UN COMISIONADO NO CONFIABLE EN LA POSTULADORA PARA CSJ

En el proceso de elección de magistrados de CSJ más tropezado en la historia democrática del país, entrampado y manipulado, del que los decanos de las universidades son supuestos garantes, destaca la opaca figura del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Gustavo Bonilla participa en la Comisión de Postulación para elección de cortes, a pesar de ser investigado por una plaza que ocupaba en el Ministerio Público durante la gestión de Thelma Aldana, no cabe duda que las alianzas de poder que definen las relaciones con las autoridades universitarias, van mucho más allá de lo evidente…

Bonilla, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suscribió el 5 de enero 2015 el contrato 1-2015 del MP, para la realización de tareas bajo el cargo de Docente Jurídico Asignado al despacho de la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, quien fue postulada a la presidencia por el partido político Movimiento Semilla y contra quien pesa una orden de captura por este caso.

El contrato especifica que Bonilla debía elaborar “guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas” para las actividades de capacitación en el MP, así como “herramientas de evaluación” de los cursos y su respectivo informe, además de otros trabajos solicitados por la Dirección de la Unidad de Capacitación del MP relacionados a contenidos programáticos para el Plan de Estudios de la Carrera Fiscal.

Por dicho contrato, Gustavo Bonilla recibió 12 pagos en el 2015 que suman Q237 mil. Las modalidades de los servicios que debían ser otorgados por Bonilla, bajo el renglón de servicios profesionales 029, establecen que se presentarían de forma presencial, semi-presencial y aprendizaje vía electrónica. La Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo de Melvin Medina, abrió una investigación en contra de Bonilla por presuntas anomalías en la contratación y en la prestación de los servicios, pero el caso se encuentro bajo reserva por lo que se desconocen más detalles, solamente se sabe que Aldana es señalada por la fiscalía de cometer los delitos de peculado por sustracción de forma continuada, falsedad ideológica y caso especial de defraudación.

Bonilla no es ajeno a gozar de varias plazas en el Estado simultáneamente. Cuando fungía como magistrado también mantenía su salario como docente de la USAC, pero más importante aún, participaba en la Comisión de Postulación encargada de elegir magistrados, cerrando el círculo completo.

Bonilla pertenece a la misma red de Estuardo Gálvez, padrino político del actual Rector de la USAC, Murphy Paiz, y de su antecesor, Carlos Alvarado Cerezo. Para este grupo, el año 2016 resultó clave, mediante una alianza extensa con otras redes de poder, colocaron a dos ex decanos de Derecho de la USAC, Francisco De Mata Vela y Bonerge Mejía, como magistrados titulares de la CC; así como la victoria de Bonilla en el proceso de elección de Decano de la Facultad de Derecho de la USAC. No se debe olvidar que antes Bonilla resultó electo como magistrado de la misma CSJ en la que se desempeñó Thelma Aldana y Mynor Franco, posteriormente a este último lo colocó como Director de Asuntos Jurídicos de la USAC y participa actualmente en el CSU.

Poco importa el desgaste que conlleve para Bonilla en estos tiempos en los que, siendo Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, optó por evadir su responsabilidad ante el Juzgado Décimo, a cargo del juez Víctor Cruz, y prefirió excusarse por medio de sus abogados y no presentarse en la audiencia relacionada al caso de su plaza en el MP; la misión de Gustavo Bonilla debe llevarse a cabo a toda costa, allanarle el camino a Estuardo Gálvez hacia la CC.

El grupo al que pertenecen Paiz y Bonilla acapara los espacios de poder en la USAC para controlar la designación que la universidad tiene en otras instituciones. Foto: Archivo PB
El Rector de la USAC Murphy Paiz ha permitido que continue el acoso en contra de Azañón Rosales. Imagen: PB

La silla clave en el CSU

Si existe un retrato fiel de cómo se desarrolla la pugna por el poder en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es el reciente caso de Ana María Azañón Robles, quien solicitó una licencia sin goce de salario a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC la cual, para su sorpresa después de 37 años de relación laboral continua con la universidad, le fue denegada sin ningún fundamento legal.

Con fecha 15 de febrero 2019, la Dirección de Asuntos Jurídicos informó por escrito a Ana María Azañón Robles que recibió la transcripción del punto del Acta No. 01-2019 de la sesión ordinaria celebrada el 18 de enero 2019 por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la cual resolvió: “Por unanimidad, denegar la solicitud de licencia presentada por la Licenciada Ana María Azañón Robles”. En dicha carta, la Dirección de Asuntos Jurídicos le notifica a Azañón Robles que por esa razón “su contratación como Asesora de Asuntos Jurídicos no es aceptada por el Sistema Integrado de Información Financiera”, y procede a informarle que “por tal motivo ya no se le asigna ninguna carga de trabajo en esta dirección”.

