Caso Zamora: Bantrab otra vez en entredicho

La corrupción en la entidad financiera es un elemento en común que comparten las versiones del denunciante Ronald García Navarijo, ex directivo del banco, y las de los imputados, el periodista José Rubén Zamora y la fiscal auxiliar de la FECI, Samari Gómez, quien apunta al caso de DHK-Bantrab como clave frente al interés de García Navarijo por descongelar sus Q33 millones.

Por: Redacción Perro Bravo

Haciendo un breve repaso del caso contra Zamora y Gómez, se encuentra que el Ministerio Público imputó al periodista José Rubén Zamora Marroquín los delitos de lavado de dinero u otros activos, conspiración para el lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje, y a la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Gómez, el delito de revelación de información confidencial o reservada. El juez Fredy Orellana, a cargo del Juzgado 7mo de Instancia Penal, ligó a proceso penal a ambos sindicados por los delitos imputados, únicamente se le quitó a Zamora Marroquín el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Entre los indicios, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó Q300 mil en efectivo, que supuestamente fueron enviados por Zamora Marroquín a García Navarijo para que los bancarizara, es decir, que los ingresara al sistema bancario mediante la simulación de una transacción. El denunciante, Ronald García Navarijo, habría guardado el dinero y afirmó en sus declaraciones a la FECI, que el dinero «es probable que provenga de chantajes».

El MP también presentó audios, grabaciones de muy mala calidad y en la mayor parte inentendibles, de conversaciones entre el denunciante, Ronald García Navarijo, José Rubén Zamora, los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, y Flora Silva, gerente de Aldea Global, S.A, empresa a la que pertenece elPeriódico; en las que se discute, entre otras cosas, la figura de la transacción. Además, la FECI presentó un video en el que dos trabajadores de elPeriódico, llegan a la oficina supuestamente de la empresa Nijo, S.A., de García Navarijo, para entregar y contar el dinero en efectivo.

El MP también presentó el audio de una supuesta conversación entre Zamora y el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, a partir de la cual surge el señalamiento de que hubo filtración de información reservada, así como la grabación que realizó García Navarijo de una conversación que sostuvo con la auxiliar fiscal Samari Gómez. Todas las grabaciones se realizaron sin consentimiento de las otras personas y sin autorización de juez, por lo que se cuestiona su legalidad.

José Rubén Zamora, en su declaración ante el juez aseguró que la relación con el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, surgió por las diversas investigaciones que realizó elPeriódico, medio que Zamora preside, al punto que incluso la FECI tomó para el nombre de sus casos varios términos publicados por el matutino, «como el agua mágica y la coperacha». «Él era un fiscal contra la corrupción y nosotros en elPeriódico hacemos periodismo de investigación», recalcó Zamora.

En cuanto a los Q300 mil, Zamora explicó al juez que «son de gente prestigiosa, son empresarios honorables, destacados honestos, que lo sacaron de la banca nacional, lo hicieron efectivo y me lo entregaron». «Son de empresas lícitas y hoy quisiera suplicar comprensión en el sentido de que tengo que consultarles a ellos, y estoy seguro que se van a presentar aquí y le van a enseñar la documentación del dinero lícito de empresas de las más serias y grandes de Guatemala», declaró el fundador de elPeriódico.

Según José Rubén Zamora, el pago del bono 14 para el personal de elPeriódico «es como un Himalaya financiero», «yo no suelo depositar efectivo en mis cuentas personales ni en las de elPeriódico y Ronald me dijo que cualquier cosa que te pase como esa, sin comisión y sin ninguna consideración podés contar con el servicio que te puedo dar», expresó Zamora, «no hubo ningún chantaje, él – García Navarijo – me lo ofreció» aclaró.

«2.5 Millones que le lavó a Sandra»

Zamora indicó ante el juez Fredy Orellana que conoció a Ronald García Navarijo, junto a otros dos funcionarios del Bantrab, en el 2004, cuando lo llegaron a buscar a elPeriódico. “Tenían una crisis porque aparentemente querían nombrar una junta directiva política – en Bantrab- y yo los apoyé los más posible, lograron revertir cambios que ellos consideraban delicados para el banco, y a raíz de eso, comenzamos una relación comercial», expresó. «Nos compraban publicidad y como complemento les dábamos conferencias mensuales con columnistas», agregó Zamora y explicó que también le pedían a él personalmente «dos veces al año, la presentación de escenarios económicos, políticos, sociales y de políticas monetarias, cambiarias y crediticias”.

Así mismo, también recordó el periodista que «yo fui detenido ilegalmente en la zona 10 y me tomaron como muerto en Tecpán, y los bomberos me llevaron, y tuvo la referencia Ronald, y los otros dos funcionarios y elPeriódico, en donar una ambulancia a los bomberos de Tecpán y de equipar la sala de emergencias del hospital de Chimaltenango”. También agregó que impulsó una iniciativa de becas para maestrías y doctorados llamada Guatefuturo, a la cual aportaron seis bancos alrededor de $250 mil USD, siendo Bantrab uno de ellos.

