LA TRAMPA EN EL CANDADO DE LA INMOVILIZACIÓN

ANABELLA

 

Después de 16 años en el Congreso, Anabella de León no volvió a competir por una curul y optó por dirigir el Registro General de la Propiedad RGP. Lo dirige con bombos y platillos, cómoda dando declaraciones sobre las bondades de la inmovilización, pero cuidando las declaraciones respecto a la cancelación de la misma y es que, pese a que la ley dice que el Registro deberá cubrir el costo de un informe dactiloscópico, es el usuario el que termina pagando.

 

El Registro General de la Propiedad es una institución que durante años ha mantenido un bajo perfil pese a su enorme importancia en relación al derecho a la propiedad. La llegada de Anabella de León significó mayor visibilidad para la institución, entre otros temas, la recién llegada al cargo se negó a permitir una auditoría de la Contraloría General de Cuentas y dio a su apoyo en el proceso de adquisición de 2919 fincas para realizar el corredor tecnológico, proyecto que hoy se encuentra estancado y sobre el cual existen sospechas de fraude por parte de la empresa que compró las propiedades. Sin embargo, la punta de lanza de su administración ha sido la Inmovilización de propiedades como estrategia para garantizarle seguridad al usuario.

 

La inseguridad en el país también se extiende al RGP. En agosto y noviembre de 2012, por ejemplo, se capturaron a tres abogados que tramitaban el cambio de propietarios de inmuebles con documentos falsos. El RGP ha presentado ante el Ministerio Público más de 100 denuncias por encontrarse ilegalidades en expedientes y se investigan más de 400 casos sospechosos en el RGP. De León incluso afirma que del 100% de los casos de robos de propiedades el 33% se realiza en contra de personas que residen en el extranjero.

 

Para evitar los robos de propiedades es que el RGP cuenta con un departamento de Seguridad Registral, un laboratorio especializado en dactiloscopia, grafología y documentoscopia. Frente a dicho problema surge también la Ley de Inmovilización Voluntaria aprobada bajo el decreto 62-97.

 

La parte bonita: la inmovilización

En las frecuentes apariciones públicas de Anabella de León y en los campos pagados de la institución, se promueve una y otra vez la Inmovilización como el mecanismo ideal para garantizar la seguridad de las propiedades. La Inmovilización se hace sobre un sistema biométrico que incluye impresiones dactilares, fotografía y los datos personales del propietario.

 

El proceso para el usuario es relativamente sencillo. Debe hacer constar, en una solicitud escrita, sus datos personales, la identificación de los bienes a inmovilizar, una declaración jurada, su firma y su huella dactilar. El servicio tiene un costo de Q.160 y también se presta en algunos consulados en Estados Unidos en donde su costo asciende a US$42. El proceso de inmovilización dura un promedio de ocho días.

La legislación faculta al RGP para financiarse mediante el cobro de diferentes servicios puesto que la institución no recibe fondos del Presupuesto del Estado (argumento bajo el que se realizó la primera negativa respecto a ser auditados por la Contraloría), es por eso que también se cobra por un servicio de mensajes de texto a los propietarios para avisarles sobre cualquier movimiento respecto a su propiedad.

 

Todo pareciera estar en favor del usuario de no ser porque el verdadero problema radica no en Inmovilizar sino en Desinmovilizar las propiedades. Sobre esto, nadie alerta al usuario.

 

La parte magra: la Desinmovilización

La Ley de Inmovilización Voluntaria establece que para cancelar una Inmovilización es necesario presentar una declaración jurada y el informe de un experto en grafología que de fe de la autenticidad de la huella digital y la firma del usuario. Según lo establece la ley en su artículo 4: Previo a cancelar la inmovilización por parte del Registro de la Propiedad Inmueble, éste deberá corroborar, por su medio o subcontratación, la autenticidad de la huella dactilar por los medios técnico-científicos apropiados para el efecto.

 

Revista Perro Bravo dio acompañamiento a un usuario en el proceso de inmovilización y cancelación de la inmovilización. Al solicitarse información sobre ambos procesos los funcionarios indicaron, por vía telefónica, que ambos trámites eran sumamente sencillos y que para cancelar la inmovilización bastaba con presentar una declaración jurada y hacer un pago de Q.160. Es hasta el momento en que se solicita información de manera personal que se le informa al usuario de la necesidad de presentar un informe dactiloscópico y, para su mayor sorpresa, que es el usuario y no el Registro, contraviniendo la ley, el que debe costear el pago del experto.

La hoja informativa entregada por el RGP señala que si el usuario no sabe dónde contactar a un experto la Secretaría General cuenta con una base de datos de expertos que pueden consultarse. Se trata de una hoja con los datos de 18 expertos en grafología y dactiloscopia

 

El negocio ilegal de los expertos

Revista Perro Bravo intentó contactar  a los dieciocho técnicos cuyos datos entrega el RGP, de ellos, ocho no contestaron o los datos proporcionados en la lista resultaron ser incorrectos. El dictamen que debiera costear el RGP y que termina pagando el usuario, tiene un costo que va de Q.800 a Q.4000 y su tiempo de entrega es de 48 horas. A continuación presentamos los datos recabados:

 

José Yax y Emilio Guidos Lepe cobran Q.800, la oficina de este último se encuentra a media cuadra del RGP. William Fuentes cobra Q.1000 al igual que Rodolfo Rosito Gutiérrez que se niega a dar la dirección de su oficina y a dar factura pues asegura que es un trabajo “no profesional”.

 

Rosito Gutiérrez no es el único que se niega a dar datos concretos de su oficina, Carlos Ortíz sólo accede a reuniones en el centro comercial Pradera Concepción y el costo de su dictamen, con factura, es de Q.1400 y sin ella de Q.1200. José Reyes, Diego Sierra y José Martí cobran respectivamente Q.3000, Q.4000 y Q.2400. Martí también hace descuentos si no se le pide factura.

 

Dentro de la lista de expertos resaltan los casos de Aldo René Figueroa y de Desiderio Menchú Escobar. El primero señala que la documentación puede llevársele a la recepción del Banco de Guatemala mientras que el segundo, pese a decir que su oficina se encuentra en la zona 6, labora para el RGP. De dicha contratación da cuenta un informe de labores de la institución que resalta su contratación dentro de la Unidad de Seguridad Registral. Menchú cobra Q.800 y atiende en cualquier horario aunque sea el mismo de su horario laboral dentro del RGP. En una entrevista que se sostuvo con Anabella de León, afirmó que cuentan con un laboratorio especializado en dactiloscopia y grafología, así mismo que Desiderio Menchú es parte del equipo del departamento de seguridad registral, esto evidencia que el RGP tiene los recursos para realizar estos informes.

 

Quizá por lo rentable y la ilegalidad del negocio de la cancelación de una inmovilización es que la vocera del RGP, Alma Barrios, hasta el cierre de esta edición no proporcionó el dato de cuántos de estos procesos se han realizado. En contraste se han realizado más de 2 Mil 300 inmovilizaciones en el 2013.

 

Queda demostrado que pese a que la ley obliga al RGP a realizar por sus medios o subcontratación estos informes y que se cuenta con el recurso para realizarlos el RGP endosa al usuario el costo por desinmovilizar su propiedad.

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