la región.

El proyecto HidroSalá desde sus inicios fue rechazado por los pobladores. Cuando los comunitarios tuvieron conocimiento del proyecto, iniciaron una serie de acciones para cancelar la licencia de construcción. Con el tiempo, la tensión y conflictividad se incrementó en la región.

Pese de la oposición comunitaria y el retraso para iniciar la construcción de la obra, la empresa asegura que el proyecto “sigue en pie y a la espera que las condiciones sociales y de gobernabilidad se estabilicen”.

La empresa ha señalado a los dirigentes comunitarios de realizar acciones o prácticas en contra de los derechos humanos, como retención ilegal, trabajos forzados, daños materiales o amenazas de muerte; daños a la propiedad privada y atentados contra la vida de trabajadores de HidroSalá.

Aunque algunos casos han sido desestimados en los tribunales de justicia, la empresa mantiene la persecución contra varios representantes comunitarios; entre esos casos los procesos penales en contra de Duarle Licardie, Plutarco Clemente, Oscar Sánchez, Mauricio López y Evelio Velásquez, así como la persecución y órdenes de captura contra otros líderes comunitarios.

“Hidrosalá es una empresa respetuosa de la legislación guatemalteca y de los fallos judiciales por lo que, en los casos donde aplique y ella sea la querellante, utilizará los mecanismos adecuados para hacer valer sus derechos”, explican representantes de la empresa al consultar si darán continuidad a los casos judiciales que se encuentran en proceso.

Por su parte, las comunidades de San Pablo buscan agilizar la cancelación definitiva de la obra, ya sea cancelando la licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas o la cancelación de la licencia de construcción municipal. En este último caso, el alcalde municipal Raúl Maldonado, ratificó públicamente que el Concejo Municipal está comprometido a cancelar la licencia de construcción de la obra.

“Les pido paciencia, yo llevo año y medio ahí y el tema no ha avanzado pero vamos a cancelar la licencia”, expresó el funcionario edil. La empresa Hidrosalá, no obstante, señala que existe un acuerdo de respetar la validez de dicha licencia firmado por el alcalde Maldonado en el año 2015.

Mientras se logran iniciar las obras de construcción, Hidrosalá asegura que continuará con las acciones de socialización, promoción y gestión de proyectos sociales y ambientales en 36 comunidades cercanas al área de influencia del proyecto.

Los líderes comunitarios señalan por su parte que estos proyectos solo son acciones para manipular a la población, igual que los que implementan empresas mineras, de producción de palma aceitera o de azúcar en los territorios donde tienen presencia. Señala además que la empresa solo debía tener acercamientos con 13 comunidades, pero que ellos han ampliado su presencia a 36 comunidades para tener más control de la población.

Por ahora se mantiene una tensa calma en San Pablo. Los representantes de la empresa y funcionarios del MEM apuestan a que avance la obra y mantener el llamado Acuerdo Marco para la Gobernabilidad.  Los comunitarios, por su parte, están enfocados en lograr la liberación de otros líderes de la región; y poco a poco, se fortalece la articulación entre comunidades de varios territorios para emprender acciones contra la Ley General de Electricidad y plantear un nuevo modelo energético, más propio, más cercano y que responda a los intereses de las comunidades y no de los grandes grupos corporativos energéticos.

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