QUE REGISTREN A TODOS, MENOS A NOSOTROS

LA DOBLE MORAL DEL SECTOR PRIVADO

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Señalar la corrupción en el sector público ha sido una constante del sector privado que, sin embargo, rehúsa hablar de la propia, lo que desvela no sólo su falta de transparencia sino, además, una doble moral que ahora comienza a ser cuestionada.

Los escándalos de corrupción que forzaron la dimisión de Roxana Baldetti y Otto Pérez por el publicitado caso de La Línea llevó al segundo a declarar públicamente que “no hay una línea sino dos”, en alusión directa a los empresarios que estimularon y se beneficiaron de la corrupción en las aduanas y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La población todavía espera que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lleve ante la justicia a los empresarios vinculados a La Línea y quienes por años se han opuesto al pago de tributos, intervienen en las decisiones importantes de los gobiernos, imponen ministros y se benefician de los llamados “incentivos fiscales” como los que otorga, por ejemplo, la Ley de Maquilas, que exonera el pago de impuestos por un periodo de 12 años, y bajo cuyo régimen operan actualmente unas 1,300 empresas grandes y medianas.

Pese a que la Constitución Política de la República prohíbe los monopolios, para nadie es un secreto que varias empresas se han beneficiado de esa práctica, impidiendo la competencia que traería consigo mejores precios a los consumidores. Productos como el cemento, el pollo, harinas y concentrados, entre otros, han gozado de ese beneficio durante décadas, mientras que el sector financiero, tras las reformas constitucionales aprobadas en 1993 durante el gobierno transitorio de Ramiro de León Carpio, obtiene ganancias millonarias por administrar las cuentas del Gobierno y con la colocación de Bonos del Tesoro que anualmente se aprueban para completar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Es decir, critican el endeudamiento pero se benefician de él.

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Esa doble moral

El pasado 18 de septiembre fue abatido frente un juzgado el dirigente Rigoberto Lima Choc, quien dio la voz de alarma por la contaminación del río La Pasión en Sayaxché, Petén, por parte de la empresa Reforestadora de Palma de Petén, S.A. (Repsa), de la que se sospecha habría vertido químicos de alta toxicidad sobre el afluente, provocando la muerte de millones de peces y la desaparición de varias especies a lo largo de casi 200 kilómetros.

Y este, lastimosamente, no es un caso aislado. Basta con revisar la represión estatal en las comunidades que se oponen a proyectos mineros. Represión que si bien la ejecutan las autoridades, se hace bajo la presión de los gremios empresariales.

En algunos extremos, como el del conflicto en San Juan Sacatepéquez, se ha llegado a acusar a las propias empresas de contratar delincuentes para generar conflictos. A ese punto señalaban algunas denuncias presentadas en septiembre de 2014 luego que fueron asesinados 11 pobladores que habían denunciado irregularidades en la concesión de las licencias a la empresa Cementos Progreso, propiedad de la familia Novella.

A finales de julio pasado dicho apellido tomó eco mundial cuando se difundió la noticia de un crimen perpetrado por Diego Dougherty Novella, guatemalteco de 41 años, fue capturado en Sudáfrica tras el aparecimiento con señales de violencia del cadáver de la estadounidense Gabriela Kabrins Alban, su novia. Según el reporte noticioso, el cuerpo de Alban se encontró semidesnudo en la habitación del lujoso hotel Retreat Camps Bay (de 10mil dólares por noche), de Ciudad del Cabo. En la escena del crimen, las autoridades encontraron al menos dos kilos de cocaína, una cantidad que va más allá del uso personal. Pero, respecto a este caso cabe una pregunta: ¿Si el asesinato hubiera ocurrido en Guatemala, el hecho habría trascendido? o habría quedado oculto para resguardar la “honorabilidad”. ¿El esponsable habría enfrentado a la justicia?

¿Y la Ley de Acceso a la Información Pública?

Mediante el Decreto 57-2008 fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública, que abarca tanto a la esfera pública como a “Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado; (…) Organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos” (Art. 6).

Esta Ley es aplicable, por ende, a las compañías de radio y televisión, en tanto que las frecuencias pertenecen al Estado y se les ha otorgado como concesión. Asimismo, las compañías telefónicas son sujetas de la fiscalización ciudadana, pero no tienen habilitadas oficinas de Acceso a la Información Pública. Mucho menos cumplen con este requisitos los bancos del sistema en los que el Estado posee acciones, tales los casos de Banrural y Banco de los Trabajadores.

Pese a ello, la práctica de la élite empresarial se limita a “pedir cuentas” y exigir transparencia al sector público en la lógica de “que registren a todos, menos a nosotros”.

 

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