Los facilitadores

DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

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Edición: NOV 2012
Autor: Redacción Revista Perro Bravo
Correo: Redacción Revista Perro Bravo

Un país llamativo para la inversión extranjera…

Desde hace poco más de 9 años, el sector de explotación de recursos naturales en el país ha sido cada vez más llamativo para la inversión extranjera, atrayendo empresas transnacionales que se ven beneficiadas por la débil legislación en la materia, y porque la cultura de corrupción y tráfico de influencias permiten comprar voluntades de funcionarios capaces de allanarles el camino.

La misión de un “facilitador” de proyectos de recursos naturales es que sus solicitudes y propuestas avancen sin ser estudiadas a profundidad, sin ser validadas con la sociedad, y sin tomar en cuenta los resultados de las consultas de las comunidades afectadas. A continuación Revista Perro Bravo les presenta a tres de estos funcionarios claves…

Un MARN con flojera

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a cargo de la Licenciada Roxana Sobenes García, es el encargado de velar por la protección y conservación de la naturaleza, y su carácter debe ser el de un fiscalizador de los proyectos de explotación de recursos naturales.

Recién designada como ministra, Sobenes afirmó a la Prensa: El Ministerio se convertirá en un ente fiscalizador y vamos a mejorar sus funciones de control, seguimiento y monitoreo de proyectos… se actuará con todo el peso de la Ley. Desafortunadamente, sus acciones describen una administración más bien tendiente a la pasividad, al tortuguismo burocrático, y a una actitud permisiva ante la industria extractiva.

A pesar de que el MARN ha contratado en el 2012 a una absurda cantidad de 479 consultores individuales, además de 28 empresas consultoras, es uno de los ministerios con menor ejecución hasta el momento. A la fecha, a un par de meses para finalizar el año, su ejecución presupuestaria no supera el 36%.

Durante lo que va del 2012 el MARN no ha conocido ningún caso: diagnóstico ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o similar; relacionado a la industria extractiva en el país. Así mismo, tampoco ha presentado ningún informe de monitoreo respecto al nivel de contaminación de los recursos naturales que rodean las áreas de explotación minera o petrolera.

Para colmo, recientemente el MARN autorizó el Plan de Cierre de la Escombrera y el Tajo Marlin I, perteneciente al complejo de la mina Marlin, propiedad de la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A. Según el expediente No.067, el Plan de Cierre ingresó el 21 de marzo del 2012 y fue aprobado el pasado 11 de septiembre. Este Plan de Cierre contempla las obligaciones que la empresa tiene con Guatemala respecto a la restauración de los ecosistemas del área afectada, no obstante, fue aprobado a pesar de la oposición expresada por organizaciones como la Diócesis de San Marcos y en Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), instituciones que entre otras cosas señalaban que el Plan de Cierre propuesto carecía de programas a largo plazo para monitorear las repercusiones de la mina que pueden manifestarse 40 o 50 años después. De igual forma, señalaron que no se establecía una fianza adecuada para cubrir cualquier daño derivado de la actividad minera que pueda presentarse en el área y en su entorno, mucho tiempo después del cierre técnico de la mina.

El ministerio complaciente

Si el MARN ha decidido ver hacia otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) muestra una postura descaradamente complaciente con el sector minero. Desde el inicio de su gestión fue evidente la inclinación del ministro de Energía y Minas, Erick Archila, al proponer un acuerdo con las empresas extractivas para aumentar el pago de regalías de forma no obligatoria, sino voluntaria.

Hasta marzo del 2012 el Catastro Minero registraba 116 licencias de exploración y 274 de explotación. No obstante, las empresas mineras, confiadas en su injerencia en las instancias del MEM, avanzan en la construcción del proyecto más allá de lo que contempla una licencia de exploración. Claro ejemplo de esto es la construcción del túnel de la mina El Escobal, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, perteneciente a la empresa Minera San Rafael S.A., la cual aún no cuenta con la licencia de explotación. Aunque Minera San Rafael S.A. únicamente cuenta con una licencia de exploración, ha construido un túnel de cientos de metros de profundidad y enormes proporciones, que ha requerido una altísima inversión, y que a todas luces está diseñado para la puesta en marcha de la extracción con fines de explotación; tal como lo demuestra la foto del túnel de El Escobal publicada por elPeriódico en julio 2012 (http://www.elperiodico.com.gt/es/20120719/economia/215273/).

Dado lo anterior, llama mucho la atención que en el MARN, la delegación de Santa Rosa únicamente ha aprobado un proyecto relacionado a ese túnel en el municipio de San Rafael Las Flores: el estudio No.500 del 2010, cuyo nombre es “Túneles de exploración minera Oasis”, y cuya representación legal corresponde a Sergio Ernesto Saenz García, actual presidente de Minera San Rafael de Tahoe Resources Inc.

Para terminar de retratar el espíritu servil de la actual administración del MEM, basta con señalar que la más reciente propuesta del MEM en esta materia se trata de una iniciativa de Ley, presentada unilateralmente, mediante la cual se pretende la creación de un Consejo Minero, con injerencia en el procesamiento de las licencias, el cual se busca sea integrado también por representantes de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext). En la actual Junta Directiva de la Gremiext, figura como presidente el Lic. Mario Rodolfo Marroquín, y como tesorero el Ing. Sergio Ernesto Saenz, de las empresas hermanas Goldcorp Inc. y Tahoe Resources Inc., respectivamente.

