Pugna en el Congreso: Partido oficial vrs. Poder económico

El reconocimiento de una Guatemala multiétnica, multilingüe y pluricultural, parece ser el punto de quiebre.

Pugna en el Congreso

Edición: OCT12
Autor: REDACCIÓN PERRO BRAVO

¿Qué y cómo reformar?, he allí el dilema.

Creo que los sectores que se pronuncian en contra de las reformas constitucionales tienen temores que no quieren manifestar ni decirlos claramente, fueron las palabras del Presidente Otto Pérez Molina en conferencia a la Prensa. Por medio de diversas entrevistas en los medios informativos, la población entendió posteriormente que el Presidente se refería al rechazo del CACIF, con especial énfasis en el temor al reconocimiento de la diversidad. Esa misma pugna ahora se librará en el Congreso.

Las reacciones dicen mucho…
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se había reunido con el Presidente anteriormente y este había acogido el 70% de sus recomendaciones, según el propio Pérez Molina afirmó. No obstante el CACIF volvió a presentar su rechazo siendo su principal argumento uno débil y escueto: que las reformas necesarias podían alcanzarse modificando las leyes ordinarias y que, por lo tanto, no era necesario reformar la constitución. Los representantes de la cúpula empresarial, o del poder económico, como quiera llamársele, no profundizaron en torno a cómo logar esos cambios y a cuáles se oponían. La pregunta quedaba en el aire: ¿qué es lo que realmente le molesta al CACIF?

La respuesta a esa interrogante tal vez se puede encontrar en la entrevista que realizó la periodista Beatriz Colmenares para elPeriódico (12/7/12) al actual presidente del CACIF, Andrés Castillo. Ante el cuestionamiento de la periodista en torno a su oposición a que en las reformas se reconozca a Guatemala como una nación plurilingüe, multiétnica y multicultural, el empresario responde: ¿Es acaso necesario? ¿Por qué entonces, desde la Constitución, no se dice también que este es el País de la Eterna Primavera y que llueve de mayo a septiembre? Sabemos que el país reúne esas características…Nosotros partimos de que todos somos guatemaltecos y no es necesario seguir dividiendo al país. ¿Por qué consultarle al pueblo indígena? ¿Qué hay del resto? Las leyes deben ser iguales para todos.

Se puede consultar la entrevista completa en:
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120712/pais/214935/

A los pocos días, durante una entrevista realizada en Emisoras Unidas por el periodista Luis Felipe Valenzuela (17/7/12), el Presidente Otto Pérez Molina reacciona: la postura del CACIF sobre la reforma constitucional en cuanto al reconocimiento de la realidad multicultural resulta ofensiva para los pueblos Indígenas. Es un intento de invisibilizarlos.

Reformas propuestas en torno a la pluriculturalidad:
Dentro de las reformas constitucionales propuestas por el Presidente de la República, son tres los artículos que giran en torno al reconocimiento de los pueblos Indígenas. Los artículos 1, 66 y 143, quedarían de la siguiente forma:

“Artículo 1. Protección a la persona y la Nación. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

La Nación Guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe.”

“Artículo 66. Identidad y derechos de los pueblos Indígenas. El Estado reconoce, respeta y protege el derecho a la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca; respeta y promueve sus formas de vida, de organización, costumbres y tradiciones, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, sus distintas formas de espiritualidad, idiomas, dialectos y el derecho a transmitirlos a sus descendientes. También reconoce, respeta y protege el derecho a usar, conservar y desarrollar su arte, ciencia y tecnología, así como el derecho de acceso a los lugares sagrados legalmente establecidos, debiendo la ley determinar lo que respecta a su identificación y reconocimiento.”

“Artículo 143. Idioma oficial. El idioma oficial del Estado es el Español, para todo el territorio nacional. El Estado podrá reconocer como oficiales los idiomas indígenas que establezca la ley, determinando su ámbito de aplicación material de acuerdo con los criterios técnicos, lingüísticos y territoriales.

El Estado reconoce, respeta y promueve los siguientes idiomas indígenas: Achi’, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch’orti’, Chuj, Itzá, Ixil, Popti, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqoman, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, Tekiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Garífuna y Xinka.”

¿A qué le temen?
Si bien uno de los puntos cruciales que genera conflicto actualmente entre el poder económico y los pueblos Indígenas es la explotación de recursos naturales, el cual sin duda puede exacerbarse si la industria extractiva encontrara mayor resistencia a sus iniciativas a partir de que la Constitución legitime y reconozca los derechos de los pueblos Indígenas relacionados a la tierra; puede que este no sea el único temor por parte de la cúpula empresarial.

Diversos analistas y columnistas afirman que el rechazo a las reformas constitucionales por parte del CACIF se debe en gran parte a que para el poder económico el reconocimiento de pueblos Indígenas en la Constitución , significa ceder terreno a su visión, a su modelo de vida occidental, al control de los medios de producción y, por qué no decirlo, a la inherencia en las políticas públicas del Estado. Sobre todo cuando dicen que modificar el Artículo 1 de la Constitución para reconocer expresamente que este no es un país en el que deba prevalecer una sola cultura, un idioma único, una forma estrictamente occidental de ver la vida; esto es, que el país aspira a dejar de ser excluyente y abrazar a todos sus hijos, no a unos por encima de otros, supone darle un trato preferencial a los indígenas – opina el columnista Juan Luis Font en su columna titulada “El ‘no’ del CACIF”.
Además, si se compara con el caso de Bolivia, el temor puede fundarse también en que el reconocimiento de la pluriculturalidad del país pueda estar abriendo el camino a una concepción plurinacional. Según el estudio de la Sociedad de las Américas – AS, por sus siglas en inglés -, que toma la representatividad política e inclusión social en Bolivia como caso de estudio, comparte una lección contundente: Entre las reformas políticas para las demandas indígenas más significativas se encuentra la Constitución de Bolivia de 2009, la 17ª. en su historia, que entró en vigencia en febrero de ese año… El lenguaje para las cláusulas pro-Indígenas de esta constitución fue motivada por la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual Bolivia adoptó en septiembre 2007. Un derecho clave que se le dio forma en la constitución del 2009 fue el concepto de consulta previa, el cual es aplicado en instancias de jurisdicción interna de comunidades Indígenas. La consulta previa obliga al Estado a llamar a un referéndum para obtener permiso de las poblaciones Indígenas para explotar los recursos naturales en sus territorios protegidos. Estos artículos le conceden soberanía a las etnias Indígenas y las elevan al estatus de naciones, otorgándoles el estatus legal de autodeterminación.

En manos del Congreso
Para que las reformas constitucionales lleguen a ver la luz de una consulta popular, deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los 158 diputados que integran el Congreso. Por lo tanto, tanto para el partido oficial que pretende impulsarlas, como para el poder económico que busca frenarlas, es prioritario obtener el beneplácito de 105 diputados como mínimo.

Un asesor del Congreso que pidió no ser identificado, asegura que en el Congreso todo se resuelve afuera, al hemiciclo solo llegan a ejecutar directrices.

En este escenario, el diputado Oliverio García Rodas, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se ve puesto a prueba. Por un lado, se le reconoce como uno de los principales enlaces entre el poder económico y el Congreso; y por otro, el Presidente Otto Pérez Molina le ha encomendado obtener el consenso necesario para que las reformas avancen. Fuentes cercanas al partido oficial aseguran que la cúpula del partido patriota le ha ofrecido como incentivo el promoverlo para suceder a Gudy Rivera en la Presidencia del Congreso.
Hasta ahora, el partido oficial ha logrado el voto a favor de sus intereses de las bancadas más numerosas. Las bancadas UCN, CREO, TODOS y GANA, por ejemplo, han favorecido con su voto la agenda que impulsa la bancada patriota para que, sumado a su cuantioso grupo de 63 diputados, se logre la mayoría en diversas iniciativas. Solamente la bancadas Líder y UNE han mantenido una postura firme de oposición.

Según diversas fuentes, los diputados que más responden a los intereses empresariales son: Emmanuel Seidner (PP), Pedro Muadi (PP), Jean Paul Brier (CREO), Gudy Rivera (PP), Mario Linares (PP), Nineth Montenegro (EG), Christian Boussinot (TODOS) y Roberto Alejos (TODOS).

Para varias organizaciones que se identifican con los pueblos Indígenas las reformas constitucionales propuestas por el Presidente Otto Pérez Molina son insuficientes. Así lo declaró Manuél Pérez, coordinador de la CNOC, al rechazar la propuesta de reformas asegurando que el principal problema de la actual constitución es que no se ha cumplido: incluso los artículos que en la actual constitución benefician a los pueblos indígenas no han sido cumplidos, por ejemplo los artículos 68, 69 y 70.

Es necesario considerar que también pueda tratarse únicamente de un intento del gobierno de redirigir las energías políticas activas que reúnen a los pueblos Indígenas y de mejorar su imagen en el extranjero puesto que un gobierno presidido por un militar inquietó de distintas formas a la comunidad internacional.
Cuando llegue el momento, la población puede darle seguimiento a los votos en el Congreso, por bloque y por diputado, por medio del sitio: http://stats.congreso.gob.gt/hemiciclo/graphs/v_container.asp Es inminente que la población monitoree el voto de los diputados para identificar quién es quién y, más importante, a qué intereses corresponden las distintas fuerzas representadas en el Congreso de la República.

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