¿Y SI NO ES PRONTA NI CUMPLIDA?

PARIENTES DE SINDICADOS POR CASO IGSS-PISA EXIGEN JUSTICIA

Según lo establecido en la Constitución todos los jueces y magistrados, al momento de asumir el cargo, toman protesta de administrar Justicia pronta y cumplida. Un compromiso que tiene una razón de ser y que es lo que exige hoy el colectivo Voces por la Justicia.

Recientemente, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, declaraba a elPeriódico que “lo más conveniente para el país es que haya juicios prontos”, mientras exponía su recomendación de crear tribunales exclusivos que den respuesta a los grandes casos de corrupción, que continúan acumulándose y saturando los juzgados.

Días antes de la declaración de Velásquez, el 15 de julio 2017, un grupo de familiares de los sindicados por el caso IGSS-Pisa realizaron una manifestación y presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) porque consideran que existe un retraso malicioso, ya que sus parientes llevan 26 meses en prisión preventiva sin que se les aperture un juicio.

El 10 de enero del 2017, en la etapa de debate, el juez a cargo del caso, Carlos Ruano, se excusó del proceso y denunció presiones por parte de la entonces magistrada Blanca Stalling, para que le concediera arresto domiciliar a su hijo Otto Molina Stalling, también sindicado en el mismo caso. Las supuestas presiones se habrían llevado a cabo cuatro meses atrás, tiempo durante el cual Ruano permitió que continuara el debate.

En mayo de este año, el juez Ruano testificó en contra de Blanca Stalling, quien fue capturada en febrero pasado, y al ser cuestionado en torno a por qué se dirigió a la sede de la CICIG para presentar la denuncia y no al MP, respondió que “me presenté inicialmente ante ellos para indicarle a ellos que conocía y que estaba dispuesto a presentar la denuncia y se hicieron las gestiones para que el Fiscal de la FECI se hiciera presente ahí en la CICIG”. Así mismo, indicó que para ese entonces el Ministerio de Gobernación ya le brindaba seguridad después de haberla solicitado en diciembre 2016 tras considerarse vulnerable.

Desde que Ruano se excusó del proceso hasta la fecha, no ha sido posible reanudar el juicio. Por el momento se tiene como fecha “tentativa”, el 11 de agosto 2017 para iniciar nuevamente con el debate.

Así, por diversas razones, desde el 2015 se ha venido retrasando la apertura del juicio en contra de alrededor de 16 imputados por MP y la CICIG por el delito de fraude, capturados desde entonces, varios miembros de la Junta Directiva del IGSS como de la Junta de Licitación, por la contratación de un nuevo proveedor para brindar tratamiento de hemodiálisis a enfermos renales, de los cuales fallecieron varios.

Revista Perro Bravo platicó con Lisseth Pérez, hija de la enfermera Carmen Yadira Gil Quiñónez, quien era parte de la Junta Licitadora (JL) del IGSS; Dulce de Urrea, hija de Julia Amparo Lotán Garzona, representante de la clase trabajadora ante la Junta Directiva (JD); y con Mercedes Martínez, esposa del médico Jesús Oliva, quien representaba a la USAC dentro de la JD del IGSS.

A continuación resumimos las apreciaciones de las integrantes consultadas del colectivo Voces por la Justicia, quienes comparten junto a sus familiares una condena social que les señala de “corruptos” sin haber tenido la oportunidad de defenderse en juicio.

Familiares de sindicados que llevan más de 2 años de prisión preventiva, piden medidas sustitutivas
Familiares de sindicados que llevan más de 2 años de prisión preventiva, piden medidas sustitutivas

¿Qué exigen y por qué?

Exigimos libertad, ya es demasiado tiempo. No es justo que las personas estén encerradas sin que se lleven a cabo los procesos adecuados para que sean juzgados como debe ser.

Consideramos que hay un retardo malicioso en nuestra contra. Ninguno de nosotros hemos interpuesto recursos o amparos para retrasar el proceso.

El MP necesita tiempo porque no tienen nada claro ni contundente, es fácil para ellos investigar y darse cuenta que no hay enriquecimiento por parte de ninguno de nosotros, somos gente que depende de un salario, de su trabajo diario, allí están las cuentas, tenemos deudas y compromisos que no podemos cumplir…

Además, pedimos que se individualicen los casos, porque no todos los imputados tenían la misma injerencia en la Junta Directiva.

