LAS MUERTES QUE LA EX MINISTRA DE SALUD NO PUEDE EVADIR

Hernández Mack es responsable de fallecimientos de menores por desnutrición 2016-2017

Sección: Grrr     Edición: 55

Por: Redacción Perro Bravo
redaccion@revistaperrobravo.com

 

El 23 de Julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional solicitado por la Comisión de Salud del Congreso, que obligaba al Gobierno a proveer alimentos a los menores de edad que padecen desnutrición en el país, un objetivo que el Ministerio de Salud Pública, entre varias otras instituciones estatales, se han mostrado incapaces de alcanzar.

Dos meses antes, el 11 de abril 2017, la Defensoría del Derecho a la Alimentación de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), entonces a cargo de Andrea Aldana, derivado de una denuncia del MSPAS, realizó un monitoreo en las bodegas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicadas en la colonia La Verbena, zona 7. En el lugar fueron halladas 659 cajas con 150 sobres de un alimento terapéutico listo para consumo (ATLC) llamado “Plumpy Nut”, con fecha de vencimiento de octubre 2016 y que fue ingresado por un pedido realizado en el 2014, a requerimiento del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Prosan).

En su momento, Aldana explicó a medios informativos nacionales que con esa cantidad de ATLC caduco “se pudo haber tratado alrededor de 6 mil 590 niños con desnutrición aguda en el país”. Además, la defensora del Derecho a la Alimentación resaltó que quedaba en evidencia la falta de controles internos en las bodegas de MSPAS y que en octubre y noviembre del 2016, se registró desabastecimiento de ATLC en las Áreas de Salud de Guatemala, Izabal, San Marcos y Chiquimula. Para abril, ya se registraban en el país los primeros 11 niños fallecidos a causa de la desnutrición en el 2017.

Tras conocerse la resolución de la CSJ, la diputada Karla Martínez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, declaró ante los medios de comunicación que la orden “obliga a los ministerios relacionados a brindar alimentación a los 14 mil 61 niños y niñas menores de 5 años, afectados por la desnutrición aguda del año 2016, y 4 mil 305 niños y niñas  afectados por la desnutrición aguda hasta la semana epidemiológica 21 según datos de SESAN”. Los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo y de Salud Pública y Asistencia Social, están obligados a acatar lo ordenado por la CSJ.

Negligencia letal

Aunque en el sector de salud y en la industria farmacéutica, es ampliamente conocido el hecho de que los medicamentos suelen tener vida útil hasta 6 meses después de la fecha de vencimiento impresa, a pesar de las advertencias previas, en agosto del 2017 el Ministerio Público en un allanamiento confirma que las 659 cajas, con por lo menos 98 mil sobres de ATLC, estaban almacenadas en las bodegas del MSPAS.

Ya para cuando la CSJ ordenó que los ministerios accionaran para proveer la alimentación necesaria a la niñez que sufre desnutrición, los ATLC embodegados eran inservibles. Pero durante la segunda parte del 2016 y aun los primeros meses del 2017, el Ministerio de Salud desaprovechó el abastecimiento de ATLC y no los hizo llegar a los niños con desnutrición, a quienes en muchos casos les pudo salvar la vida.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y del MSPAS, se contabilizaban 135 muertes por desnutrición hasta la semana epidemiológica 50 del año 2016. En todo el 2016, se contabilizaron 143 muertes de menores a causa de la desnutrición, y eso sólo es la cifra que queda de algún modo registrada dentro del sistema. Los casos sin conocerse deben ser muchos más. El 70% de las muertes se registraron en hospitales públicos y el 27% en su vivienda.

En el 2016, Mariko Kagoshima, representante de Unicef en Guatemala, exhortó a las autoridades de gobierno y a al sociedad civil a unir esfuerzos para disminuir el índice de desnutrición. Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición entre los 22 países de Latinoamérica. La desnutrición crónica define la altura y peso del menor en relación con la edad, lo que se traduce en que el niño tiene menos capacidad cognitiva, menos productividad, bajo coeficiente intelectual, además de estar mucho más propenso a enfermedades que le causen más daños.

Actualmente el ATLC de punta que utiliza Naciones Unidas en sus diversas iniciativas para combatir el hambre en el mundo, es el llamado “Plumpy Nut”, mismo que fue desperdiciado en la cartera de Salud.

En el portal de UNICEF se presenta este ATLC bajo el título “La Revolución del Plumpy Nut” y explica que “fue inventado en 1999 por el científico francés André Briend. Muy usado en las crisis alimentarias, es una pasta alta en proteínas realizada a base de cacahuetes y envasada en un sobre metálico. Su facilidad de distribución, almacenamiento y uso hacen que sea un elemento clave para que las propias familias puedan tratar la malnutrición de los niños y niñas en casa. No hace falta ninguna preparación para comerlo y su sabor es parecido al de la mantequilla de cacahuete”.

