#YOSOYDIGNIDAD

ORGANIZACIONES SOCIALES LLAMAN A SUSPENDER EL PROCESO ELECTORAL

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Hoy, ya no se habla de una crisis de gobierno sino de una crisis del sistema político. Los manifestantes exigen la renuncia del Presidente pero saben que eso no es suficiente, por eso exigen una transformación profunda del Estado que evite que el sucesor de Otto Pérez Molina vuelva a tener la mesa servida para la ambición de sus partidarios.

Lo que empezó como una condena a la corrupción y una exigencia de justicia ha ido escalando hasta llegar al punto en que grupos sociales demandan un cambio en las reglas del juego democrático. Sin estas, aseguran, las arcas estatales seguirán a merced del gobierno de turno.

Las posturas más conservadores han sido las de la Embajada de Estados Unidos y de las cámaras y asociaciones empresariales, estos dos actores consideran que basta con reformar un paquete de leyes entre las que se encuentra la Ley Electoral, la Ley del Servicio Civil y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Para otros grupos esto no es suficiente.

Los movimientos que se identifican bajo los hashtags #GuatemalaBastaYa, #YoSoyDignidad y #RenunciaYa, así como el Observatorio Indígena Electoral y representantes de algunas de las diez organizaciones que integran la Convergencia por los Derechos Humanos consideran que dada la crisis actual del sistema político el actual proceso electoral debe suspenderse.

#YoSoyDignidad, un movimiento integrado por jóvenes universitarios, considera que actualmente no existen las garantías necesarias para que las elecciones se realicen de manera libre dado que se el aparato legal ha permitido que algunos partidos compitan con ventaja sobre otros.

Algunos movimientos sociales también se han movilizado bajo el lema #NoLesToca, manifestando así su rechazo a todos los candidatos y defendiendo el derecho de la población a no asistir a votar si no se sienten representados por ninguna propuesta política. Son estos quienes, por ejemplo, exigen una reforma que le de valor al voto nulo y que, como en el caso de Colombia, si este llega a ser mayoría sea necesario repetir la contienda con nuevos candidatos.

La Convergencia por los Derechos Humanos, considera que en un sistema corrupto que ha desnudado la imparcialidad en el sistema judicial, que ha dejado en entredicho la independencia del Congreso, la Corte de Constitucionalidad y el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE), no existen las garantías para que se realicen unas elecciones transparentes. Por eso, a su parecer, el proceso debiera ser suspendido y debería convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente.

El Observatorio Indígena Electoral secunda el anterior análisis pero también muestra preocupación por la capacidad del TSE para organizar los comicios.

Irónicamente, la suspensión de las votaciones no le vendría mal al TSE, por cuanto hasta principios de mayo tenía 7.7 millones de personas empadronadas, cuando la meta es empadronar a 8.2 millones, cifra para la que cuentan con poco presupuesto y no podría, por lo tanto, sostener el ritmo de 8,500 personas enlistadas por día. De hecho, Áxel Maas, jefe de comunicación del ente electoral, previó semanas atrás que las jornadas de empadronamiento se podrán realizar solamente en 5 departamentos del país, debido a que los atrasos provocados por la falta de recursos económicos han dejado al TSE sin tiempo suficiente para llevarlas a cabo en todo el país.

Los departamentos a priorizar serían Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Guatemala, según el jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración del Padrón, Leonel Escobar, pues “son los departamentos donde hay más personas con DPI que no están empadronadas. También, son cinco de los seis departamentos donde hay más votantes”.

Por otra parte, a 3 meses de las elecciones, el mismo Tribunal aún no define cuáles serán los centros de votación y se encuentra cotizando la compra de insumos básicos como el papel. Estas compras y el mismo proceso electoral podrían pender de un hilo con la crisis financiera que sigue afectando al Estado.

Lo cierto es que suspender las elecciones no implica necesariamente un rompimiento constitucional puesto que la fecha de elecciones puede correrse siempre y cuando se entregue el poder el 14 de enero.

Suspender o posponer las elecciones convocadas para el 7 de septiembre próximos, según el analista Eduardo Villatoro, tendría que hacerse previo a la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente para cambiar radicalmente la “ley matriz y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp)”. Este sería, acaso, el mejor sentido que tendría una anulación de los ya convocados comicios.

Como se ve, las opiniones en torno a posponer o no el próximo proceso electoral están divididas. Pero en donde sin dudas hay un consenso innegable es que para la población, entre todos los candidatos a la presidencia, a ninguno le toca.

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