RESOLUCIÓN DE CC, DE UNÁNIME A DIVIDIDA

RESOLUCIÓN ENFRENTA A MAGISTRADOS Y PRESIDENCIA EN TORNO A IVÁN VELÁSQUEZ. Ante el recurso de ampliación promovido por el abogado Alfonso Carrillo, la CC emitió resolución, con 3 votos a favor y 2 en contra, en la que se refiere a Iván Velásquez y ordena a funcionarios del Ejecutivo que se abstengan de obedecer y emitir órdenes que impidan su ingreso.

El 16 de septiembre 2018, la CC por unanimidad otorgó el amparo provisional interpuesto por Carrillo, mediante una resolución que generó controversia debido a que establecía dos efectos, que el gobierno de Guatemala “debe realizar negociaciones” con la ONU “hasta agotar vías de diálogo”, y que se “permita el ingreso a territorio nacional del Comisionado o Comisionada de la CICIG”.

Las autoridades de gobierno interpretaron la resolución del amparo provisional otorgado por la CC, de manera que el ingreso del comisionado o comisionada procedía hasta cumplidas las negociaciones con Naciones Unidas. El lunes 17 de septiembre, el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, confirmó en conferencia a la prensa, que el ciudadano colombiano Iván Velásquez no podrá ingresar al país, y la Canciller, Sandra Jovel, por instrucciones del Presidente de la República, notificó al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que el gobierno de Guatemala desconoció desde el 3 de septiembre a Velásquez como comisionado de la CICIG, y le pidió en un plazo de 48 horas una lista con los candidatos a nuevo comisionado o comisionada.

Hoy, el secretario Antonio Guterres, respondió en un carta al presidente Jimmy Morales que “habiendo sido informado de la posición del gobierno y de la reciente decisión de la CC, no encuentro razón para retirar la confianza existente en el comisionado Iván Velásquez”. Así mismo, Guterres expresa en su misiva que “tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar su trabajo en Guatemala, he pedido al comisionado que nombre a un comisionado adjunto o una comisionada adjunta que pueda continuar las labores en el país, tras la consulta con las autoridades”.

Pocas horas después que la notificación de Guterres fuera recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CC dio a conocer la resolución sobre el recurso de ampliación ingresado ayer por el abogado Alfonso Carrillo, pidiendo a los magistrados que aclararan si la resolución avala el ingreso de la persona específica de Iván Velásquez. Esta vez la conferencia no fue ofrecida por el pleno de magistrados, sino por el secretario de la CC, Martín Guzmán, y el vocero de la corte, Santiago Palomo, quienes dieron a conocer el contenido de la resolución no unánime que fue votada a favor por los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela. Los magistrados Dina Ochoa y Neftalí Aldana, votaron en contra.

Vocero y secretario de la CC, dieron a conocer la resolución de aclaratoria, con 3 votos a favor y 2 en contra.
Vocero y secretario de la CC, dieron a conocer la resolución de aclaratoria, con 3 votos a favor y 2 en contra.

En la resolución aclaratoria la CC establece que “los pronunciamientos de esta corte no soslayan que en el momento de emisión tanto del auto que se aclara como del presente, quien ostenta el cargo de comisionado de la CICIG es el señor Iván Velásquez”. Así mismo, conmina a los funcionarios del Ejecutivo a que “observen que la instrucción de prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez Gómez ha dejado de surtir efectos”, lo cual contraviene la decisión que tomó el Presidente de Guatemala, atendiendo una recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, de no permitir el ingreso de Velásquez al territorio guatemalteco.

En su resolución, la CC también aclara que “el ingreso de la comisionada o comisionado al territorio nacional, no se encuentra supeditado al agotamiento de las vías de negociación que esta corte ordenó para la resolución de controversias”.

El ingreso de Velásquez no es el único punto en el que chocan los magistrados de la CC y el Presidente de la República, las recientes resoluciones del tribunal constitucional, cuya función es la defensa del orden constitucional, apuntan hacia el Acuerdo de creación de la CICIG, entre el gobierno de Guatemala y la ONU, mismo que forma parte del ámbito de la Política Exterior, cuyo manejo, de acuerdo al artículo 183 de la Constitución Política de Guatemala, corresponde a la Presidencia de la República, que entre sus funciones tiene “dirigir la política exterior, las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”.

Para el abogado constitucionalista, Stuardo Ralón, no era de esperarse una resolución aclaratoria de la CC con votos divididos. En la mañana del miércoles, Ralón expresaba a medios informativos que “la primera decisión de la CC fue unánime, por lo que la respuesta a la ampliación y aclaración debería ser igual, porque si fuera dividida, nos llevaría a pensar que los magistrados que firmaron la resolución no estaban entendiendo a cabalidad lo que estaban firmando”.

Lo cierto es estamos frente a un escenario de crisis institucional que se veía venir como resultado del antagonismo entre la CC y la Presidencia de la República, misma que se anticipaba desde que Jimmy Morales, al informar que no renovaría el acuerdo de la CICIG, citaba el artículo de la Carta Magna que establece que nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales, en alusión a las resoluciones de la CC.

Se esperan días agitados para Guatemala en medio de una fuerte tensión institucional. Por lo pronto, mañana jueves 20 de septiembre 2018, habrá una manifestación por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar, entre otros grupos sociales, para exigir la renuncia de Jimmy Morales. Estemos atentos.

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