Abuso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 Fernando Linares Beltranena

Edición: FEB 2013
Autor: Fernando Linares Beltranena
Correo: flinares@ufm.edu

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha caído en la máxima de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Su afán por, equivocadamente, intentar corregir el mundo, los ha llevado a tomar decisiones abusivas supra nacionales, es decir en contra de la voluntad de los Estados y, consiguientemente, los pueblos de América.

La Corte ha dictado fallos condenando al Estado de Guatemala a pagar supuestas violaciones contra los Derechos Humanos anteriores a 1987. Estos fallos anteriores se excluyen por una reserva puesta por Guatemala cuando se aprobó este tratado universal. Es decir, como muchos otros países, Guatemala no acepta la retroactividadde la ley, es decir aplicar sanciones a hechos anteriores de la fecha en que se reconoció la vigencia de este tratado.

La irretroactividad de la ley es un derecho universal, es un derecho individual y humano plasmado en la Constitución, por lo que es inconstitucional el actuar de la corte.

Los que apoyan a la Corte argumentan que el delito de Desaparición Forzosa se inicia cuando desaparece la persona, aunque no se sepa cuándo. Sin embargo, Guatemala, cuando acepto la reserva, lo hizo con la interpretación que es el hecho originario el que marca el inicio de este delito, y el hecho originario no puede ser anterior a 1987 porque se caería en la retroactividad. Por lo tanto, no hay delito antes de 1987. El principio de la irretroactividad de la ley es elemental o, de lo contrario, tendríamos que juzgar a los mayas y a los españoles por las masacres recíprocas cometidas durante la Conquista.

La Desaparición Forzada es un delito por lo cual se puede juzgar a una persona. Si se pretende juzgar al Estado, debe ser por una conducta continuada del mismo Gobierno o Gobiernos que la continuaron. Si, previo a 1987, los gobiernos de Lucas y Ríos Montt cometieron hechos identificados como delitos, los gobiernos posteriores cambiaron su rumbo. Es más Ríos Montt comenzó a modificar la política del Estado con los Tribunales de Fuero Especial por lo que no existe una continuidad en la política estatal. Todo lo contrario, las políticas del gobierno de Ríos Montt y Mejía Victores cambiaron la política represiva del Estado, muy contrario a la política continuada de las tiranías comunistas como la de Fidel Castro en Cuba.

El Estado, por lo tanto, no debe pagar compensaciones a personas por cualquier hecho antes de 1987, sea el delito que fuere. Si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, abusivamente ha dictado fallos condenando a Guatemala, deben considerarse nulos y no ejecutables. El Acuerdo que dicto el gobierno de Otto Pérez fue un acuerdo que establece la vigencia de la Constitución de Guatemala de no aplicarse la ley retroactivamente, e interpreta correctamente la reserva que creó la Corte, el Estatuto de Roma y los principios universales del derecho. Fue insólito que un grupito de personas que apoyan los derechos humanos y que los han convertido en un modus vivendi, por que cobran comisión de las millonarias sumas que ha pagado el Estado de Guatemala en el pasado, hayan convencido al Gobernante de cambiar el rumbo. El acuerdo debió de haberse mantenido.

Es más, si los ex Presidentes Colom o Berger se pagaron sumas millonarias por sentencias ilegales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los presidentes que autorizaron dichos pagos son responsables constitucional, penal y civilmente de ese dinero dilapidado del Estado. Nuestra Fiscal General tiene la obligación de perseguir los actos ilegales cometidos por los gobernantes anteriores que se tipifican en delitos.

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