MI PROPUESTA

COLUMNAS danilo

Hace aproximadamente tres años, frente a la progresiva degradación que acusaba la Política, como factor esencial en las relaciones de poder que genera la sociedad, acuñé un término que a mi juicio resumía para la época la síntesis conceptual de aquella crisis: ¨La Politización de la Justicia, y la Judicialización de la Política¨

Ese término me llevó a plantear en aquel momento, que la incapacidad de la clase política, en lugar de la concertación y el diálogo la llevaba a dirimirla en el ámbito judicial, dándole a los jueces una responsabilidad ajena totalmente a la naturaleza misma de sus funciones. Desde luego, muchos de ellos (Los Jueces) no desaprovecharon la ocasión, para construir sus propios intereses profesionales, en la oportunidad que les brindaba la perversa combinación.

Por invitación de Fundación Esquipulas, llevé a la discusión internacional en un foro político y judicial en el Uruguay, el planteamiento de aquella compleja ecuación, que  provocaría en su momento una crisis que se  reflejaría, tal como ha acontecido,  en toda América Latina. En Guatemala de manera particular, la consecuencia progresiva de esa antinatural combinación de elementos esencialmente contrapuestos, provocó, sumado a otros factores históricos, la erosión del sistema de Partidos Políticos, a niveles que les hicieron perder la legitimidad de su intermediación entre la sociedad y el Estado, espacio que fue ocupado como consecuencia, por la Sociedad Civil organizada.

Desde luego la naturaleza sectorial, gremial, de principios o de objetivos, de las organizaciones de la sociedad civil, aceleró la pérdida de la visión ideológica y general, desde su perspectiva, que debiera ser parte de la naturaleza específica de los Partidos Políticos. Todo nuestro sistema constitucional y la de la mayoría de formas de organización social, descansa como estructura fundante, en la organización de los Partidos Políticos, y el hecho mismo de su degradación, no les resta su importancia en la determinación de la composición de los Organismos del Estado, factor que no puede suplir la Sociedad Civil, aunque en momentos históricos, como el actual, tenga más peso específico y capacidad de influencia en las decisiones políticas que los propios Partidos Políticos.

La sacudida sin precedentes que ha tenido Guatemala, a partir del movimiento popular del año 2015, la persecución del crimen de Estado, la aspiración nacional de moralizar la administración de los precarios recursos nacionales, y buscar la reinstitucionalización urgente y necesaria de los organismos del  Estado, nos ha llevado a una reacción colectiva que apura la justicia y el reclamo reivindicador de las instituciones fundamentales.

En el riesgo que yo anticipaba por la Politización de la Justicia y Judicialización de la Política, finalmente la perversa estructura de Partidos Políticos dio paso a una  desintegración progresiva de dichas organizaciones, cuya presencia real, a nivel nacional y representatividad a nivel ideológico y político, se ha reducido a una participación muy cuestionada y sin rumbo definido, en el Organismo Legislativo.

De hecho, la Judicialización de la Política ganó finalmente la partida, y el sistema de Partidos Políticos está reducido a su mínima expresión.

No obstante esta grave falencia, nuestra estructura constitucional, exige de su participación en los procesos de integración gubernamental, en los procesos electorales, democráticos y libres. Valga decir la única vía de participación política está determinada por los Partidos, principio estructural en la historia de la democracia, y que no anula la participación de la sociedad civil, pero la sociedad civil organizada tampoco puede anular por sustitución la vigencia privilegiada de los partidos políticos para la participación ciudadana, aunque sea muy grande la tentación.

La Judicialización de la parte perversa de la política, se ha venido dando con eficacia espectacular, pero la reedificación de nuestro sistema político, se ha rezagado, y por el contrario, todos los días una nueva amenaza, justificada,  de cancelación de los Partidos Políticos más conocidos, es una constante. Se transforma en igualmente urgente entonces, una REESTRUCTURACION DEL SISTEMA POLITICO, que permita el surgimiento de esa dirigencia emergente que empuja el cambio y el reconocimiento ciudadano, y no hay otra forma para que puedan emerger esas corrientes que exigen su participación que la realización de  procesos electorales.

Es  complicado, explicar en un artículo, todas las motivaciones que entraña esta propuesta, pero más complicado será para el país, no devolverle de inmediato su esperanza institucional, como un cuerpo político, diseñado para la búsqueda del Bien Común. Todos los sectores han sucumbido al escrutinio moralizador que exige la sociedad, y todos los sectores debieran coincidir en la urgente necesidad de ampliar la esfera de la Judicialización, a la reconstitución del aparato político de la nación.

Las reformas constitucionales, sectorizadas y que necesariamente necesitan de una consulta popular para su aprobación,   pueden desencadenar solicitudes sectoriales, en interminable reclamo de reformas que les atañan de acuerdo a sus intereses. Esta opción a parte de ser inviable, onerosa, y peligrosa para mantener la endeble paz social, si no se atienden después de la primera consulta, terminarían en anarquía, y lo más grave, por sustituir sin sentido orgánico, nuestro cuerpo constitucional.

Por esa razón es más viable, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que se rija por una Ley Electoral  y de Partidos Políticos transitoria y vigente para una sola vez, que recoja las peticiones de la población para su participación y regenere el liderazgo y conducción política de la nación.

No existe la hegemonía de ningún  partido político que imponga su visión constituyente, y todos los sectores, resienten, aunque no se haga público, el tremendo impacto económico que la aplicación  exclusiva de la judicialización le está provocando al país. La economía prácticamente está paralizada, fenómeno ausente para quién en una nómina espera nada más el paso de los treinta días del mes.

No existen partidos políticos dominantes, por lo cual la voluntad popular en ejercicio de la soberanía popular sería auténtica. La presión sobre el gobierno del Presidente Morales, cedería a la esperanza de un Pacto Social más próximo a las aspiraciones de la población, que lo llevaría a la realización de un período presidencial con menos tensiones.

Nuestra Constitución Política fue un gran esfuerzo conciliador de los líderes de hace treinta años y una brillante elaboración de los constituyentes y por esa razón hemos mantenido su tutela, que tal pareciera hoy, al reclamar reformas constitucionales en el área de la Justicia, también presentará falencias para otros sectores que esperan de su  normativa fundamental, la dinámica que entienda y recoja la evolución de los tiempos.

Seguramente, la sed de restitución y venganza que anima el reclamo sobre los inmorales, pueda darle espacio también a la consolidación de un Estado de Derecho que vaya más allá de encontrar y condenar culpables.

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