Llevan 26 meses en prisión y no quieren darles una medida sustitutiva, nos las han negado en cuatro ocasiones, argumentando que podría haber alteración de pruebas y obstaculización del acceso a la verdad…

Uno entiende que algunos procesos se lleven tanto tiempo, pero el delito que les imputan tiene medida sustitutiva, necesitamos que les den la oportunidad de trabajar y aportar al país y a sus familias.

¿Por qué quieren un trato diferente?

Nosotros consideramos que no se desmanteló ninguna estructura, porque la mayoría de personas que conformaban la Junta de Licitación ni siquiera se conocían entre sí… La junta licitadora tenía una asesora y está libre.

La Junta Directiva escoge, por sorteo con una tómbola, a quienes conformarán la Junta Licitadora, por lo que muchos no se conocían entre sí, ya que proceden de diferentes dependencias del IGSS y si no licitaban eran despedidos. Además, para aprobar cualquier propuesta, hay varios entes que realizan los dictámenes técnicos antes de adjudicar, y si no hay irregularidades en los dictámenes entonces se procede.

No hubo mayor desembolso por parte del IGSS, cada empresa antes de iniciar a trabajar, deben cumplir con tres meses de prueba.

¿Cómo les afecta el retraso?

El desgaste económico y emocional ha sido muy fuerte.

Se están violando muchos derechos a nuestros familiares, se les ha vedado el derecho a trabajar para cumplir con los compromisos adquiridos, sin empleo no hay salario… en nuestros casos ellos eran el principal soporte económico del hogar.

Mercedes: Mis hijos y yo dependíamos del sueldo de mi esposo.

La defensa pública penal nos ha ayudado bastante, pero al no contar con fondos estamos en desventaja…

Además los medios mienten y se suman al show, las masas acusadoras que condenan anticipadamente han impactado grandemente en nuestras vidas, han causado daños irreparables y grandes cambios por la criminalización sin fundamentos. No hay reparación del honor y la dignidad.

Y por supuesto el aspecto emocional debido a su ausencia. Y la constante preocupación porque los han mezclado con criminales sin distinción. No hay atención médica y prueba de ello fue el triste fallecimiento del doctor Erwin Castañeda, esperando ser juzgado.

 

Sirva lo anterior como un retrato de lo que puede llegar a causar la lentitud y el incumplimiento en la administración de justicia, la cual la padecen muchas personas desde mucho tiempo antes que iniciara el combate contra la corrupción, pero que en estos casos ahora se suma el rechazo social y la exposición mediática.

Los sindicados en estos procesos penales son:

Por el delito de fraude:
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (ex presidente del IGSS).
Julio Roberto Suárez Guerra (integrante Junta Directiva).
Julio Amparo Lotan Garzona (integrante Junta Directiva).
Max Erwin Quirin Schoder (integrante Junta Directiva).
Erwin Raúl Castañeda Pineda (integrante Junta Directiva).
Jesús Arnulfo Oliva Leal (integrante Junta Directiva).
Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
Doris Elubia González Salazar (integrante Junta de Licitación).
Mayra Lissbeth Gómez Suárez (integrante Junta de Licitación).
Alba Maritza Maldonado Gamboa (integrante Junta de Licitación).
Delia Haydee Castañon Guerra (integrante Junta de Licitación).
Carmen Yadira Gil Quiñónez (integrante Junta de Licitación).

Por otros delitos delitos:
Otto Fernando Molina Stalling (ex asesor del IGSS): asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular): asociación ilícita y cohecho activo.
Edgar René de la Peña Archila (ex gerente de ventas, Droguería Pisa): cohecho activo.
Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (ex director general, Droguería Pisa): asociación ilícita y cohecho activo.
Arturo Adolfo Castellanos Poou (médico del IGSS): asociación Ilícita.

A los integrantes de la Junta Directiva se les sindica de nombrar a los miembros de la Junta de Licitación quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. Mientras que a los de la Junta de Licitación se les sindica de autorizar en forma irregular que la empresa continuara en el proceso de licitación pese a no cumplir con las especificaciones técnicas.

Cabe resaltar que hasta la fecha, a diferencia de otros casos, el MP no ha presentado una sola prueba que indique que los sindicados se beneficiaron económicamente de la cuestionada contratación.

Como dice el comisionado Velásquez, lo mejor para Guatemala y su lucha contra la corrupción, son juicios prontos, para evitar que existan más presuntos culpables sin ser vencidos en juicio. No es un derecho de algunos, se trata del derecho de todos.

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