MEM, UN MINISTERIO COMPROMETIDO

El papel del Ministro Erick Archila

MEM UN MINISTERIO COMPROMETIDO

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erick Archila, fue vecino de Otto Pérez Molina, es un empresario con amplia carrera en producción y exportación de lácteos, destaca entre sus empresas la emisora de televisión por cable Canal Antigua. Sus intereses en la industria extractiva pueden relacionarse con su hermano, Herbert Archila ingeniero petrolífero y vicepresidente de la empresa BHP Billiton, nada más y nada menos que la empresa minera más grande del mundo.

Llegó a su cargo gracias al apoyo del sector extractivo, cuyos intereses protegió desde un inicio. Su discurso desde asumir el cargo se ha caracterizado por mensajes al estilo de: “ha sido de suma importancia para el país que se les dé apoyo a los proyectos si queremos tener futuro”. En abril del 2012 cometió el error de tildar de “irresponsabilidad”  por parte del gobierno anterior el no autorizar más licencias y estancar las oportunidades de aprovechar la riqueza minera como fuente de desarrollo.

Sorpresivamente presentó un proyecto de reforma a la Ley de Minería, pasando por encima de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, entonces presidida por el diputado patriota Edgar Cristiani. La razón que se manejó a nivel interno del Ejecutivo fue que la materia “urgía” y a pesar de que varios patriotas formaran dicha comisión, el cabildeo tomaría demasiado tiempo. De la misma manera fue él quien cocinó el incremento voluntario de las regalías mineras, mismo que pasó del 1% hasta el 5%, en un rango que varía por varios millones entre una y otra empresa.

Fue difícil para el Ministro manejar las reacciones de la propuesta de una moratoria de dos años para extender licencias de explotación de metales en el país. El tema fue presentado por el mismo presidente refiriéndose a que la decisión fue tomada en comisión ministerial. Sin embargo, se rumora que Archila acudió ante los círculos empresariales quejándose del Presidente, instándolos a oponerse firmemente para que dé marcha atrás. En una sola movida, salvándose ante la vista de sus benefactores y salvaguardando cualesquiera variados intereses tuviese en la materia. Fuentes internas del ministerio que pidieron proteger su identidad señalaron que podría ser un ardid del Gobierno para “cobrar doble comisión” y asustar con el “petate del muerto” a las empresas que ya están amarradas con una fuerte inversión realizada en el país, tanto sobre como por debajo de la mesa.

Para muestra un botón: el caso de Minera San Rafael y el Proyecto Escobal

La gestión de Archila propició que el gobierno aprobara de urgencia nacional 53 proyectos hidroeléctricos en todo el país, entendiéndose que la “urgencia nacional” usualmente permite saltar controles y requisitos que entorpecieran los intereses de los proyectos de explotación. Minera San Rafael solicitó la licencia de explotación el 8 de julio del 2011. En agosto de ese año el MEM hizo una inspección, y en octubre se estableció mediante un dictamen que la compañía cumplía con los requisitos técnicos y catastrales. El 3 de abril del presente, con gran satisfacción anunció el Ministro la aprobación de la concesión de explotación minera de la Mina San Rafael, Proyecto el Escobal, en los municipios de San Rafael las Flores, Mataquescuintla y Cuilapa. Lo anterior ignorando las consultas populares realizadas en años anteriores, en las que las poblaciones locales manifestaban su absoluto rechazo hacia el proyecto. 24 días después la seguridad de la empresa Minera San Rafael, disparó contra seis comunitarios de San Rafael Las Flores que se dirigían al plantón de resistencia frente a la mina. Así parecieron manifestar el contar con el apoyo del Gobierno para imponer su proyecto. Los conflictos subsiguientes escalaron hasta la fecha, al extremo de haber requerido se declarara estado de sitio y el ingreso del ejército para reprimir las manifestaciones de indignación populares que se dieron en las mencionadas localidades. Como resultado se han dado bajas tanto de pobladores como de fuerzas estatales.

En ese momento, diferentes entidades manifestaron la ilegalidad de las licencias. Entre ellas destacó el Centro de Acción Legal y Social (CALAS) a través de su Director Yuri Mellini. Se estima que existen al menos 250 recursos de oposición cuyo trámite rechazó la Dirección General de Minería. Aún está vigente un proceso penal planteado por CALAS en contra de la mina. En la misma línea, CALAS anunció durante el mes de julio que realizaría una denuncia penal contra el  Director General de Minería por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y violación a la constitución. No obstante, el Ministro declaró en su oportunidad: “Se llevó a cabo un trabajo técnico y ambiental. Las empresas cumplieron con todos los procesos. Es una buena noticia, pues se generará más empleo en el país”.

El 24 de julio fue un hito para la justicia en Guatemala, cuando la sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil suspendió la licencia de explotación a Minera San Rafael y ordenó al director de minería Fernando Castellanos del Ministerio de Energía y Minas, tramitar las oposiciones planteadas por organizaciones sociales que rechaza la explotación minera. Queda aún esperar la respuesta del Ministro Archila ante el requerimiento judicial, ya que según los efectos de la resolución el proyecto deberá reiniciar el trámite de la licencia después de que el MEM tramite los 250 recursos de oposición planteados.

 

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  • 24 agosto, 2013 en 6:05 pm
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    Despues de vender tanta lacj¡he con agua en estos momentos esta vendiendo a Guamala la de la ETERNA PRIMAVERA que hoy la llman LA ETERNA MATADERA

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