Zamora afirmó que «nunca tuve problemas con Ronald», y explica que «Ronald dice en su declaración que le hicimos una nota fea, jamás hemos hablado mal del banco, y entre el 2000 y 2010, ni mal ni bien». «En sus actividades que tienen que ver con la comunidad y otras dinámicas, le hemos dado cobertura, es más, seguimos siendo sus clientes», resaltó Zamora respecto a la relación entre Bantrab y elPeriódico.

En relación a un cheque de la empresa Arca, Zamora explicó que fue a pedir un préstamo a Bantrab, pero que Ronald le dijo que «hay una empresa del grupo que te puede asistir más rápidamente», haciendo la comparación con un trámite regular en el banco, «haces la petición en el banco, el comité de créditos y evaluaciones toma dos semanas, vos necesitas tu plata para ayer», le habría dicho Navarijo según la versión de Zamora. «Yo hice la gestión, presenté mi solicitud, y en un contexto de libertad absoluta, ellos evaluaron y analizaron mi solicitud y me dieron la plata, que una es de publicidad por Q500 mil quetzales, que ahí tiene su cuenta por cobrar en elPeriódico», acotó el presidente del medio. «Es más, yo fui con Bantrab, ahí fue donde me enteré porqué no usaban esa inversión en publicidad que tenían, ahí me explicaron que esta empresa Arca era solo de tres funcionarios del banco, que no es del banco, sin embargo, a mi me dijo que era parte del grupo del banco», agregó Zamora.

El presidente de elPeriódico elaboró un poco más ante el juez, respecto a la situación que conocía de García Navarijo: «quiero contarle que cuando se lo llevaron preso, se lo llevaron a un hospital, me pidió que llevara a la CICIG, le llevé a la CICIG, no pudo concretar nada con CICIG porque ellos querían saber de Marllory Chacón Rossell, porque tenía mucha relación con la institución… lo llevé con la FECI, habló con la FECI, cuando se fue Juan Francisco lo llevé con la embajada americana, con el conocimiento de Luis Arreaga, el ex embajador». De igual manera, José Rubén Zamora indicó con claridad las agencias del gobierno de Estados Unidos que conocen la delicada información provista por García Navarijo, «yo estuve ahí presente, sentaron a Ronald con la gente de la INL, que es Justicia de Estados Unidos, con la DEA y con el FBI, que conocen estos casos que él ofreció, que me parecían muy importantes, por eso yo hablaba mucho con Juan Francisco (Sandoval) «, expresó.

Respecto a la documentación de casos de lavado de dinero que Ronald García Navarijo ofreció a las autoridades estadounidenses, Zamora relató que «él – García Navarijo- me explicó en detalle, y me enseñó fotos, que lavó dinero, 4 millones de dólares de una empresa de medicinas mexicana que le dio, ya siendo presidente electo, Jimmy Morales, que le llevó 500 mil al edificio de los Köng en la zona 14 (Adriátika), él personalmente los entregó». «Tiene las fotos de Jimmy y Sammy con los 4 millones de dólares, yo vi la foto y me la dio a mí sin cabeza para que yo no lo fuera a publicar, sólo dice FCN en su chumpa«, sostiene Zamora y agrega que «además tiene 2.5 millones que le lavó a Sandra Torres, por eso me parecía importante el caso». «Aparte de eso, recibió con el señor Chévez, que le decían ‘el mago’ Chévez, al presidente Funes de El Salvador, en los sótanos del Bantrab para lavarle 1.5 millones de dólares, tenía un sin número de casos», acotó Zamora en su declaración ante el juez.

Tiene las fotos de Jimmy y Sammy con los 4 millones de dólares, yo vi la foto.»

– José Rubén Zamora, sobre la documentación que tiene el ex gerente de Bantrab

«Llegué a la FECI por el caso DHK»

Por su parte, Samari Carolina Gómez, la auxiliar fiscal de la FECI, en su primera declaración ante el juez Orellana, hizo énfasis en los expedientes que tenía a su cargo. «Necesito hacer mención con relación a ciertos hechos que el MP no ha puesto en conocimiento de su persona, y que es importante que el honorable juzgador conozca para poder tener la totalidad de la panorámica del motivo por el cual se está ventilando esto el día de hoy, ya que no se trata de un situación de revelación de información como se le ha hecho creer a usted para sorprenderlo en su buena fe», enfatizó Gómez y señaló que se trata de «un artificio que fue elaborado, toda vez que la persona que en determinado momento denuncia, en varias ocasiones solicitó la devolución de ciertos fondos que se encuentran inmovilizados no sólo dentro del caso Arca, del cual se hizo mención el día de hoy, sino también en el expediente conocido como Villas de Elgin, y también dentro del expediente conocido como DHK» expresó.

