UNA MUY “OPORTUNA” LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA


El 12 de octubre pasado, Carlos Mencos entregó su cargo en la CGC, asumiendo como contralor interino, Fernando Fernández, resultando en una extensión de la misma administración. Mientras para el Congreso se demora la elección del nuevo Contralor General, resulta necesario analizar el contenido de la iniciativa 5450 para el “Fortalecimiento de la Contraloría” que ha avanzado a paso acelerado este año pre-electoral.

Todos los funcionarios que hayan manejado fondos públicos, incluidos diputados, que aspiran a un cargo de elección popular, deberán contar para enero 2019 con el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, y a partir de las reformas aprobadas en el 2016, también será requisito una constancia de no tener contratos con el Estado ni representar a empresas con obras públicas en ejecución. Debido al atraso de la Comisión Postuladora para la Elección de Contralor General, Al parecer, será el continuismo de la administración de Mencos la encargada de emitir estos finiquitos.

Codiciadas constancias

El propósito de las constancias extendidas por la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) es sumamente valioso para la democracia, porque deben servir como filtro para evitar que corran para cargos públicos aquellas personas cuyas cuentas no cuadran en su manejo de fondos y quienes tienen intereses particulares con el Estado.

Al mismo tiempo, estas constancias son tan codiciadas por la clase política que, de cara a los próximos comicios, los partidos han puesto en marcha diversas estrategias para asegurarse, a lo largo del proceso de elección de Contralor General, contar con la influencia necesaria dentro de la institución para tener acceso a las constancias para sus candidatos. Para las bancadas que integran el Congreso, es tan importante la negociación con la administración saliente que con la entrante.

Porque si bien, en teoría, debiera ser el próximo Contralor el que extienda las constancias requeridas para las siguientes elecciones generales, esta decisión no se basa en un criterio particular y subjetivo, sino en las acciones de fiscalización realizadas por la actual administración. Es decir, las auditorías, informes, reportes y hallazgos, entre otras acciones relevantes, realizadas por la administración de Carlos Mencos, son las que podrían impedir la extensión de los finiquitos.

“… pareciera que la corrupción ejerce una atracción irresistible en la economía de nuestro país…” – Rudy Castañeda (UCN)


Oportuna iniciativa de Ley para el Fortalecimiento

La iniciativa de Ley 5405 para el “Fortalecimiento de la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas”, cuyo ponente es Rudy Roberto Castañeda Reyes, diputado de la bancada UCN, partido que lidera el ex candidato presidencial Mario Estrada, agrega un nuevo factor de presión sobre la elección de Contralor General.

Esta iniciativa propone la creación de nuevas subcontralorías y nuevos mecanismos de control del gasto y de los ingresos del Estado, lo que también supone abrir más espacios de negociación con las fuerzas políticas que se disputan el poder público. Los cambios más relevantes que presenta esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, son los siguientes:

Mayor énfasis en el control de los ingresos del Estado: Como justifica Castañeda Reyes en la parte introductoria de la iniciativa, fiscalización no es sólo el gasto público , es también los ingresos públicos, a lo que no pareciera dedicársele mucha importancia, se propone adicionar a la Subcontraloría del Gasto Público, la división de Ingresos Públicos. Esta dependencia deberá aplicar control y auditoría a los ingresos relacionados a regalías por explotación minera y petróleo, por distribución de combustibles, impuestos de salida aérea, entre otros. Otro caso que ejemplifica el alcance que tendrían las reformas planteadas, es el de las portuarias, en relación a acuerdos como el de TCQ, el cual va en detrimento de los ingresos de la Empresa Portuaria Quetzal.

Creación de Subcontraloría de Municipalidades y Fideicomisos: Se propone adicionar el artículo 21 sexties, del Decreto Numero 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual quedaría así́: Articulo 21 sexties, Funciones de la Subcontraloría de Municipalidades y Consejos de Desarrollo. Esta Subcontraloría tiene como función ejercer la función fiscalizadora y control gubernamental, mediante la ejecución de las auditorías correspondientes que se considere necesarias realizar a las municipalidades y consejos de desarrollo así como analizar y evaluar la calidad y el impacto del manejo de los recursos y bienes de las municipalidades de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo Municipal, así como de los Consejos de Desarrollo y su relación con los planes operativos anuales aprobados que involucra los procesos administrativos financieros y de control gubernamental. Esta subcontraloría también tendrá bajo su ámbito, fiscalizar el Instituto de Fomento Municipal, las Gobernaciones Departamentales y otras instituciones que tenga relación con las municipalidades y consejos de desarrollo. Esta subcontraloría deberá crear Direcciones Regionales para fiscalizar los municipios del país.

Creación de Subcontraloría de Infraestructura Pública: Se plantea adicionar el artículo 21 decies, que establecería como funciones de la Subcontraloría de Infraestructura Pública, ejercer la función fiscalizadora y control gubernamental, así como analizar y evaluar la calidad y el impacto de las distintas obras de infraestructura que están contenidas en el sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, elaborado por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) incorporado al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, que involucra los procesos administrativos financieros y de control gubernamental, así como los avances físicos y financieros. Esta subcontraloría tendría dentro de su ámbito de competencia todo lo relacionado a sistemas de comunicación y transporte del país, frecuencias radioeléctricas y de espacio aéreo, vivienda y asuntos relacionados que estén bajo la jurisdicción del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura Vivienda y obra pública. Además de realizar informes sobre el avance de las obras que se encuentran en ejecución o programadas en el Presupuesto General de la Nación vigente, también podría realizar recomendaciones en torno al uso de las frecuencias radioeléctricas, claves para las televisoras y las compañías telefónicas.

La creación de estas nuevas subcontralorías supone la posibilidad de ampliar el mapa de relaciones entre la CGCN, alcaldes, diputados, contratistas de obra pública y, por supuesto, los intereses partidistas.

El ponente de la 5405, diputado Rudy Castañeda, concluye que “la solución del problema no es precisamente en el hecho de corrupción en sí , sino en la debilidad del órgano fiscalizador constitucional que es responsable de la fiscalización de todo interés hacendario del Estado”. Esa misma debilidad institucional está quedando evidencia al permitir que los intereses de los partidos políticos afecten el proceso de elección del nuevo Contralor General. Estemos atentos.

Loading Facebook Comments ...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *