LO QUE EL “TSUNAMI” EXIGE DEL PRESIDENTE

¿Podrá Jimmy subirse a la ola contra la corrupción?

Por: Redacción Perro Bravo

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El “tsunami” prometido por CICIG y el MP desde abril pasado, llegó en otro #JuevesdeCicig exponiendo un entramado de empresas que facilitaron el financiamiento ilegal del PP y el enriquecimiento ilícito de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. He aquí una oportunidad, como ninguna, para que el actual Presidente se gane la confianza de la ciudadanía.

Desde el inicio de la conferencia a la Prensa, conducida por el comisionado Iván Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana, para presentar ante la opinión pública el caso llamado #CooptacióndelEstadoGt; se había anunciado que en la segunda parte el Presidente de la República daría un mensaje.

Tras exponer la diversidad de esquemas de corrupción que funcionaron dentro de una extensa organización dispuesta para el enriquecimiento de la cúpula del Partido Patriota , el MP , la CICIG y el Ministerio de Gobernación, anunciaron un descanso después del cual la Fiscal General y el Presidente darían a conocer información importante.

Había mucha expectativa entre los periodistas, algunos querían preguntarle al Presidente de su relación con el grupo de medios propiedad del magnate mexicano, Ángel González, otros, querían saber si tomaría medidas concretas para limpiar las portuarias; ámbitos principales en el caso Cooptación del Estado expuesto antes por la CICIG y el MP.

En realidad el mensaje del MP y del Ejecutivo era que la Fiscal General había tomado la decisión de pedir la Extinción de Dominio de las instalaciones de TCQ, y que el Presidente respaldaba el nombramiento como Interventor de la terminal de contenedores, al abogado Alexander Aizenstatd. Aunque algunos reporteros abordaron el tema de TCQ, la mayoría de preguntas giraban en torno a las decisiones del Presidente después de lo expuesto por el MP y la CICIG.

Ahora el Presidente deberá decidir si se suma a la lucha contra poderosas organizaciones cuyos tentáculos apenas empiezan a revelarse, o prefiere seguir entregando escritorios y moralejas. Ganar una elección no significa tener “carta blanca” con el pueblo, sobretodo tomando en cuenta las condiciones del país cuando a marcha forzada llegó a las elecciones pasadas, Jimmy Morales necesita ganarse la confianza de los ciudadanos.

Aquí compartimos 3 señales claras que la ciudadanía guatemalteca espera del Presidente a partir de las revelaciones del caso “Cooptación del Estado”…

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  1. ORDENAR A LA SIT Y PGN QUE REVISEN FRECUENCIAS DE TV ABIERTA:

 

 

Según denunció el MP y la CICIG, Roxana Baldetti se encargó de coordinar a cuatro empresas “de cartón”: COMERCIAL URMA, PUBLICMER, PUBLIASES Y SERPUMER, para canalizar fondos provenientes de los canales 3 y 7, destinados para campaña electoral, a espaldas del TSE, para colocar a Otto Pérez Molina y al Partido Patriota en el poder. Dichas empresas de cartón facturaron falazmente a diversos financistas un total de Q50 millones destinados a la campaña electoral, de los cuales a partir del 2008, las televisoras aportaron con un total de Q17,679,200.00, en pagos mensuales, de Q215.600.00 de RADIOTELEVISION GUATEMALA S.A. (Canal 3) y otro similar por parte de TELEVISIETE S.A. (Canal 7). Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para la compra de vehículos último modelo, bienes inmuebles para los políticos y publicidad del Partido Patriota, aseguran las autoridades.

Albavisión, empresa a la que pertenecen los canales señalados 3 y 7, empezó a cosechar los frutos de su inversión, desde el 2012 con la asunción del PP, se concedieron contratos en concepto de pauta gubernamental por Q242.6 millones, de los cuales el 10% de comisión también iría a los bolsillos de Pérez y Baldetti. Durante el período patriota el 77% de la pauta publicitaria gubernamental, pagada con los recursos públicos, entró a las cuentas del grupo Albavisión.