Desde entonces, Azañón ha venido dirigiendo misivas a las diferentes autoridades universitarias y a los decanos que integran el Consejo Superior Universitario (CSU) para informarles de su situación. En una carta dirigida al rector de la USAC, Murphy Paiz, Azañón Robles expone que “es lamentable que utilicen dicha escusa cuando no soy la única persona que aún no ha firmado contrato en la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero sí a la que están afectando con este argumento”, y solicitó que “se resuelva esta situación , en virtud que considero que esto constituye acoso laboral, acoso psicológico y acoso económico hacia mi persona, ya que como trabajadora tengo derechos laborales y recursos administrativos pendientes de resolución”.

Azañón Robles ha solicitado al CSU que conmine a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual preside Gustavo Bonilla, para que “resuelvan la problemática que crearon al violentar mis derechos laborales al denegarme la solicitud de licencia sin goce de salario sin fundamento legal para hacerlo” y “que se restablezcan inmediatamente mis derechos en su totalidad en virtud que a la presente no he recibido salario de los meses de enero y febrero del presente año”.

Así mismo, la profesional pide al CSU “que exija a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y al Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que cesen el acoso laboral, económico y psicológico que han ejercido en mi contra, en virtud de sus decisiones arbitrarias e ilegales”.

Por su parte, el Decano de la facultad en cuestión, Gustavo Bonilla, argumenta que no tiene la potestad para conceder o no la licencia ya que esta solicitud fue sometida a los miembros de la Junta Directiva de la facultad.

A pesar de la solicitud que en marzo hiciera el CSU a Bonilla para que someta nuevamente el caso a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en abril una orden directa para que se le otorgara la licencia sin goce de sueldo, meses después Ana María Azañón Rosales continuaba levantando actas para confirmar su asistencia al trabajo, debido a que su huella en el reloj biométrico sigue desactivada para que no pueda ingresar su asistencia en el sistema.

El Decano de la Facultad de Odontología ha expresado ante el CSU que “la Licenciada Azañón Robles, era quien asesoraba en temas legales a su unidad académica, sin embargo, debido a lo anteriormente descrito, les cambiaron de asesor jurídico”, manifestando que como Facultad “estaban satisfechos con el trabajo que desempeñaba la Licenciada Azañón Robles”.

Todo lo anterior tiene una explicación que va más allá de una ordinaria solicitud de licencia sin goce de salario. Ana María Azañón Rosales ocupa una silla en el CSU como representante de los catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Desde esa posición se ha pronunciado en contra de elecciones anómalas, como se lee en el Acta 07-2019 del CSU en donde se cita que Juan Carlos Godínez, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), manifiesta que “el caso de la Licenciada Ana María Azañón Robles, se deriva de varios recursos que la referida profesional interpuso en contra de una elección que no le fue notificada”.

Para terminar de comprender el acoso en contra de la asesora jurídica y representante de los docentes en el CSU, es importante señalar que es precisamente ese cuerpo colegiado, el Consejo Superior Universitario, el que elije a un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad, como lo hizo en el 2016 con Francisco De Mata Vela y José Mynor Par respectivamente, una designación que tiene en la mira el ex rector Estuardo Gálvez aunque juega en su contra una denuncia por el desvío de más de Q13 millones en la construcción de un centro regional de la USAC.

Bonilla ha operado para el mismo grupo al que pertenece Mynor Franco, quien fue magistrado de la CSJ junto a Thelma Aldana. Foto: Archivo PB

Gustavo Bonilla, como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, participara en la Comisión de Postulación para la Elección de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de Apelaciones, sin embargo, debido a que la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) , presentó en marzo una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del Congreso de la República por realizar la convocatoria para conformar las comisiones que postularán a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de Apelaciones, con ocho meses de anticipación, siendo que la ley establece que deben ser cuatro meses, por lo que la convocatoria podría tener que repetirse.

Falta por ver si el proceso judicial en contra de Bonilla, por la plaza en el MP durante la gestión de Aldana, o si el caso de acoso en contra de Ana María Azañón Robles que puede derivar en otras acciones judiciales, no impiden que Gustavo Bonilla continúe en dicho proceso de elección de cortes, lo que representaría un duro revés al grupo de poder para el que operan Murphy Paiz y Estuardo Gálvez.

La sombra de Galvez, como padrino político de Murphy Paiz, continua presente y llega hasta las comisiones de postulación para elección de magistrados de cortes, a través de Bonilla. Foto: Archivo PB

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