LO QUE EL OJO DEL SUPER NO VE

Algo se esconde en los puertos del país

EDICIÓN: 54
POR: Grupo de Análisis PB
analisis@revistaperrobravo.com

 

Las actuaciones de todo funcionario público de alto nivel, influyen en las perspectivas que construyen la opinión pública. Bien que mal, a donde apunte Juan Solórzano Foppa, el implacable Superintendente,  se volcarán las luces y las cámaras, dejando otros ángulos en una oscura invisibilidad.

Es más que evidente que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), bajo el liderazgo de Solórzano Foppa, ha tomado el tema portuario como una prioridad. Mismo interés debe compartir el directorio de la SAT presidido por el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada.

Indiscutible que la problemática portuaria debe abordarse, y deben tomarse acciones inteligentes y viables encaminadas a desarticular la corrupción que no ha dejado de operar en los recintos portuarios del país. La eficiencia y transparencia en el funcionamiento de los mismos es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, específicamente a cargo del Viceministerio de Puertos y  Aeropuertos, cuyo actual titular es Rudy Keller, así como de las autoridades de cada una de las empresas portuarias.

El enemigo de mi enemigo, mi amigo es

Por supuesto que la rampa Fénix ha sido un foco de corrupción en Puerto Quetzal. Cualquier trabajador de la Empresa Portuaria Quetzal, delegado de la SAT o transportista, que tenga varios años de trabajar en ese puerto, tendrá sus propias historias y relatos curiosos en torno a lo que ahí ocurre. No es ningún secreto que dicha rampa ha sido vinculada con Gustavo Alejos y Gregorio Valdés, aunque Sergio Prado sea el que pone la cara.

Por eso cuando el titular de la SAT afirma públicamente que en esa rampa se ha venido saboteando la instalación de cámaras y de otras medidas que transparenten la revisión de los contenedores y mercadería que ahí desfilan, hace mucho sentido. Pero lo que el Superintendente obvia en sus acusaciones, es que en Puerto Quetzal existen otras cuatro rampas cuya fiscalización es igual o más escueta si no es que nula, y manejan cargamentos nada despreciables.

Lo anterior es tan innegable como el hecho de que al debilitar públicamente a Puerto Quetzal, con todos sus problemas de operatividad, se fortalece a la tristemente célebre Terminal de Contenedores Quetzal, mejor conocida como TCQ, un negocio sucio que hasta el mismo presidente Jimmy Morales ha procurado que se limpie desde el Congreso.

La estrangulación de Puerto Quetzal no sólo radica en las quejas de Solórzano Foppa en cuanto a que la rampa Fénix no está colaborando para recaudar más impuestos. En ese cometido también ha sido clave la colaboración de Bernardo De Jesús López, actual presidente de la Junta Directiva de la EPQ y muy cercano amigo de Enrique Godoy, Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano y ahora presidente del INFOM. Fuentes internas de la EPQ aseguran que López ha procurado el atraso de todos los desembolsos a los proveedores, los cuales ahora tienen que esperar 60 días o más para obtener sus pagos respectivos.

Cambio de lente en la EMPORNAC

Ha sido notorio que cuando el Superintendente se refiere a la problemática de la EMPORNAC no solo cambia el tono, si no también su punto de vista. De acuerdo a sus declaraciones, se deduce que para Solórzano Foppa en ese recinto portuario las rampas ya no son el problema, porque apunta sus cañones a diferentes contratos portuarios cuya vinculación con esquemas de corrupción no se debe negar, pero que están fuera de la competencia de la SAT.

La Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), es una entidad tan autónoma como la misma SAT, por lo que contratos opacos como los relacionados al grupo INTERPORT, del empresario prófugo Jurg Widmer Probst y su familia política en Guatemala, a los que Solórzano ha hecho alusión al expresar que se sigue ”financiando a gente prófuga de la justicia que mantiene contratos portuarios”; quedan totalmente fuera del alcance de la SAT, cuyo deber es vigilar la eficiencia y transparencia únicamente de la operación de las aduanas que funcionan en los puertos.

Lo más delicado en ese cambio de abordaje no es sólo que el Superintendente de la SAT se esté extralimitando en sus funciones, lo es que Juan Francisco Solórzano Foppa esté recortando del retrato de la corrupción en la EMPORNAC, el problema principal: la opacidad que rodea a la única rampa activa.

Mientras que públicamente el Superintendente esparce los rumores en torno a la rampa Fénix en Puerto Quetzal y la señala directamente, tal vez por inexperiencia o falta de conocimiento, calla en torno a lo que sucede con la rampa que tiene a su cargo la empresa Servicios de Estiba del Norte, S.A. (SERVIESTIBA); la única en Puerto Santo Tomás  en donde se recaudan impuestos. En todo el recinto portuario de la EMPORNAC, sólo en esa rampa funciona la aduana, por lo que es la única que sí compete directamente a la SAT, entonces ¿por qué habría de omitirla el Superintendente en su análisis?