El conocido magnate y “monopolizador” de las tele-comunicaciones en Guatemala y Latinoamérica, Remigio Ángel González, es un mexicano nacionalizado guatemalteco que llegó a Guatemala junto a 3 hermanas en 1973, trabajó en Canal 7 vendiendo publicidad y se casó con la hermana, del también señalado por la justicia Luis Rabbé. El mismo día de su luna de miel enviudó en un accidente de tránsito. En 1990 González se casó con otra guatemalteca llamada Alba Elvira Lorenzana, actualmente prófuga de la justicia por este proceso y propietaria de los canales ya que la ley le impedía a un extranjero ser propietario de los mismos.

Paradójicamente, Luis Rabbé, ex presidente del Congreso y actual diputado que enfrenta antejuicio, se casó con la hermana de González, por lo que la relación familiar entre estos dos personajes es estrecha. El actual dueño y fundador de Albavisión, ha estado presente desde la llegada de la democracia a Guatemala, a mediados de la década de los ochentas e inicio de los noventas, época en la que adquirió un gran poder al acaparar concesiones de casi todos los canales nacionales de televisión abierta y radios del país, cooptando la comunicación social y aprovechando su posición para influir en la opinión pública y así en vida política del país, ganándose el sobrenombre de el “Ángel de la democracia”, ya que para ganar elecciones es necesario contar con su aprobación.

El actual Presidente electo por el pueblo, quien niega cualquier relación política con Ángel González, pero ha basado su carrera artística, empresarial y política en estos canales de la televisión abierta, debe mostrar sus manos limpias y su buena voluntad para gobernar sin presiones y compromisos. Jimmy Morales puede iniciar un proceso, apoyándose en la Superintendencia de Telecomunicaciones y en la Procuraduría General de la Nación, para declarar lesivas las concesiones monopólicas renovadas durante el gobierno de Álvaro Colom de forma instantánea, gratuita, por 25 años más, y sin ningún tipo de replanteamiento que beneficie al Estado en general.

2. TRANSPARENTAR BANRURAL:

En el caso #CooptaciónDelEstado quedó evidenciado que Banrural habría ‘’pecado’’ por omisión a todos los factores que podían determinar los pagos realizados por Julio Aldana en representación de los préstamos realizados por Roxana Baldetti como ilícitos o ilegales. Banrural es una entidad de capital mixto, lo que significa que está constituido tanto por fondos públicos como privados. Fue creado luego de que el Congreso de la República lo aprobara mediante un decreto. Desde el mes de marzo, el banco ha estado bajo el ojo público. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República convocó a finales de ese mes a Fernando Peña y Samuel de la Cruz –Presidente del banco y gerente respectivamente- para brindar declaraciones sobre los préstamos millonarios concedidos a empresas vinculadas a la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

Este banco, segundo más grande del país, ya ha sido vinculado a casos polémicos. El asesinato del empresario Khalil Musa seis años atrás había expuesto la pugna de intereses en torno al control del banco. El abogado de Musa, el también difunto Rodrigo Rosenberg, acusó el motivo del homicidio como una acción en contra de la negativa por parte de Musa de encubrir los negocios ilegales que se negocian día a día en Banrural.

La CICIG y el MP presentaron en el caso Cooptación del Estado, un cuadro con las comisiones que recibía Roxana Baldetti, a través de las operaciones y empresas a cargo de Julio Aldana, quien descontaba los gastos administrativos de las empresas que representó y puso a disposición de la organización, mientras que el resto del dinero iba destinado al pago de las tarjetas de crédito de Roxana Baldetti. Las comisiones de julio a diciembre 2012 representaron un total de Q2,150,256 supuestamente pagados por Banrural a cambio de los depósitos a plazo fijo de varias instituciones estatales.

plazos fijos

El MP, en acción conjunta con la CICIG, informó que hay órdenes de captura en contra de Fernando Peña y Julio Aldana, representante comercial del banco, el cual fue el contacto directo de Banrural con las empresas de cartón de Roxana Baldetti.

El Estado, al poseer un 30% de las acciones y tener fuerte influencia en la Junta Directiva de Banrural, cuenta con la potestad y los mecanismos necesarios para hacer cambios drásticos dentro de la estructura interna del banco. Los ciudadanos esperan que el presidente Jimmy Morales, emprenda una iniciativa para limpiar y transparentar el banco, desde la creación de una comisión de transparencia que coordine auditorías externas de las finanzas de Banrural, hasta remover elementos corrompidos dentro de su organización. Los guatemaltecos demandan señales claras de cambio en el gobierno del Banco de Desarrollo Rural.