Una Comisión parcializada

Edgar Cristiani es el actual presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, de la cual se espera propicie un debate equilibrado en torno a una legislación justa que ofrezca soluciones al conflicto minero. No obstante, la opinión de dicha comisión fue ignorada recientemente por el ministro de Energía y de Minas al presentar su propia iniciativa para la reforma a la ley de minería. En un contexto en donde recién ocurría un enfrentamiento entre las autoridades y manifestantes que rechazaban el proyecto minero en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Revista Perro Bravo dialogó con el diputado Cristiani…

Su falta de propuestas y la pasividad con la que actúa ante la conflictividad social generada por la explotación de recursos naturales, hacen lucir a la Comisión de Energía y Minas como parcializada a favor de los intereses de las trasnacionales que operan en el país.

La Comisión necesita conocer la realidad actual de la situación minera, por eso le hemos dado prioridad a la tarea de conocer la mayoría de proyectos mineros para analizar los beneficios que pueda obtener la población. No obstante, la misión que yo me tracé para este año es poner en ley el acuerdo voluntario que se tiene con la gremial de empresas de industrias extractivas. Sabemos que el 1% de regalías es muy poco y, considerando que en Guatemala no tenemos personas expertas que puedan producir lo que una empresa minera canadienses o americana puede, creemos que el 5 % es un porcentaje competitivo y justo para el país. Creo que debemos de ofrecer una mayor apertura a las empresas que se dedican a esto, y debemos de poner reglas más claras porque, hoy por hoy, también ellos están temerosos de seguir invirtiendo en el país.

Hablando de reglas claras, antes de autorizar licencias es importante legitimar la opinión de las comunidades que se verán afectadas, ¿la Comisión de Energía y Minas ha revisado los resultados de consultas municipales en torno a este tema?

En San Rafael Las Flores, por ejemplo, nos presentaron el informe de una consulta popular que no está bajo los lineamientos que establece la ley, es decir, las personas que participan en la consulta no están empadronados, otras personas no son residentes del municipio, y existe participación de niños; entonces nosotros no podemos tener como válida esa consulta porque no cumple con las especificaciones que requiere la ley. Ahora el alcalde tiene la tarea de volver a hacer una consulta bajo los lineamientos de ley, sin embargo, por la misma conflictividad, él está temeroso de hacer una consulta en este momento.
Si la Comisión, en una consulta que cumpla con todas las de ley, verifica que las comunidades no quieren un proyecto minero en su entorno, ¿cuál sería su posición?

Sería una situación difícil, y dependería del nivel de avance del proyecto en cuestión.

¿No considera que el avance del proyecto tendría que depender del respeto a la decisión de las comunidades?

Mire, como Comisión de Energía y Minas del Congreso creemos que estos proyectos son necesarios para el desarrollo del país. La nueva reforma a la ley de minería contempla que todos los municipios del departamento también reciban un porcentaje de las regalías, entre otros cambios trascendentales que buscan que la población pueda palpar los beneficios de contar con un proyecto extractivo. De lo contrario, el conflicto va a continuar. Además, tanto la Comisión de Energía y Minas como el Ministerio de Gobernación, tienen conocimiento que la gente que manifestó en San Rafael Las Flores, no es residente del lugar, que fueron acarreados en buses, que les dieron alimentos, etc. Entonces, es evidente que esa movilización tiene un costo, lo cual quiere decir que existe gente patrocinando este tipo de situaciones que afectan la gobernabilidad del país.

¿La Comisión mantiene una relación estrecha con el MARN para evaluar el impacto ambiental que cada proyecto minero genera?

Hemos pedidos informes al MARN y los resultados de sus estudios indican que la industria extractiva ha sido responsable en mantener monitoreo constante de los trabajos que realizan y de la calidad de agua en las cuencas cercanas a las minas. Los estudios comprueban que no hay contaminación causada directamente por la industria extractiva. Si estos estudios están avalados por el MARN, qué le podemos decir a la gente… si quienes rechazan la minería sólo se basan en rumores que llegan al colmo de advertir que si alguien toma agua de los ríos cercanos a un proyecto, ¡su bebé va a nacer con cola pues!

Si bien es cierto que existe mucha desinformación respecto al tema, también lo es que no existe información fidedigna y confiable disponible para las comunidades…

En ese sentido las industrias extractivas han fallado, no han querido invertir lo suficiente en la labor informativa. Las empresas son responsables por la falta de comunicación hacia las comunidades, y no sólo en el municipio en donde operan, también es necesario que la información fluya hacia los municipios próximos.

No es ningún secreto que el sector extractivo apoyó al Partido Patriota en las pasadas elecciones; como diputado de esa bancada, ¿ha recibido instrucciones de parte de la cúpula del gobierno Patriota para facilitar el avance de los proyectos mineros y petroleros?

Primero, yo no estoy enterado de que la industria extractiva haya apoyado directamente al Partido Patriota, le soy honesto. Y segundo, yo no he recibido ninguna instrucción en ese sentido de parte del señor Presidente, ni de parte de la señora Vicepresidenta. Cuando se dio el problema relacionado con la mina en San Rafael Las Flores, lo único que hice fue ir al Ministerio de Gobernación para ver cómo iba la situación. Ahí me encontré a los directivos de la empresa, al presidente de Minera San Rafael, con una preocupación muy alta por lo que estaba pasando en esos momentos. Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la pérdida de credibilidad que tiene el país con esos hechos de violencia.

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