 

De forma anómala la EMPORNAC le ha concedido una prórroga de 6 meses a SERVIESTIBA. Imagen: PB

Si la SAT está interesada en transparentar la recaudación de impuestos en Puerto Santo Tomás, resulta injustificable que no se haya pronunciado respecto a las bases de licitación para la “contratación de una empresa para la prestación de servicio de vaciado, llenado, inspección ocular, desestiba y estiba de mercaderías en bodega, anexos y patios de inspección”, identificada con el NOG 6119476. En dichas bases, se busca evidentemente beneficiar a la empresa SERVIESTIBA, estableciendo criterios de evaluación que favorecen a dicha compañía, asignando 20 puntos a la “Experiencia en la prestación de servicios” y otros 20 puntos a la “Productividad”, aspectos que sólo puede ofrecer la empresa a cargo de la única rampa habilitada en Santo Tomás para atender contenedores comerciales.

La rampa en la oscuridad

 Los sindicalistas con muchos años de trabajar en el Puerto Santo Tomás saben muy bien a quién pertenece la rampa única, y hacen memoria que fue fundada por el ex presidente de Puerto Quetzal y ex Secretario Privado de la Presidencia de la República, Julio Girón. Algunos trabajadores recuerdan que durante el gobierno de la UNE lo obligaron a vender esta empresa, pero con el contrato vigente y funcionando.

Son estos mismos sindicalistas los que señalan hoy al diputado de la UNE, Jorge Estuardo Vargas, quien fungió como gerente de la EMPORNAC, y al empresario Arturo Samayoa, como los actuales socios de esa rampa. Una vinculación que podría explicar por qué Vargas, apoyándose en los diputados Luis Hernández Azmitia y Christian Gabriel, reta a las autoridades de la EMPORNAC constantemente y ordena citaciones a todos los funcionarios que puedan poner en riesgo su negocio.

El diputado Estuardo Vargas ha ordenado una serie de citaciones para proteger sus intereses. Imagen: PB

En promedio, según registros de la EMPORNAC, en ese puerto se manejan alrededor de 22 mil contenedores al mes. De acuerdo al contrato prorrogado de SERVIESTIBA, le corresponde a dicha empresa un mínimo del 40% de esos contenedores, equivalente a 8,800 contenedores por mes. La revisión de cada contenedor tiene un costo de más de $100 USD. Según el contrato firmado entre las empresas, las cuentas quedaron de esta manera: el 40% para EMPORNAC y 60% para SERVIESTIBA, lo que significa para esta última, una facturación que está arriba del medio millón de dólares mensuales.

Mientras que en Puerto Quetzal, que maneja una menor cantidad de contenedores al año, existen 4 rampas y en TCQ ya funciona una, en el Puerto Santo Tomás opera una sola rampa. Además, en Puerto Quetzal los dueños de las rampas las han construido con sus propios recursos como parte obligatoria, mientras que en Santo Tomás todo esto fue construido por la propia EMPORNAC para que SERVIESTIBA ahorrara estos costos cuando Vargas era gerente de dicha empresa portuaria.

Las especificaciones técnicas en las bases de licitación para la prestación de servicios en la rampa de Santo Tomás, son tan pobres que sólo refieren que el personal cuente con protección, que cuente con inducciones, y que el adjudicatario respete las leyes laborales y tenga alta productividad. Foto: Archivo

Por si lo anterior fuera poco, el negocio del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para la rampa en cuestión, aspecto clave en el control del cobro de impuestos, revisión de mercadería legítima y de mercancía que riñe con la ley (armamento, cocaína, precursores, etc.), lo tiene a su cargo la empresa DATA EXPERT S.A., que según los trabajadores de la EMPORNAC también es del diputado Vargas y su socio Samayoa.

Al manejar la rampa de revisión y el CCTV, los socios le aseguran a cualquier empresario la manipulación de su carga y de ciertas evidencias, lo que la hace más atractiva y amigable para la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.

Analistas coinciden en que Godoy y Solórzano podrían estar coordinados para debilitar ciertos aspectos de la portuaria. Foto: Archivo

Sin ningún ánimo de disimulo, las bases y la conducción del proceso de licitación pública para el nuevo contrato de CCTV para la rampa única en Santo Tomás, están dispuestas de tal forma que beneficie al mismo contratista, lo cual ha sido ya denunciado por los oferentes competidores. “Debilidad en las bases y sesgo a proveedor actual”, se lee en el motivo de la inconformidad presentada por Corporación Sistemas y Auditorías Integrales de Tecnología, S.A, en el evento identificado en Guatecompras con el NOG 6246060. De esto, Sólorzano Foppa tampoco habla.

El Superintendente sabe que es muy peligroso, tanto para su integridad física como para sus aspiraciones políticas, entrar en contienda con el bloque UNE, por lo que surge la interrogante: su parcialidad en el enfoque de la problemática en las portuarias ¿es resultado de su falta de experiencia o de su búsqueda de conveniencia? La fiscalización de las aduanas no puede hacerse con un ojo cerrado.

 

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