SI LA HONORABLE CORTE LO APRUEBA…

Editorial 23

El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, es igualmente importante a los presidentes de los otros dos organismos del Estado: Ejecutivo y Legislativo; y su gestión es determinante para el desarrollo de la nación. Sin embargo, la gestión del OJ suele ser menos vigilada y socialmente fiscalizada. Esto tiene una razón de ser: se trata de un organismo muy temido dado que ha probado ser capaz  de impartir justicia como de perpetuar la injusticia, según resulte conveniente para los intereses de los magistrados.

Si Guatemala es un país con bajos índices de Justicia, es la Corte Suprema de Justicia la máxima responsable. Si no se respeta el Estado de Derecho, también es responsable la Honorable CSJ, que de honorable hace mucho que no tiene nada. Si en nuestro país se hacen valer normativas internas y hasta antojadizas circulares, por encima de las leyes constitucionales y de la misma Constitución, también es un reflejo del actuar y visión de quienes ocupan las más altas magistraturas del país.

Hoy, más que nunca, los ciudadanos podemos darnos cuenta que la deficiencia en nuestro sistema de Justicia no se debe a la complejidad del reto ni a la miopía de las autoridades, es resultado de una vil y llana negligencia permanente, y de una desmedida ambición de los magistrados de la CSJ.

La investigación que publicamos hoy es una muy dolorosa para los guatemaltecos en cuanto a que representa una tragedia para todas aquellas personas que no tienen acceso a la justicia, el hecho de que existan millonarios fondos disponibles para el Organismo de Justicia pero que, en lugar de emplearse para su justo propósito, se encuentran en calidad de ahorros y en inversiones a plazo en los bancos del sistema.

Mientras el Presidente del OJ exige más fondos al Ejecutivo, un supuesto Comité de Inversiones juega a malversar el dinero de los guatemaltecos. Es injustificable que al tiempo que se niega presupuesto para disponer jueces suplentes, que se atrasa el pago de nóminas durante meses, que no existe juzgados suficientes en el interior del país, y que se evade la responsabilidad de cumplir con el pacto colectivo alcanzado con los trabajadores del OJ; se mantengan en absoluto secreto millonarios fondos en ahorros e inapropiadas inversiones.

Es importante y justo señalar que publicar la investigación de los ahorros del OJ no hubiera sido posible sin la actual Magistrada Vocal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Brenda Anabella Quiñonez Donis, quien, en una admirable muestra de valor e hidalguía, hizo frente en las sesiones del pleno de la CSJ a los magistrados que han venido trabajando en común acuerdo en los últimos años.

La magistrada Quiñonez cuestionó el hermetismo con el que se realizan las sesiones y la legalidad de los ahorros e inversiones. Como suele pasar cuando un grupo de delincuentes percibe que tiene a un infiltrado en su organización, los indignos magistrados de la CSJ buscaron extirparla del sistema poniendo una denuncia maliciosa e ilegal en contra de la magistrada Quiñonez, buscando, sin éxito, bloquear su reelección.

No obstante sus burdos intentos por mantener su suciedad en lo oculto, quedó expuesta la ambición de los magistrados por controlar estos millonarios fondos en absoluto hermetismo, alcanzando su más obscena expresión en las votaciones orientadas por el Presidente del OJ y de la CSJ, José Arturo Sierra, en las cuales una grotesca mayoría votó en contra de que se grabaran las sesiones del pleno y a favor de que las actas de las sesiones se transcriban de forma resumida y no literal. Claro que no,  a la Honorable Corte no le gusta que se sepa lo que el pleno elucubra en privado.

Tristemente, no podemos dejar de decirlo, la malversación en el Organismo de Justicia no podría ser posible sin el consentimiento de la banca nacional, del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos, quienes están obligados a reportar e investigar movimientos bancarios notablemente irregulares.

Elevamos la voz de alerta para que esta situación no termine con la desaparición de las inversiones como sucedió en el caso de MDF y los fondos del Congreso, dado que el Gerente Financiero de la CSJ ya habló de una posible penalización si se procede a la desinversión. Exigimos que se recuperen esos fondos de forma inmediata, así como los intereses generados hasta la fecha, y se usen para el cumplimiento de las funciones constitucionales de ese Alto Organismo. Tal y como lo dijo el Gerente Financiero al ser cuestionado en torno a si era posible disponer de esos fondos para satisfacer necesidades prioritarias: si la Honorable Corte lo aprueba, sí.

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