LOS MECANISMOS DE LA ANTI-JUSTICIA

LA POLÍTICA EN EL ESPEJO DEL SECTOR JUSTICIA

Más allá de la evidente pugna política que en estos momentos centra su mayor disputa en el proceso de elección de cortes, una guerra que ha llevado al país a una situación sin precedentes, con autoridades de facto en el Organismo Judicial que han excedido el periodo que la ley establece, basados en las actuaciones de una Corte de Constitucionalidad cuyos magistrados decididamente han violentado la propia Constitución que deben defender; ahora, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, es señalada de obstaculizar la justicia para proteger a Sandra Torres.

De acuerdo con la denuncia presentada por Andre Vladimir González, ex investigador de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el 11 de octubre del 2018, junto a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI y funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentaron ante Consuelo Porras el caso de financiamiento ilícito contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que establecía como “un grupo delictivo tenía por objeto captar fondos para la campaña electoral de 2015 sin que estos fueran reportados al Tribunal Supremo Electoral para evadir los controles de ley”. Los hallazgos indicaban también que la UNE había superado el techo de campaña.

Así mismo, González señala que Porras recibió el 19 de octubre 2018 un informe financiero integrado por 147 páginas, para que la Jefe del MP diera su visto bueno para que la FECI pudiera accionar ante la justicia.

Tres meses después, el 22 de enero del 2019, Porras ordenó finalmente a los fiscales presentar el caso contra dirigentes de la UNE pero hasta el 5 de febrero, argumentando motivos de “política criminal”, una decisión tomada junto a Julio Cordón, quien es Secretario de Política Criminal del MP. Para esa fecha, Sandra Torres ya había recibido sus credenciales por parte del TSE y gozaba de inmunidad como candidata presidencial de la UNE.

El ex investigador de la FECI afirma que “Porras y Cordón de manera coordinada obstruyeron la judicialización del caso contra Torres y así le dieron ventaja para que pudiera recibir la credencial ante el TSE para poder gozar de inmunidad y así la Feci no pudiera requerir la aprehensión.”

De igual forma, González señala que fue Porras quien pidió que Orlando Blanco, diputado de la UNE y quien fue secretario general del partido, fuera sacado del caso.

El MP en descrédito

La Fiscal General y Jefe del MP, Consuelo Porras, respondió mediante un comunicado a la denuncia de Andrei González, y recordó las palabras del jefe de la FECI, quien en una entrevista expresó que “los tiempos de las investigaciones no son políticos, son técnicos”, agregó que “es irresponsable judicializar un caso sin el debido análisis”.

En el comunicado Porras no explicó más en torno a la justificación técnica para haber decidido que el caso fuera presentado hasta febrero de este año, pero sí cuestionó las motivaciones de González para presentar la denuncia haciendo referencias a solicitudes anteriores por parte del investigador para recibir un ascenso y asignación de recursos, “ya que pareciese que por no poder contar con lo solicitado actúa emitiendo señalamientos”, afirma la Fiscal General.

Días antes el Ministerio Público estaba siendo cuestionado por otro caso. El lunes pasado el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Castillo, informó en su cuenta de Twitter de la captura de los dos empleados del Ministerio Público (MP) en un centro comercial de la zona 14.

Los trabajadores Karina Jeannete López (50), que trabajaba en la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero, y Elmer Lizardi Cash Díaz (26), de la Dirección de Análisis Criminal del MP, recogieron un paquete que simulaba contener Q85 mil como dinero de una extorsión contra un empresario. En la audiencia de primera declaración se dio a conocer que el empresario es Ernesto José Degenhart Asturias, hermano del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, así mismo se estableció que el empresario está siendo investigado por lavado de dinero.

La credibilidad del Ministerio Público se encuentra en la picota. No solamente en la actual administración, la anterior, a cargo de Thelma Aldana, enfrenta varios procesos judiciales, incluyendo el de la adquisición anómala del edificio en zona 5 sobrevalorado por varios millones de quetzales.

Más allá de los casos por los que Aldana tiene orden de captura, el caso de financiamiento electoral ilícito contra la UNE también arroja una sombra sobre su gestión. La ex Fiscal General habría afirmado que no encontró evidencias en contra de Sandra Torres, no obstante, como lo señala Porras en el comunicado reciente, el caso tenía tres años en la FECI; además, es innegable la existencia de escuchas telefónicas en las que se identifica a Sandra Torres en llamadas que datan desde el 2015 y que ahora han sido presentadas por la FECI ante el juzgado.

Someter desde las cortes

El peligro de la politización de la justicia y judicialización de la política tiene consecuencias muy graves para la institucionalidad del país. La política deja de ejercer su función de encuentro y consenso social para convertirse únicamente en un campo de batalla en el que los grupos de poder emplean sus distintas armas para asegurarse el dominio del Estado, siendo uno de sus más eficientes instrumentos el control de las cortes para que a través de sus resoluciones puedan proteger sus intereses propios y perjudicar al adversario con una aplicación parcializada de la ley. El interés del ciudadano y el bien común no son prioridad para ninguno de los grupos que hoy pelean por ejercer su influencia en el nombramiento de los próximos magistrados, solamente utilizan a la población como vocera de su mensaje.

Lo anterior explica la motivación para manipular, de un lado y del otro del espectro político, el actual proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

Para comprender los alcances de la penetración de la política en el sector justicia, basta con recordar como la CSJ rechazó in limine, es decir, sin conocerlo, el antejuicio en contra de Sandra Torres. De igual forma, la CC, teniendo en sus manos la posibilidad de abrir paso a la investigación contra Torres, protegió su candidatura con el manejo de los tiempos en sus resoluciones.

Es un hecho que desde la CC se han emitido resoluciones contrarias a la independencia de actuación de los tres organismos del Estado, lo que ha acrecentado el debate nacional en torno a la misión del tribunal constitucional y su ubicación dentro del Estado.

La pugna por el poder político ha sometido al sector justicia, viciando aun más el proceso de elección de cortes que ya se encontraba infectado por los intereses que representan muchos diputados, siendo uno de los objetivos que sea el próximo Congreso, con una diferente correlación de poderes entre las bancadas, el que termine nombrando a los nuevos magistrados de la CSJ y Apelaciones.

En esta contienda, se ha llegando al extremo de provocar que la Corte de Constitucionalidad violente la Constitución misma, abriendo la puerta para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que rige el Organismo Juidicial, terminara resolviendo la permanencia extraordinaria, totalmente contraria a la ley, de sus magistrados más allá de su periodo constitucional. Un grave precedente que abre la posibilidad a que las autoridades de cualquiera de los tres organismos del Estado que sostienen la República, se atreva a intentar extender su permanencia en el cargo más allá de su mandato.

Guatemala vive hoy un tétrico espectáculo de una guerra política anti-justicia, con un derroche de armamentos “judiciales” y mecanismos destructores de la ley, que buscan preservar el poder al servicio de intereses particulares, por encima del sentido del derecho, la libertad, la justicia y el bien común.

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