PGN ACCIONA CONTRA MAGISTRADOS DE CC POR PREVARICATO

EL ASUNTO DE LAS VISAS CANCELADAS A FUNCIONARIOS DE CICIG DEVIENE EN CRISIS INSTITUCIONAL. La Procuraduría General de la Nación considera que los  magistrados de la CC Francisco De Mata Vela, Bonerge Mejía Orellana y Gloria Porras Escobar, podrían haber cometido Prevaricato, Violación a la Constitución, Resoluciones Violatorias a la Constitución y Abuso de Autoridad.

La llamada “Crisis de Estado” estalló en el país el año pasado tras la decisión del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar non-grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y posteriormente negarle el ingreso al país, atendiendo supuestamente la recomendación del Consejo Nacional de Seguridad. Este año, el presidente Morales dio a conocer la decisión de no prorrogar el mandato de la CICIG, para que esta traslade casos y capacidades al MP y se retire del país en septiembre 2019.  De forma paralela, diversos actores afines a la CICIG, entre los que destaca el abogado Alfonso Carrillo, han presentado varias acciones ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto los actos de la Presidencia de la República, mismas que han sido resueltas con lugar y que contradicen las órdenes de la Presidencia de la República y las acciones de la Cancillería.

Algunas de las recientes resoluciones de la CC han sido con el voto en contra razonado de la magistrada Dina Ochoa, actual presidente de la corte y designada en la CC por el Ejecutivo.

En octubre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores revocó y se negó a renovar las visas de 11 funcionarios de la CICIG, decisión que confirmó recientemente y notificó a la comisión internacional, dándole un plazo de 72 horas a los 11 extranjeros para abandonar el país, quienes se encontraban en vacaciones fuera de Guatemala según posteriormente informó la comisión. En esta ocasión, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, apeló ante la CC para dejar en suspenso las Notas Diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, acción que fue declarada con lugar en una resolución en la que la CC ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores que emita las visas de cortesía a los funcionarios de la CICIG y que se abstenga de limitarles su libre locomoción en el territorio guatemalteco.

Ante esta última resolución de la CC, después de conocerse que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba a la espera de la resolución de los recursos de aclaración y ampliación presentados a la CC,  la PGN ha decidido denunciar a tres de los magistrados de la CC por considerar que algunas de sus resoluciones “pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales, las cuales tienen a atribuirse facultades que no le corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República”, afirma el comunicado de dicha institución.

Jorge Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación, no ha emitido declaraciones directas hasta el momento. Ha sido Evaristo Martínez Farfán, de la Dirección Penal de la PGN, el que presentó la solicitud de antejuicio al Juzgado de Paz en contra de los tres magistrados de la CC.

¿Qué es prevaricato?

El Código Penal de Guatemala establece en su artículo 462, que “el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a diez años”.

El pronunciamiento de la PGN en relación a las facultades constitucionales otorgadas al Presidente, gira en torno a lo que dice la Constitución en su artículo 183, que describe las funciones del Presidente de la República, y establece en su inciso o), “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”. Posición que coincide con la de varios juristas referentes en materia constitucional, que apuntan hacia que la CC se ha venido extralimitando en sus funciones contraviniendo su misión de defender el orden constitucional.

http://www.revistaperrobravo.com/resolucion-de-cc-nos-acerca-a-un-golpe-de-estado/

Si bien es cierto, que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, también es cierto que el actuar de ellos no se encuentra eximida de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antinomia con la misma Constitución demás leyes vigentes.” – PGN

 

Batalla será en el Congreso

Si la CSJ le da trámite, será el Congreso de la República el que determine la procedencia o no del derecho de antejuicio de los magistrados denunciados por la PGN, por lo que se puede esperar en los próximos días todo tipo de presiones en torno al Organismo Legislativo.

El Presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, ya se ha pronunciado en las redes sociales en una clara alusión al tema, “una República esta basada en la división de poderes y funciona a través de pesos y contrapesos. Cuando una institución actúa creyendo que no tiene contrapeso comienza a abusar de sus facultades hasta creerse celestial. Toda acción tiene consecuencias”, publicó en su cuenta de twitter.

Si bien en el Congreso no ha prosperado ninguno de los antejuicios presentados en contra del presidente Jimmy Morales, puede que el panorama no esté del todo claro, sobre todo si toma en cuenta que fue precisamente en el Legislativo cuando en el 2016, el entonces embajador de EU en Guatemala, Tod Robinson, cabildeó para que los diputados eligieran a Gloria Porras como magistrada de la CC.

Por otro lado, la Fiscal General, Consuelo Porras, deberá tomar una posición en este enfrentamiento institucional, y ya ha empezado a recibir críticas por su posición de abstenerse de tomar partido entre la resoluciones de la CC y las órdenes de la Presidencia, limitándose a decir que el Ministerio Pública se encuentra “vigilante”. La Jefe del MP tiene ahora suficientes elementos para determinar si existe algún delito a perseguir en las actuaciones de las instituciones enfrentadas.

Respecto a la controversia con Naciones Unidas en relación al comisionado de la CICIG,  el gobierno de Jimmy Morales sostiene que el secretario general de la ONU, se ha negado a dialogar e insiste en la jefatura de Iván Velásquez, quien a su vez ha declarado su intención de regresar al país en enero próximo.

 

A continuación, compartimos la reciente resolución de la CC ordenando a Cancillería que emita las visas a los funcionarios de CICIG…

 

 

Loading Facebook Comments ...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *