Prisionera de la presunción de culpabilidad

La versión de Julia Amparo Lotán

Inexplicables de la Justicia    /    Edición: 55
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Desde el 26 de mayo del 2015 la juez Silvia Violeta de León dictó auto de prisión a todos los sindicados en el caso IGSS-PISA, entre ellos se encuentra Julia Amparo Lotán Garzona, ex Representante de los trabajadores ante la Junta Directiva del IGSS, por el supuesto delito de Fraude junto a otros 17 detenidos.

Lotán es una Trabajadora Social con reconocida trayectoria dentro del ámbito sindicalista, actualmente ha sido reelecta, estando en prisión, como vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, organización que condena su “detención arbitraria” y han manifestado recurrentemente su respaldo ante la “persecución por parte de las autoridades guatemaltecas”, exigiendo su libertad.

En el 2013 Lotán denunció públicamente la “imposición” de Juan de Dios de la Cruz Rodríguez por el entonces Presidente Otto Pérez Molina, por considerar que fueron violentados los procedimientos legales, quebrantando la autonomía del Instituto. Juan de Dios contraatacó denunciando ante los medios a la sindicalista, afirmando que cobraba dos salarios en plazas que no desempeñaba, aunque según ella nunca ha sido empleada de la institución, por lo que Lotán lo denunció por Violencia contra la Mujer que no prosperó.

Lotán es señalada de fraude, bajo los señalamientos de corrupción por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones a favor de la Droguería Pisa, para la atención de pacientes con insuficiencia renal, a pesar de que no cumplía los requisitos mínimos de las bases de licitación y requería subcontratar a otra empresa para ofrecer el servicio.

Se ha cuestionado ampliamente el trabajo tanto de la CICIG y el MP a la hora de investigar y acusar con pruebas contundentes, al igual que la eficiencia del Organismo Judicial para impartir justicia pronta y oportuna, violentando así los derechos fundamentales de muchos sindicados, ya que según la ley establece, la medida de prisión preventiva no puede exceder los tres meses.

En octubre del 2011 fue designada representante titular de los trabajadores, constituyéndose como la primera mujer en representar a los trabajadores guatemaltecos en la Junta Directiva del IGSS.

Esta revista conversó con Lotán respecto a su situación jurídica y sus condiciones privadas de libertad.

¿Considera que está detenida arbitrariamente?

Nuestra actuación se hizo basada en la Ley de Contrataciones del Estado, no podíamos hacer algo que no estuviera establecido en esa normativa.

Llevamos dos años y cuatro meses de estar en esta condición jurídica de indefensión. La situación hubiera sido diferente atendiendo a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, o según lo que dice la misma Ley Penal, se nos hubiera otorgado una medida sustitutiva, no tendríamos ningún problema de haber enfrentado este juicio, sin embargo nos han tenido privados de  libertad durante dos años y cuatro meses, representando eso un costo económico y humano para nuestras familias, porque nuestras condiciones, tanto de salud como económicas, se han venido deteriorando.

¿Por qué ha pasado tanto tiempo?

Este proceso lo estamos iniciando de nuevo. Hace un año estábamos empezando el anterior debate que lamentablemente se vino abajo por una actuación irresponsable del juez miembro del tribunal noveno, Carlos Ruano, quien a pesar que sabía que tenía impedimentos para continuar el debate no se excusó en un momento oportuno, derivado de ello el debate quedó anulado y tuvimos que empezar de nuevo, después de llevar diligenciado un 50% del proceso penal.

¿Cómo ve su nuevo proceso con este tribunal?

Este nuevo debate lo vemos con mucha esperanza, creemos que este tribunal ha demostrado en algunos momentos procesales de los que hemos visto, actuar de acuerdo a la ley y con imparcialidad, que es una de las cosas que nosotros pedimos. No pedimos que los tribunales nos tutelen, aunque así debería de ser, estamos pidiendo que se vea la situación de manera imparcial.

La audiencia de hoy fue importante porque uno de los abogados de la defensa presentó un incidente prejudicial que busca que el proceso penal no continúe, en virtud de que primero debió haberse declarado la violación a la norma administrativa y posteriormente llevarse a cabo este proceso penal. Esa declaración de que el proceso administrativo no se hizo bien, nunca existió, por lo tanto no tiene razón.

En el mismo incidente de prejudicialidad, se presentó el hecho de que la misma Contraloría General de Cuentas, en el mes de marzo de este año entrega a la actual gerente un informe donde dice que el proceso de licitación se llevó de acuerdo a la ley, entonces no entendemos por qué se nos está violentando y continúa nuestra situación.

Esperamos que este tribunal dé lugar a la prejudicialidad y que por lo tanto se nos ordene inmediata libertad, eso significaría resolver favorablemente este incidente.

¿Cree que se les ha condenado públicamente?

Nosotros esperamos que el proceso siga y que seamos juzgados de acuerdo a la ley, que no haya inclinaciones porque lamentablemente, en su mayoría, la génesis de este proceso no ha sido penal sino político, y los medios de comunicación han permitido que la población nos condene sin que se nos haya respetado nuestro derecho de presunción de inocencia.

Las seis mujeres que estamos en Santa Teresita hemos vivido condiciones indignantes, tratos inhumanos, nos sacan a las tres de la mañana para iniciar la audiencia a las nueve de la mañana.

La presunción de inocencia y publicidad del proceso

Está contemplada en el Artículo 14 del Capítulo uno de la Constitución Política de Guatemala, e indica que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.

En el informe de su visita al país, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), se refiere a este caso en concreto como:

El 30 de junio del 2015, se llevó a cabo una audiencia para la primera revisión de la medida impuesta improcedentemente. Ya que aducen que para no entorpecer el proceso de investigación, deben mantener cautivo a los señalados, no queriendo el sistema, plagado de injusticias, aplicar otro tipo de medidas que los liberarían. Evidenciando con ello que no se aplica la presunción de inocencia, sino la de culpabilidad”.

 

 

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