PAÍS DE LOS PRESUNTAMENTE CULPABLES

Editorial 21

En Guatemala tal vez exista en papel, nuestra Constitución Política es muy clara, establece que “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada…”. Aunque la presunción de inocencia sea elemento del proceso penal acusatorio que supuestamente hemos adoptado en nuestra legislación, la verdad es que continua aplicándose una línea de acción que más se asemeja al anterior proceso inquisitorio que debilita las garantías individuales y en atropella el principio del debido proceso.

Pocas ponencias serán tan memorables como la realizada hace poco más de un mes por el Licenciado Danilo Roca, en ese entonces aspirante a Fiscal General, ante la Comisión de Postulación que era presidida por el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado José Arturo Sierra, y en cuya integración figuraban otros dos jueces.  En una magistral presentación Roca expuso lo que muchos juristas saben pero no se atreven a decir, que en Guatemala no se está respetando el debido proceso, que no se considera la presunción de inocencia, que el supuesto proceso penal acusatorio no está siendo aplicado y, en su defecto, se aplica una especie de mistificación del proceso inquisitorio; entre otros hechos que describen la dura realidad de la ausencia de un Estado de Derecho. A mí me daría vergüenza si fuera juez, les espetó, ¡esa carceleta en el corazón del Organismo Judicial es indigna e inmoral!

No se trata de teoría fría ni de conceptos sutiles del Derecho, se trata de un problema grave que se vive día a día y que lo sufren muchas personas inocentes y sus familiares. Imagínese usted que con toda ligereza, porque están atrasados, ordenan una orden de captura contra usted porque alguien lo acusa de haber cometido un delito, y usted sea privado de su libertad sin “verificar concretamente dicha necesidad, auscultando la naturaleza y la gravedad del delito, las condiciones morales, sociales y económicas del imputado y sus antecedentes”. Una decisión así no debe ser tomada a la ligera pues puede ser desgarradora para el ser humano y su familia.

Es indignante la forma en que realizan las capturas en este país, con lujo de fuerza y prepotencia, como quien busca humillar a quien le hizo daño. Es comprensible que en algunos casos, al lidiar con bandas de sicarios tal vez, es necesario utilizar la fuerza aun después de capturados, pero tratar así a quienes no representan ninguna amenaza física, es injusto, inmoral e innecesario. Y más cruel aún es cuando estas violaciones a la dignidad de los ciudadanos son realizadas en día viernes o en feriado, con el fin de perjudicar en demasía.

Para colmo, si específicamente el artículo 13 constitucional establece que los policías “no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente”, basta ver los noticieros para comprender que la Constitución es violada todos los días.

En este país, la forma como se procesa a los imputados es una tragedia, y vulnera a todos los ciudadanos que no tienen la influencia para optar a una digna impartición de justicia. El escenario es triste y perturbador, es como decir que cualquiera es un “presunto hijo de puta”, como muy acertadamente escribió el reconocido periodista Jorge Palmieri en su blog, al referirse a una falsa acusación que busca afectar una reputación valiosa.

Invitamos al pueblo a observar estos dos escenarios: la captura de Marlon Puente, mejor conocido como Pirulo, capturado por el supuesto delito de homicidio, aun cuando se sabe que él no cegó la vida de Kevin, por lo que corresponde un delito diferente. No será la expresión mejor recibida pero alguien tiene que decirlo: la captura y encarcelamiento de Pirulo es ilegal y viola la Constitución.

El otro escenario son las declaraciones de Arístides Crespo y Otto Pérez Molina, Presidentes del Organismo Legislativo y Ejecutivo respectivamente, en torno a las posibles bondades de extender el plazo de gobierno. Revista Perro Bravo pregunta a la Fiscal General, Doctora Thelma Aldana, si va a iniciar persecución penal de oficio en contra de los mencionados, por el delito que establece el artículo 382 del Código Penal que dice: “Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de a persona que ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o a aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos mil quetzales”. Que enfrenten la Justicia sí, pero respetando el debido proceso.

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