TCQ: ¿LA VERDADERA RAZÓN DETRÁS DE LA RENUNCIA DE LA PGN?

LA SÚBITA DIMISIÓN DE MARÍA EUGENIA VILLAGRÁN CONLLEVA UN DURO MENSAJE
RENUNCIA PGN TCQ

Por un lado, el Ministro de Finanzas anuncia que el Ejecutivo está considerando una intervención en la Terminal de Contenedores Quetzal, y por el otro, la Procuradora General de la Nación anuncia su renuncia por causas personales. ¿Acaso existe una conexión entre ambas decisiones?

Desde que la CICIG destapó el esquema de corrupción en torno al usufructo otorgado a TCQ, en el que se vieron involucrados empresarios locales y españoles, así como un grupo de funcionarios del gobierno del Partido Patriota que ascendía hasta Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes habrían recibido sobornos por $4.2 millones cada uno; las tensiones entre la Presidencia y la PGN aumentaron.

El camino a seguir de acuerdo a la postura de la PGN, era la declaración de nulidad por parte de la Presidencia de la República, medida que ya había solicitado con insistencia a los anteriores presidentes, a Otto Pérez Molina y a Alejandro Maldonado posteriormente.

La lógica indica que si la infraestructura fue construida en un terreno propiedad del Estado, es decir, de los guatemaltecos, entonces lo que compete es declarar nulo el usufructo, ilegal a todas luces, pasando dicha inversión a ser propiedad del Estado; para luego decidir si se opera mediante la Empresa Portuaria Quetzal o si se abre a un concurso público, abierto y transparente.

Sin embargo, fuentes allegadas a la EPQ indican que existe un segundo grupo de empresarios cuyos integrantes aun no han sido alcanzados por la justicia y quienes fueron los responsables de mantener a flote el proyecto de TCQ aun después de la caída del gobierno del PP. Esta hipótesis cobra relevancia con la expresa terquedad por parte de las cámaras empresariales que pedían al Ejecutivo que pusiera en marcha de inmediato la terminal de contenedores.

Durante una citación el 16 de abril 2016 en la bancada UNE, el Ministro de Finanzas, Julio Estrada, aseguró que la decisión de la nulidad era absoluta, pero que “por ser un proceso que puede llevar entre cinco y ocho años, se analiza la medida de intervención por ser a corto plazo”; abriendo así la posibilidad de poner en funcionamiento la TCQ mientras se gana tiempo para postergar la nulidad.

Días antes la Procuradora General había insistido en que la declaración de nulidad era viable y que continuaba esperando las instrucciones del presidente Jimmy Morales para proceder en esa línea. La respuesta del Ministro de Finanzas indicaba que el Presidente habría inclinado su oído a favor de los empresarios que exigen que pongan la TCQ en funcionamiento, aunque eso implicara forzar la salida de la PGN.

Uno de los principales argumentos de la PGN para insistir en la nulidad, es que el interventor de EPQ, Alan Marroquín, actualmente prófugo, y el subinterventor, Julio Sandoval Cano, imputado por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, no estaban facultados para suscribir usufructos; lo que puso en la mira del Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, al menos 14 contratos de usufructo que se autorizaron entre el 2012 y 2015 bajo la misma modalidad.

De esta forma, la PGN se enfrentaba no solo a los empresarios interesados en rescatar la inversión en TCQ, sino a otros poderosos sectores que recibieron usufructos similares, como por ejemplo, el sector azucarero y la industria del gas.

Para evitar más opacidad sobre el caso, la ciudadanía debe exigir al presidente Jimmy Morales que inicie el proceso de nulidad de los usufructos antes de ordenar la intervención de TCQ. Así mismo, se deberá vigilar quién será la sustitución de Villagrán en la PGN, sus vínculos y antecedentes, puesto que sus acciones serán determinantes para combatir la corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal. Seguiremos investigando.

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