Los ingredientes de este ATLC  son: mantequilla de maní, aceite vegetal, leche en polvo, vitaminas y minerales esenciales y cada paquete contiene 500 kilocalorías. De acuerdo al medio El Independiente, del Reino Unido, el combate contra la desnutrición en el mundo “ha cambiado radicalmente desde 2005, cuando la pasta Plumpy Nut fue mercadeada por Nutriset. Primero fue entregado a alrededor de 60 mil niños con severa malnutrición durante la hambruna en Nigeria. El noventa porciento (90%) se recuperaron completamente. En dos años, la Organización Mundial de la Salud le dio al producto su sello de aprobación”.

De acuerdo a especialistas en nutrición, al ser identificado un niño en etapa de desnutrición se le debe proporcionar a la familia el ATLC, si se diagnostica como moderada, se le debe dar una ración para 10 días y si se determinar que es severa, se le debe suministrar el alimento para 3 meses mínimo.

Para abril del 2017, previo al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la SESAN dio a conocer que para entonces ya se habían registrado 12 fallecimientos de menores por desnutrición aguda en el país.

 

La responsabilidad de la Ministra y el falso sobreabastecimiento

Cuando se dio a conocer el hallazgo de la PDH, el MSPAS argumentó que se trataba de una adquisición de la administración anterior y que existía sobreabastecimiento de ATLC en las Áreas de Salud. No obstante, el monitoreo realizado por la PDH en octubre y noviembre de 2016, cuando Lucrecia Hernández Mack llevaba su primer trimestre al frente de la cartera, se evidenció el desabastecimiento de ATLC en las Áreas de Salud de los departamentos de Guatemala, Izabal, San Marcos y Chiquimula.

Luego, tras el allanamiento del MP en agosto 2017, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que afirma que “en los años 2013 y 2014 se adquirió una donación por parte de un organismo internacional equivalente a 5 mil cajas de ATLC y paralelamente durante esa misma gestión ministerial se inició una compra de 4 mil cajas, que no se rescindió, luego se aceptó una tercera donación, lo que dio como resultado un total aproximado de 11 mil cajas, generando sobreabastecimiento”.  Así mismo, el comunicado con fecha 9 de agosto 2017, explica que entre diciembre 2016 y febrero 2017, se realizó una auditoría interna sobre el medicamento nutricional “Plumpy Nut” y se “procedió a la deducción de responsabilidades a los departamentos correspondientes”, en consecuencia, el 31 de marzo 2017, “se presentó en el MP una denuncia formal con los documentos de soporte”, que corresponde “al número MP001-2017-31913 a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos”.

Lo que la entonces Ministra de Salud no dio a conocer, es que el 7 de septiembre del 2016, un mes antes de la fecha de vencimiento del ATLC y varios más antes de que finalizara su vida útil real,  recibió un oficio de UNICEF, identificado en el Sistema Integrado de Administración de Documentos (SIAD) con el No.94027, en el que hacen de su conocimiento que los ATLC solicitados “se encuentran almacenados en las bodegas de Medicamentos del Departamento Administrativo de la zona 7 y del SIAS”.  Se entiende entonces que la Ministra de Salud tuvo la oportunidad y la información al alcance, para disponer de los sobres de ATLC y distribuirlos a los niños en etapa de desnutrición, antes de que caducaran.

Así mismo, de acuerdo al reporte de existencias de alimento terapéutico para desnutrición aguda en puestos de salud, elaborado por la SESAN, solamente un 2% de puestos reportaron existencia de ATLC en noviembre y diciembre 2016, meses en los que aún podrían haberles sido de beneficio los ATLC a miles de menores en desnutrición en el país.

Si la investigación del MP toma en cuenta que Lucrecia Hernández conocía de la existencia de este producto antes de que venciera, como lo evidencia el oficio de la UNICEF, además del delito de incumplimiento de deberes, la ahora ex ministra podría enfrentar cargos por homicidio culposo.

Tras conocer la decisión del Presidente Jimmy Morales de declarar non-grato al comisionado de la CICIG, Lucrecia Hernández Mack y sus viceministros presentaron una carta de renuncia en la que resaltaban que tras esa decisión “el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ética y políticamente viable en un gobierno como el suyo”. Así Hernández Mack encontró la puerta de salida de un ministerio cuya crisis lejos de retroceder al asumir ella la administración, se agravó y terminó dejando desamparados a menores de edad que requerían para sobrevivir los ATLC que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tenía embodegados.

De acuerdo a Germán González, secretario de SESAN, en la actualidad el 46.5 por ciento de los niños menores de 5 años en el país, sufre desnutrición crónica. Un lúgubre retrato que concuerda con la apreciación de la UNICEF que considera que 8 de cada 10 niños en el área rural de Guatemala, padece este flagelo. Por donde se vea, resulta imposible concebir que el Ministerio de Salud Pública puede caer en sobreabastecimiento de alimentos nutricionales listos para consumo para combatir la desnutrición en el país. La ahora ex ministra, debe responder – y no con un tuit –  por las muertes de menores a causa de la desnutrición durante el tiempo que fue la autoridad superior de la Salud Pública del país.

Artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala:

“Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.  La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles”. (El subrayado es nuestro).

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