UNA TIERRA SIN AUTORIDAD

El riesgo de un gobierno débil

El gobierno de Jimmy Morales enfrenta diversas problemáticas y conflictos tradicionales, pero en cuanto a seguridad pública se refiere, en los pasados días ha tomado revuelo el tema de las extorsiones en general, trascendiendo los ataques a grandes empresas privada transnacionales.

Solo el viernes de la semana pasada perdieron la vida 5 guatemaltecos y 5 heridos durante seis ataques simultáneos llevados a cabo en la ciudad de Guatemala por parte de pandilleros, quienes exigen cien mil quetzales de entrada y dos mil semanales por cada carro de Movistar que venda sus productos en áreas comerciales de unos veinte barrios de la capital, según las cuentas de los propios extorsionadores, como consta en audios difundidos supuestamente por trabajadores de dicha empresa, quienes son amenazados frecuentemente.

 

El sector comercial se pronunció denunciando un aumento del 25% en las extorsiones durante los últimos tres años, y 220 millones al año de perdidas. Demandan al gobierno cambios urgentes para los sistemas penitenciario y judicial, aduciendo lamentables pérdidas humanas y económicas, además del gasto en seguridad privada para auto protegerse, señalando que puede llegar a ser hasta un 7% de las ventas.

Las autoridades respondieron que están trabajando en esfuerzos conjuntos de investigación para identificar y localizar a los responsables de la reciente ola de ataques armados contra empresas y personas.

Por su parte el Director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, aseguró que no hay tendencia al alza de extorsiones.

El vocero presidencial Heinz Hiemann dijo que “cuando hay una acción directa contra algún grupo organizado, hay estadísticas que demuestran que siempre hay un repunte de hechos de violencia para contrarrestar” el impacto de las medidas, pero -reiteró- los esfuerzos seguirán para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

 

Otro caso que ha puesto en aprietos a las autoridades encargadas de la seguridad han sido los recientes enfrentamientos violentos contra la población civil debido a conflictos territoriales.

El caso más reciente es el de Ixquisis, Huehuetenango, en donde un grupo de aproximadamente 400 comunitarios de dicha microrregión se concentraron pacíficamente para entregar un acta con la cual exigen que se retire la estación de la PNC ubicada dentro de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica Proyectos de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDH, S.A.)

En esa acta exponen que la PNC en ese lugar responde exclusivamente a los intereses de la empresa y en contra de los habitantes de las comunidades aledañas. Además exigen el cese de las operaciones de dicha hidroeléctrica y la retirada del destacamento militar que también opera desde las instalaciones de la empresa.

Lejos de firmar el acta, la violencia se desató en el lugar. Hay muchas versiones al respecto.

 

Hubo disparos de alto calibre tanto por parte de la policía como por parte civiles, que según versiones de manifestantes, fueron provocados por un grupo personas armadas procedentes de Yalanhuitz, presuntamente empleados de la empresa, quienes después de que la PNC lanzara gases lacrimógenos y dispersara a los manifestantes, pasaron disparando contra manifestantes y autoridades.

Diversos sectores se pronunciaron ante las razones de la crisis y tensión vivida en esa región la cual es generada por la oposición al proyecto hidroeléctrico y la falta de entendimiento entre las partes.

La empresa PDH S.A. advirtió un día antes de las movilizaciones:

Por otra parte surgieron las teorías que vinculan los grandes intereses que tienen en el lugar organizaciones conocidas como CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), dedicadas al narcotráfico, contrabando, trata, falsificaciones de identidad, entre otros delitos.

 

 

 

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