 

3. PROHIBIR CONTRATOS Y PAGOS DEL EJECUTIVO A LAS COMPAÑIAS CORRUPTORAS:

Con las llamadas declaraciones “ministeriales” de Juan Carlos Monzón, quien fue Secretario Privado de la Vicepresidencia y operador en varios esquemas de corrupción, y de Víctor Hugo Hernández, otro miembro de la estructura y contador de varias empresas de esta red de lavado, la CICIG y el MP pudieron hilar las diversas transacciones provenientes de grupos de constructoras contratistas del Estado. Según lo expuesto por la CICIG, “el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral (2011), el cual provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández. En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes como las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades”. Así mismo, en la presentación del caso Cooptación del Estado, el MP y la CICIG explican el alcance de la estructura ya en el poder: “En las diligencias de investigación se han identificado al menos 450 contratos dentro de instituciones del Estado que fueron diligenciadas por esta estructura criminal”. “A partir de los registros encontrados, se evidenciaron los contratos que las entidades intervenidas por la estructura asignaban a determinados contratistas contra pago de comisiones, el cual era distribuido entre jefes y equipo. A este mecanismo perverso dentro de la estructura se le denominó INCENTIVO COMERCIAL MONETARIO (ICM). Se determinó que el monto de ICM asciende por lo menos a Q500 MILLONES.”

Son muchas las empresas contratistas del Estado que participaron en el financiamiento ilegal del Partido Patriota y en el pago de comisiones a cambio de contratos una vez OPM y Baldetti estaban en el Gobierno, por lo que el Presidente debe exigir sumo control en las carteras del Ejecutivo para que no se proceda con ningún contrato o desembolso a cualquiera de estos grupos empresariales, así como otras compañías vinculadas directa o indirectamente.

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Es importante recordar que organizaciones como las dirigidos por Raúl Osoy, con empresas como TOPSA Construcciones S.A., que ha recibido más de Q917 MILLONES en contratos con el Estado; o el grupo al que pertenece Álvaro Mayorga Girón, quien ha sido Presidente de la Cámara de la Construcción y de la Asociación de Contratistas de la Construcción, y propietario de Constructora Nacional S.A. (CONASA), constructora de trayectoria con más de Q2,206 MILLONES en contratos estatales; han desarrollado con los años en el negocio, relaciones a todo nivel en el Ministerio de Comunicaciones y otras instituciones gubernamentales.

Esas relaciones explican por qué algunas de las empresas señaladas de corrupción se benefician con contratos y agilidad de desembolsos más allá del gobierno de turno. Para señalar la importancia de que la Presidencia gire una instrucción clara a todo su gabinete de Gobierno para prohibir la contratación y pago a estas empresas vinculadas a sobornos y lavado en beneficio de Otto Pérez Molina y Baldetti, resaltamos el caso de ALTRACSA, cuyo representante es Marco Antonio Recinos. De acuerdo a la CICIG y el MP, la empresa Alquiler de Tractores S.A., participó junto al grupo de empresas de Osoy, en el financiamiento ilegal del PP con transacciones por más de Q11 MILLONES. De acuerdo a Guatecompras, dicha empresa se ha beneficiado con contratos con el Estado por Q352,644,934.69, de los cuales, los últimos Q386,292.42 corresponden a contrataciones ya en este año 2016, principalmente de municipalidades y de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico.

La sociedad guatemalteca debe exigir al Presidente que de muestras claras de su voluntad por servir a los intereses de los ciudadanos, pero además, podemos trasladar la indignación que genera la corrupción entre malos empresarios y políticos, hacia la participación en el diálogo para las reformas a la justicia. Como decía el comisionado Iván Velásquez cuando anunciaba el tsunami y declaraba en torno al avance del diálogo por la reforma a la justicia, “ya es tiempo de pasar de las protestas a las propuestas”.

Para leer la presentación completa de CICIG, haga click aquí

 

 

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