Samari Gómez repasó ante el juez una línea de tiempos que incluye desde el momento en que llega a la FECI, «es importante mencionar que cuando se dio el traslado de mi persona a la FECI yo me encontraba asignada a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos, que es la fiscalía que originalmente estaba conociendo el expediente Villas de Elgin y el expediente conocido como DHK». «Dichas investigaciones no se encuentran bajo reserva y pueden ser consultadas en cualquier momento en los órganos jurisdiccionales y ante el MP» aclaró la auxiliar fiscal y procedió a brindar datos específicos: «con relación al expediente conocido como DHK es importante mencionar que ese expediente se encuentra actualmente bajo el control jurisdiccional de esta judicatura, el numero de expediente que identifica dicha carpeta es el MP 510-2016-69 y la causa es la 1079-2016-158».

Respecto a las causas que conoce otro juzgado, el 4to de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y que se encuentran actualmente bajo reserva, Gómez hizo referencia a las diferentes imputaciones en contra de García Navarijo: «Dentro de la carpeta conocida como Bantrab-Villas que ya mencioné, MP5102016-222, el señor Ronald Giovanni García Navarijo es sindicado por los delitos de asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero u otros activos; dentro de la carpeta identificada como M3542-2017-9, que es la conocida como Bantrab-Arca, el señor, figura como sindicado de los delitos de lavado de dinero u otros activos, peculado en grado de complicidad, y se le implica provisionalmente el delito de financiamiento electoral no registrado», explicó Samari y resaltó que «a la presente fecha llevamos dos años a la espera que esa audiencia se lleve a cabo para poder conocer su primera declaración».

En el 2015, Revista Perro Bravo alertó de la expansión del Cartel de los Soles en la región.

Samari Gómez también se refirió al audio presentado de una conversación entre ella y García Navarijo: «De lo que se pudo escuchar en este audio, la única finalidad que perseguía el señor García Navarijo era la devolución de ciertos cheques que se encontraban inmovilizados en la carpeta ministerial que contiene la investigación relacionada al caso Bantrab-Villas de Elgin, que es una carpeta que ya está en espera de debate y cuya fecha está programada para el año 2023». Gómez también explicó que «ante la insistencia de García Navarijo de obtener la devolución de ciertos cheques, en todo momento mi persona le hizo de su conocimiento que esa no era la forma de llevar un proceso de colaboración eficaz.»

Además, Gómez apunta hacia la implicación de haber grabado dicha conversación, «es importante que después de esa reunión confidencial que se estaba llevando a cabo como parte de un probable convenio de colaboración eficaz, debía de permanecer de manera confidencial, sin embargo el señor García Navarijo tuvo a bien grabar la reunión y ventilar la información que en ese momento se estaba brindando bajo secretividad y que la ley es clara que no se debe revelar «.También afirmó que la agente fiscal a cargo de la agencia 6 de la FECI, la licenciada Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, «le informó al señor García Navarijo, de la instrucción que había recibido del licenciado Curruchiche con relación a mantener la inmovilización de los cheques que él estaba solicitando, puesto que el convenido de colaboración no se había firmado aún y ni siquiera se había terminado con el proceso de entrevista», dijo Gómez y agregó que «fue justamente el señor García Navarijo quien fue posponiendo y posponiendo y posponiendo las reuniones a partir del momento que se le informó que ese dinero no se le iba a devolver.»

La auxiliar fiscal procedió a explicarle al juez la correlación entre las distintas carpetas judiciales, «todo tiene una conexión, al saber el señor Ronald García Navarijo que esos fondos no le iban a ser devueltos, inició acciones e incluso apersonó nuevos abogados, dentro del expediente conocido como MP510-2016-69, que se conoce en la fiscalía como caso DHK», dijo Gómez e indicó que «este caso surgió de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos, no en la FECI, surge derivado de una denuncia de la SIB y de la IVE, sin embargo, por la trascendencia de ese caso, la CICIG solicitó que el expediente fuera trasladado a la FECI y, adicionalmente, que se trasladara a la persona encargada de la investigación, puesto que era la que conocía del proceso, y entonces es así como yo llego a la FECI».

Gómez explica que «dentro de ese expediente es importante mencionar que se encuentran inmovilizados los fondos de las cuentas personales de García Navarijo, Hernández y Eduardo José Liu Yon, y también las de una organización venezolana de nombre DHK, el propietario de la entidad se llama Hidalgo Socorro Urdaneta y es de nacionalidad venezolana, la denuncia que fue presentada con relación a este expediente perseguía poder descubrir una red de lavado de dinero trasnacional, afirma y señala que «obra dentro del expediente, un informe en el cual la agente fiscal a cargo de la investigación y mi persona, hicimos ver, la posible salida procesal que proponíamos para ese caso concreto, sin embargo, al no coincidir la jefatura de sección con el criterio que nosotros manejábamos, y tampoco la CICIG, solicitaron el traslado de ese proceso a otra agencia fiscal«.

