LAS TELEFÓNICAS TAMBIÉN CORROMPEN

UNA INFLUENCIA ARROLLADORA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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El actual Congreso se ha ganado a pulso su desprestigio. Primero, por el altísimo costo de cada ley cuando se compara el presupuesto anual con la productividad de los diputados. Segundo, porque cuando sí trabajan no lo hacen velando por los intereses de la ciudadanía, sino por los intereses del mejor postor entre los grupos de poder. Es innegable, si algo pasa en el Congreso es porque corrió pisto de por medio. De sobra sabemos quiénes lo reciben, pero… ¿quiénes lo dan?

Recientemente, los titulares de un súbito pronunciamiento por parte del gigante sueco Millicom, en relación a su filial comercial en el país, TIGO, sorprendió a muchos. El comunicado de Millicom señala que ha “informado a las autoridades policiales de Estados Unidos y Suecia, acerca de potenciales pagos indebidos realizados en nombre de su filial comercial en Guatemala”. En respuesta, TIGO hizo circular un mensaje firmado por Manuel Sisniega, director de Asuntos Corporativos, en el que aseguran que “desconocemos a que se refiere específicamente el comunicado (podría tratarse incluso de denuncias anónimas que por regulaciones bursátiles deben reportarse), nuestra postura es que estamos disponibles para cualquier investigación que se considere conveniente…”.

Si vemos más allá de la obvia cercanía entre el gobierno de Otto Pérez Molina y TIGO, expresada en los nombramientos de Ricardo Sagastume y Acisclo Valladares Urruela, designados en las carteras de Economía y Competitividad respectivamente, ambos provenientes de las filas de TIGO; encontramos esta misma influencia negativa del sector de la telefonía, como una densa sombra sobre el Congreso de la República.

Para comprender cómo funciona este avasallador dominio de las compañías telefónicas sobre las bancadas del Congreso, basta recordar cómo el 20 de noviembre del 2012, las bancadas LIDER, PP y TODOS, unidas en común acuerdo, logran la aprobación de una prórroga por 25 años de las frecuencias radioeléctricas, la cual benefició a los grandes de la telefonía: TIGO, CLARO y TELEFÓNICA MOVISTAR; sin tener que pagar lo justo al Estado. En comparación, en Nicaragua se concedió el uso similar de frecuencias a cambio de un pago al Estado mayor a los $700 millones de dólares (más de Q5 mil millones de quetzales). ¿Cuánto está dejando de percibir el Estado de Guatemala?

Después de la aprobación de las prórrogas para el uso de las frecuencias, las compañías telefónicas fueron las mejores aliadas del gobierno del Partido Patriota y sus bancadas alineadas, disfrutando de múltiples privilegios; incluyendo beneficios fiscales y discreción en cuanto a actividades de vigilancia ilegal a través de su infraestructura de telecomunicaciones.

Quién podrá olvidar aquella famosa “Ley Tigo”, como popularmente se le bautizó, la cual venía disfrazada en la “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento a la Infraestructura de Transmisión de Datos”; de la cual sólo 1 de sus 17 artículos aborda el objetivo de bloquear la señal celular en las cárceles. El resto, era una serie de nuevas disposiciones que benefician a las telefónicas que operan en el país.

Esta ley aprobada el 8 de abril del 2014, vulnera la autonomía de las municipalidades, contradiciendo lo establecido en la Constitución, y hasta la fecha no ha presentado resultados significativos. La misma ley contempla una multa entre Q300 mil y Q500 mil a los operadores de telefonía que incumplan con la normativa, pero tanto la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) como el Sistema Penitenciario, han negado información a los medios de comunicación en torno a la efectividad del bloqueo de la señal.

Fuentes conocedoras del sector de las telecomunicaciones aseguran que los grandes de la telefonía tienen influencia hasta en la Corte de Constitucionalidad. Refieren como prueba de ello, resoluciones que recurrentemente favorecen a CLARO, y el hecho de que la hija del magistrado Molina Barreto labore en el bufete interno de TIGO.

Lo cierto es que, como quien no aprende del carácter volátil de la mezcla entre la política y los negocios, o depende de ello, las compañías telefónicas ahora se disputan el dominio de la banda 4G a fuerza de su influencia política. Asesores del Congreso coinciden en que Mario López Estrada, presidente de TIGO, está auspiciando la conformación de una bancada independiente que operará bajo el liderazgo de Alfonso Portillo; sumada a los diputados de TODOS, podría llegar a integrar un grupo de alrededor de 27 diputados.

Los analistas más atrevidos, consideran que la influencia de las telefónicas podría llegar a alcanzar a 40 de los 158 congresistas, un número clave para aprobar o detener cualquier iniciativa de ley.

Los ciudadanos guatemaltecos estaremos vigilando.

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