ALGO HUELE MAL EN EL MIDES

DENUNCIAS IGNORADAS DEL ASEDIO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social pidió al Ejecutivo en diciembre 2016 que el ministro José Moreno y dos de sus viceministros fueran removidos de sus cargos, por actuar en contra de la misión de ese ministerio, evidenciando la pobre ejecución y el desmantelamiento de los programas sociales. No era la primera vez que Jimmy Morales era alertado.

Poco antes de la petición del SINTRAMIDES, en octubre 2016, fue destituido el viceministro de Protección Social, Aldo Fabrizio Pagurut. En ese entonces, José Moreno, Ministro de Desarrollo, justificó su remoción por una “baja ejecución en ese viceministerio que concentra el 65% del presupuesto de la cartera”. Sin embargo, de acuerdo a la versión de algunos trabajadores, la razón de su salida del Mides es otra.

Gracias a la participación de reporteros ciudadanos Perro Bravo tuvo acceso a un documento bastante explícito mediante el cual el ahora ex viceministro Fabrizio Pagurut, con lujo de detalle explica cómo los programas sociales fueron bloqueados durante el 2016.

De acuerdo a trabajadores del Mides que piden se proteja su identidad por temor a represalias, la destitución del Viceministro de Protección Social se da poco después de una reunión en la que Fabrizio Pagurut le muestra el referido informe al Presidente de la República.

El Viceministerio de Protección Social del Mides tiene a su cargo importantes programas sociales tales como: Programa de Bolsa de Alimentos y Transferencias Condicionadas de Alimentos; Programa de Comedores Sociales; Programa de Becas; Programa de Jóvenes Protagonistas (Escuelas Abiertas); Programa de Transferencias Condicionadas en Salud y Educación (Bonos Seguros). Durante todo el 2016 se reportaron múltiples quejas de los beneficiarios por la irregularidad o ausencia de los mismos.

Paralización de los programas

En el informe elaborado por el viceministro Pagurut, que consta de más de 200 páginas, el funcionario expone un bloqueo sistemático a la ejecución de los programas sociales. Entre las anomalías detectadas en el ministerio menciona los “despidos injustificados y sin consenso alguno, que denotan un completo abuso de autoridad, tales casos se pueden verificar en las destituciones del Asesor Jurídico del Viceministro de Protección Social, del Director de Prevención Social, de la Directora de Recursos Humanos, de la Directora Financiera, del Director de Asistencia Social, del Subdirector de Bolsas, del Subdirector de Coordinación y del Subdirector del Presupuesto”.

Así mismo, el documento hace referencia a un “bloqueo sistemático para entorpecer la gestión de ejecución de los programas sociales por más de 8 meses”, al tiempo que revela la posible motivación detrás de estas acciones: “se ha determinado la clara intención de realizar compras apresuradas de muchas solicitudes que en su momento eran necesarias y fueron rechazadas”.

Más de 160 páginas del informe muestran un amplio archivo de oficios internos que evidencian cómo le fue negado al Viceministerio de Protección Social durante la mayor parte del 2016, recursos indispensables para el funcionamiento de los programas sociales. Diferentes dependencias del Mides, incluyendo el despacho Superior y el Viceministerio Administrativo-Financiero, impidieron el acceso a plataformas digitales y bases de datos, les obstaculizaron el acceso a vehículos, insumos de oficina, equipo de cómputo, nombramientos y asignación de personal.

De igual forma rechazaron solicitudes para modificaciones presupuestarias requeridas para la operación de los programas sociales.

Transferencias y malversación

El documento hace referencia al Programa de Transferencias Condicionadas en Salud y Educación, el “programa insignia del ministerio ya que tiene como objetivo colaborar a la reducción de la desnutrición crónica”, a través del cual se ejecuta alrededor del 60% del presupuesto total del Mides.

Para el 2016 se le asignaron Q548 millones a ese programa, pero apenas en febrero de ese año, el Viceministerio de Protección Social recibió de parte del Despacho Superior, “una solicitud para ceder espacio presupuestario al FODES para ejecutar el Programa de Escuelas Móviles del componente de un préstamo del BID”. A pesar de haberse concedido, a octubre 2016 “el FODES no ha sido capaz de ejecutar”, señala el informe.

Así mismo indica que “se han utilizado recursos destinados a la inversión en los programas sociales para gastos de operación”.

En la parte final el documento se enfoca en el delito de malversación, revelando modificaciones presupuestarias que podrían constituirse en ese delito.

De acuerdo al Decreto 31-2012, Ley Contra La Corrupción, que en su artículo 30 reforma el artículo 447 del Código Penal, “Comete delito de malversación, el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren, una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieren destinados.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de veinte mil a cincuenta mil Quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte.

Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en dos terceras partes” (el resaltado y subrayado es nuestro).

Por lo anterior, debe ser motivo de fuerte preocupación para el Gobierno de FCN-Nación, principalmente para el Ministro de Desarrollo, que resulten ser ciertos los señalamientos del ex viceministro expuestos en el apartado “Modificaciones presupuestarias con posible delito de malversación de fondos públicos”, en donde señala que el Mides “a través de sus autoridades superiores, con el afán de ejecutar fondos en esta última fase del ejercicio fiscal, han decidido realizar una modificación presupuestaria tipo INTRA1 (autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas) por un monto de Q20,618,188.00, disminuyendo al programa social Mi Bolsa Segura, el cual presupuestariamente pertenece al Programa 14, Renglón 211 de Alimentos para Personas, y aumentando al Renglón 913 de Sentencias Judiciales del Programa 01 de Actividades Centrales”.

Lo anterior significa que más de Q20 millones cuyo destino era la asistencia alimenticia a personas necesitadas, fueron usados para cumplir compromisos derivados de procesos judiciales. El informe explica que “se tiene conocimiento de que la modificación presupuestaria es con la intención de cumplir sentencias judiciales en casos concernientes a la liquidación del Fonapaz, lo cual incurre en el delito de malversación de fondos públicos ya que se están utilizando fondos de programas de apoyo social en otros temas ajenos a los mismos”.

Sumado a lo anterior, el actual Viceministro de Protección Social, César Osvelí Aguirre, quien llegó al Mides en sustitución de Pagurut, se vio forzado a denunciar ante la Contraloría General de Cuentas la contratación del servicio de 10 mil desayunos y almuerzos para alumnos de escuelas públicas, que fueron pagados pero no existe evidencia de la totalidad de su entrega, una actividad de la cual él no fue informado. Se espera que Carlos Mencos ordene en breve una auditoría al programa “Jóvenes Protagonistas” a cargo del referido viceministerio.

Con tanto ruido a su alrededor, es innegable que el ministro Moreno tiene muchos amigos. Desde el Presidente y el Vicepresidente, hasta Javier Hernández, jefe de la bancada de FCN-Nación en el Congreso, son varios los que suelen referir que Moreno es “buena gente”; aun responden así ante el creciente cuestionamiento de los trabajadores del Mides.

“Sin duda el señor Moreno es muy buen amigo de los políticos, pero lo que los guatemaltecos necesitan en el despacho superior del Ministerio de Desarrollo Social, es a un funcionario esforzado, responsable y transparente”, afirma un trabajador de la institución.

Desde que en octubre 2016 Moreno removió a Aldo Fabrizio Pagurut del viceministerio a cargo de los programas sociales, indicó que “él va a ser colocado en otro puesto que el Presidente decidirá más adelante”. Hoy, fuentes en Casa Presidencial aseguran que el ex viceministro ahora se desenvuelve como asesor presidencial, como si nada hubiera pasado.

Mientras tanto, el Mides con un presupuesto asignado de Q923 millones para el 2017, continúa con los mismos síntomas de incapacidad de ejecución mostrados el año anterior. A finales de febrero pasado no lograba superar el 1% de ejecución presupuestaria, la más baja de todos los ministerios. Ya sabemos porqué.

El ex viceministro de Protección Social se quejó de no recibir apoyo para depurar el listado de beneficiarios de los programas sociales. Imagen: PB

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  • 22 marzo, 2017 en 8:28 am
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    Pregúntense a que costo se ejecuto apresuradamente en los últimos meses el presupuesto del año 2016, de Q300 en Q300 se pagaron sin respaldo a muertos, inactivos y gente sin hijos mas de 14 millones de los 200 millones de quetzales solo para «impresionar» a Jimmy de su capacidad de ejecución y justificar la salida del ex vice.

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