Imponen Estado de Sitio por violencia en dos municipios de San Marcos

El Ejecutivo ha impuesto Estado de Sitio Ixchiguán y Tajumulco, municipios pertenecientes a San Marcos y colindantes con México, quienes mantienen, desde hace varias décadas disputas territoriales y de recursos, que se han ido agravando con la creciente pobreza y el aumento del crimen organizado en la zona con fines de tráfico ilegal de todo.

En febrero reciente fueron secuestrados 17 policías por parte de supuestos vecinos de la aldea Villa Real, de Tajumulco, además de enfrentarse con armas de alto calibre contra habitantes de Tuichán, comunidad de Ixchiguán, dejando un saldo de un muerto y varios heridos.

Según  el vicepresidente, Jafeth Cabrera, el gabinete de gobierno decidió emitir el decreto ejecutivo 02-2017 debido a la solicitud de intervención por parte de los alcaldes de ambos municipios, quienes pidieron la intervención directa del Ejecutivo, negándose a participar en reuniones para conciliar los problemas.

“Se han manifestado una serie de actos que afectan al orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado» y «ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes», se lee en el decreto.

Por su parte el jefe edil de Ixchiguán contradijo diciendo que nunca pidieron el Estado de Sitio, pero que sí habían solicitado mayor seguridad para sus municipios.

La medida impuesta por 30 días, afecta a ambas localidades enfrentadas desde hace ocho décadas, con el cese de la vigencia de derechos fundamentales como la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación, y portación de armas.

La Junta Directiva del Congreso, ya convocó a la sesión del lunes 15 de mayo, a las 14:00 horas, para conocer el decreto gubernativo 02-2017 y aprobarlo o improbarlo en el pleno.

Al Gobierno le preocupa que en la zona limítrofe haya presencia de bandas mexicanas y colombianas dedicadas al cultivo ilegal de amapolas, que luego se trasladan a territorio mexicano para el procesamiento de heroína, lo que ha desatado una escalada de violencia con armas pesadas.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades «terroristas, sediciosas o de rebelión» que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves «pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado».

También cuando se registran o se tengan «indicios fundados» de que se van a producir «actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva».

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar «el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia».

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, «Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento» cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios «preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados» cualquier acción.

Jorge de León, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, pidió que se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales durante el Estado de Sitio, solicitando que las acciones se “realicen dentro del uso racional y proporcional de sus atribuciones”.

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