Noqueo financiero a la Universidad de San Carlos

Un golpe más a la educación pública

Lic. Estuardo Gálvez
Lic. Estuardo Gálvez

Edición: MAY-13
Autor: Gabriel Woltke
Correo: gabrielw@revistaperrobravo.com

En quince meses de gobierno las acciones del gabinete de Pérez Molina respecto a la educación pública han destacado más por polémicas que por encaminarse a una mejora del sistema educativo. Primero fue la reforma a la carrera magisterial y luego una negativa a cumplir con el aporte que por mandato constitucional se le debe asignar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, poniendo al borde del colapso financiero a la única universidad pública del país.

Las reformas a la carrera de magisterio fueron rechazas por, entre otras razones, ampliar el plazo para que los estudiantes se pudieran graduar. Con ello se complicaba el panorama para aquellas familias de escasos recursos que realizaban un esfuerzo financiero en espera de que sus hijos pudieran graduarse y obtener rápido un empleo. A finales del año 2012 la Asociación de Investigación y Estudios Sociales realizó un sondeo con jóvenes que determinó que, con las reformas puestas en marcha, el interés de los jóvenes por la carrera disminuiría en un 60%. Menudo problema para un país con un déficit de maestros de 50%.

La reforma es criticada también en la medida en que descarga de la responsabilidad del Ministerio de Educación un año de educación para los estudiantes de magisterio. Ahora deben cursar 2 años para obtener un bachillerato y 3 en las universidades para poder ejercer la profesión. Como era de esperarse la medida no vino acompañada de un aumento de presupuestos para que la Universidad de San Carlos pudiera brindar dicho servicio.

Crisis San Carlista
En los últimos cincuenta años el interés estatal por fortalecer la USAC ha sido casi nulo. El resultado ha sido un deterioro en la calidad de educación brindada, el estancamiento de los trabajos de investigación, y el hacinamiento en las aulas que no se ha podido solucionar a pesar de contar con 18 centros regionales y de haber abierto jornadas nocturnas y de fin de semana para diversas carreras.

Para garantizar la autonomía de la USAC, en la Constitución se estableció una asignación del 5% del total del Presupuesto de la Nación. El primer problema radica en que el estimado presupuestario que realizaron los constituyentes ya no es suficiente para satisfacer la demanda educativa; el segundo, en que los diferentes gobiernos no han cumplido con el mandato constitucional, esto, ante el silencio cómplice del Consejo Superior Universitario. Del 2009 para la fecha el Estado adeuda a la casa de estudios Q.358.9 Millones.

Q.66 Mil 985.4 Millones fue el presupuesto aprobado por los diputados del Congreso de la República. Según lo establecido en la Constitución, la asignación presupuestaria para la USAC debía haber rondado los Q.3 Mil 349 Millones, cuota que según el Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, fue asignada. Cuando el Ministro rechazó la asignación de un aporte extraordinario solicitado por el Consejo Superior, las autoridades universitarias se movilizaron para exigir que el gobierno saldara las cuentas pendientes, afirmando además que la asignación no ascendía al 5% establecido en la Carta Magna.

La USAC atiende a más de 170 mil estudiantes, el 70% del total de universitarios del país.

Las argucias gubernamentales
El Consejo Superior Universitario se ha manifestado en contra de la forma en que fue establecido el presupuesto de la USAC ya que Q.75 Millones se asignaron con la condición de que fueran utilizados para la construcción de un hospital. Según el rector, la asignación con candados viola la autonomía ya que priva a la Universidad de decidir en qué invertirá sus recursos. Pavel Centeno, afirma que a pesar del candado, su cartera cumplió con sus obligaciones.

El problema de los candados presupuestarios fue solo el inicio del conflicto USAC-Finanzas. Pavel Centeno declaró que la USAC no era una de las prioridades de inversión del actual gobierno como sí lo era la Consulta Popular por el diferendo territorial con Belice. Poco a poco la disputa fue subiendo de tono hasta llegar al punto en que la Viceministra de Finanzas, María Castro, recomendó al Consejo Superior aumentar el costo de la matrícula estudiantil para poder solventar sus gastos, o bien, hacer uso de los Q.500 millones de reserva que la universidad posee en bancos privados. Respecto a la deuda contraída durante el gobierno de Álvaro Colom, la cartera de Finanzas se “lavó las manos” argumentando que el actual gobierno no podía responder por errores pasados.

Herbert Miranda, representante del Colegio de Ingenieros ante el Consejo Superior Universitario, afirma: el Estado es uno y debe afrontar sus faltas o incumplimientos y no buscar a quien culpar. Diversos analistas aseguran que el rechazo del gobierno a asignar los fondos es parte de un revanchismo político por el apoyo que Gálvez dio a la campaña electoral de Sandra Torres y por su falta de apoyo al proyecto de reformas constitucionales.

La otra cara de la moneda: la responsabilidad del Rector
Durante la manifestación del pasado 23 de abril algunos estudiantes portaban mantas exigiendo transparencia en el uso de los fondos de la casa de estudios. Carlos Maldonado, estudiante de la Facultad de Economía, explica: en siete años al frente de la USAC, Gálvez nunca se movilizó para pelear por la asignación constitucional y lo hace ahora que se acerca la elección de Rector. ¿Por qué exigen más fondos y no hacen recortes en áreas innecesarias? Los estudiantes estamos seguros que financiar un equipo de fútbol en Liga Mayor no debería ser una prioridad.

Se sabe que Gálvez no buscará la reelección, en su lugar competirá Carlos Alvarado Cerezo, pero está en pláticas con el partido TODOS para buscar un cargo público en la próxima contienda electoral. Estudiantes aglutinados en la asociación Estudiantes por la Autonomía, acusan a Gálvez de utilizar el movimiento universitario con fines políticos y de explotar el tema de la asignación presupuestaria como distractor ya que no ha querido cumplir con el acuerdo de reforma universitaria firmado en 2010.

Frecuentemente se ha criticado a Gálvez por el manejo de fondos, adjudicando contratos a empresas no registradas en Guatecompras y fraccionando compras para evadir licitaciones. El caso más sonado se dio en el último trimestre de 2009 cuando el entonces diputado, Aníbal García, lo denunció por haber gastado Q.919 Mil, el 48% del presupuesto de Rectoría de dicho año, en viajes a Europa. Con los viajes se favorecía a allegados a Gálvez y el gasto se dio en los meses de la campaña para elección de rector.

Por venir
Tras las presiones públicas hechas por los estudiantes universitarios, el gobierno de Otto Pérez Molina ha afirmado que se asignarán Q.125 Millones en aportes extraordinarios para que la USAC no se paralice. Esto, obviando mencionar cuándo saldarán la deuda contraída durante el gobierno anterior. El Congreso también se ha movilizado; Pedro Muadi, presidente del Legislativo, y los diputados Orlando Blanco (UNE), Carlos Barreda (UNE) y Jairo Flores (GANA) prometieron a líderes sancarlistas presentar una iniciativa de ley para dirigir a la universidad Q.225 Millones que estaban asignados al desaparecido Fondo Nacional para la Paz. Lógicamente, y como es costumbre en nuestra política, hay un gran trecho entre ofrecer y concretar.

No cabe duda que la Universidad de San Carlos atraviesa un momento clave en su historia. La crisis presupuestaría debería servir para impulsar la profesionalización de sus catedráticos, la reestructuración de sus órganos superiores y la fiscalización continua de la ejecución presupuestaria.

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