LA VENTAJA DE LA OPACIDAD

Publicado en la edición 38, Noviembre de 2015.

EL USUFRUCTO ENTREGADO POR ALLAN MARROQUÍN A GRUPO MARITIM ABRE LAS PUERTAS PARA INVESTIGAR SU CARRERA PIÑATIZANDO AL ESTADO

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Uno de los primeros escándalos de corrupción en salir a luz durante la administración del Partido Patriota fue usufructo de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a una empresa de capital español. Uno de los operadores de dicho negocio fue Allan Marroquín, quien lo hizo pese a que su calidad de interventor no se lo permitía. Lo amparó la protección de Pérez Molina y una larga trayectoria consiguiendo contratos con el Estado para empresas privadas.

Allan Marroquín no tenía experiencia alguna en administración pública cuando fue nombrado como interventor de la EPQ en enero de 2012. La experiencia con la que llegaba era la de casi 50 años en que primero su padre, José María Marroquín Samayoa y luego él, a través de la firma Marroquín, Marroquín y Asociados, llevaban asesorando a empresas privadas para obtener contratos con el Estado.

En la misma página del búfet se menciona entre sus servicios: “Gestiones para forzar la recepción y liquidación del contrato; Asesoría en la suspensión de obra, reducciones de unidades de trabajo, cambios de diseño propuestos por el supervisor de obra…”.

Su padre, entre otras cosas, fue el abogado responsable de la venta de Guatel y ya en 2003 poseían una presencia tal en la EPQ que fueron los responsables de crear el “Fideicomiso para la administración de una terminal de pasajeros para cruceros en Puerto Quetzal”, que tiene vigencia de 25 años. Cabe destacar que la figura del fideicomiso ha sido una de las más criticadas por fomentar la corrupción, gracias a evadir controles en la fiscalización del uso de los recursos.

Alternando las representaciones legales entre él y su padre, gestionarán millonarios contratos para empresas diversas:

•Con Corrosión y Protección-Ingeniería, recibió en 2008 un contrato por Q.13 Millones para la protección de los muelles de Puerto Quetzal y en 2009 obtiene otro contrato por Q.32 Millones para realizar los mismos trabajos.

•Con la Organización Internacional para las Migraciones ha logrado 3 contratos en el Puerto de Champerico que ascienden a Q.85 Millones.

•Con la empresa Cesel S.A. un contrato por Q.5 Millones.

•Con la empresa FCC Construcción S.A. gestionaron contratos por Q.390 Millones.

•Han logrado contratos para una empresa dedicada a equipamiento y alquiler de maquinaria por más de Q.50 Millones en la Empresa Portuaria Quetzal.

•Con Erico Sociedad Anónima, recibieron un contrato por Q.3 Millones con el Ministerio de Comunicaciones para la construcción de escuelas.

•La familia también es parte de la empresa VEI Investments Inc., que posee licencias para dos proyectos hidroeléctricos, uno en Chuarrancho y otro en Baja Verapaz.

Esa fue la carrera que lo llevó a ser el elegido para proponer la privatización de Puerto Quetzal.

El 3 de agosto de 2012, Marroquín autorizaba el contrato de usufructo con la compañía española Grupo Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), concediéndole un terreno de 348,171 metros cuadrados para la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Ni la entrega ilegal de bienes del Estado a Grupo Maritim ni los negocios que permitió siendo interventor, fueron suficientes para Allan Marroquín. Gracias a su cercanía con el ex binomio presidencial, Marroquín consiguió que su firma de abogados hiciera otros grandes negocios a costas del erario público.

Una de las especializaciones de la firma son las asesorías en temas de catastro; de esta forma, siendo Allan Marroquín funcionario público, su bufete recibió en 2012 un contrato por Q.2 Millones con la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa para coordinar la unidad de catastro. En 2014, para asesorar en el mismo tema, recibiría otros dos contratos, uno a través de un fideicomiso de la municipalidad de Santa Catarina Pinula por Q.8 Millones y uno con la de Mixco, bajo la dirección de Otto Pérez Leal, por Q894 Mil. Dicho contrato iba a ser ampliado a Q.52 Millones, pero se detuvo tras las denuncias de corrupción hechas por el diputado Orlando Blanco.

No sería el único negocio millonario en el que la firma estaría involucrada puesto que José María Marroquín Samayoa fue el representante legal de la empresa M. Tarcic Engineering, que por Q.22.8 Millones vendió la famosa “fórmula mágica” para limpiar el lago de Amatitlán, que resultó ser una estafa y cuya sede comercial y directores desaparecieron cuando se anunciaron las acciones del Ministerio Público.

Ante los señalamientos, Allan Marroquín manifestó en un derecho de respuesta publicado en el sitio Farolegal.gt que los contratos conseguidos para empresas privadas se deben a que tiene una “larga trayectoria como abogado” y afirma que su único interés al aprobar el usufucto “fue abrir a la competencia, no exclusiva, no obligatoria será el mejor incentivo para que trabajen los que hoy no trabajan, mejoren los servicios que hoy no tienen incentivo para mejora”.

Son este tipo de prácticas las que sólo peden ser erradicadas mediante la participación ciudadana. Los contratos públicos, en especial los relacionados con los puertos, son de gran importancia para todos los guatemaltecos. Vigilemos.

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