Así mismo, Samari Gómez indicó que a partir del año 2018, el expediente de DHK dejó de estar en su mesa de trabajo, y fue asignado a la mesa 7 de la FECI: «Del año del 2018 al año 2021, el expediente se mantuvo en la mesa de trabajo de un auxiliar fiscal de la agencia 7, y fue a solicitud de García Navarijo que regresó a mi mesa de trabajo…. García Navarijo solicitó que ese expediente fuera retornado a mi mesa de trabajo por considerar que yo era la persona que conocía el expediente». Gómez hizo énfasis en que «existían circunstancias que hacían aconsejable que todos los expedientes relacionados con la entidad Banco de los Trabajadores se encontraran concentrados en una mesa de trabajo ¿por qué? porque eso en determinado momento iba a facilitar la obtención de información para esa posible colaboración eficaz«, dijo e ilustró que «en caso de permanecer en la otra agencia, él podría solventar su situación con relación a los expedientes que estaban a mi cargo, sin embargo, siempre iba a quedar pendiente de solventar su situación en la otra agencia

Gómez reconoció que «el fiscal de sección a cargo en ese momento, el licenciado Juan Francisco Sandoval, tuvo a bien instruir que el expediente en efecto fuera trasladado a mi mesa de trabajo», y explicó que «por el tiempo que ha transcurrido ese expediente y que no se le ha podido dar una salida procesal, y siendo que existe una inmovilización de 20 millones de dólares, mi persona solicitó de manera escrita, con el visto bueno de la agente fiscal a cargo de la agencia, que el despacho pudiera evaluar el expediente y que pudiera darnos instrucciones respecto a la forma en cómo se debería manejar este expediente».

Ley de Extinción de Dominio impide levantar medidas

La auxiliar fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez, actualmente denunciada por García Navarijo, también señaló la clave que podría revelar el verdadero interés detrás de la denuncia, «porque la inmovilización de esos 20 millones de dólares, no la hizo la FECI, la inmovilización de esos fondos lo hizo directamente la Fiscalía de Extinción de Dominio, y existe un embargo precautorio decretado dentro de esa carpeta judicial que impide que la fiscalía penal pueda decidir cuál es el destino de esos fondos». «A la presente fecha desconozco cuál es el estado de la investigación que se encuentra abierta dentro del proceso de Extinción de Dominio, sin embargo, es de mi conocimiento que existe una investigación» señala Gómez y afirma que «existen tres oficios dentro del expediente ministerial, mediante los cuales la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó en virtud de lo que establece el articulo 28 de la Ley de Extinción de Dominio, que la fiscalía pudiera oponerse a cualquier solicitud de levantamiento o modificación de las medidas precautorias que se encuentran registradas dentro de ese expediente», dijo la auxiliar fiscal al tiempo que indicaba que «los oficios son del año 2016, cuando iniciaba la investigación, del 2018, cuando el expediente no estaba a mi cargo, y del 2022, que fue solicitada el mes pasado puesto que el señor Ronald García Navarijo dirigió acciones en esta judicatura para solicitar el levantamiento de la medida cautelar del embargo de sus cuentas personales

Samari Gómez recordó que «la Ley de Extinción de Dominio, ordena, no sugiere, no dice que es antojadizo, que mientras exista un proceso de Extinción de Dominio abierto, no se podrá conocer sobre cualquier otro proceso que tenga que ver con el levantamiento de las medidas cautelares que se encuentren decretadas», y afirmó que «desconozco a ciencia cierta y a profundidad cuál fue la dinámica de la audiencia en la que se solicitó el levantamiento de las medidas cautelares, me informaron y comentaron de cómo había sido la audiencia, y que lamentablemente en esa audiencia el juez séptimo, no su persona, había ordenado el levantamiento de las medidas cuatelares, pero había dejado una brecha que permitía que el MP pudiera informarle si las cuentas que se pretendían desinmovilizar estaban siendo investigadas por la Fiscalía de Extinción de Dominio.»

Gómez continuó exponiendo ante el juez el desarrollo de las acciones que se dieron en los días previos a su captura: «el día 19 de julio que me reincorporé a labores y por instrucciones de Muñoz Samayoa, se elaboró un memorial mediante el cual se remite a este juzgado los oficios que la Unidad de Extinción de Dominio ha girado para pedir que la fiscalía penal se oponga a la desinmovilización de los bienes que precautoriamente se encuentran inmovilizados», «el honorable juzgador tuvo a bien emitir una resolución mediante la cual le impone un previo al MP para que pueda informar de qué bancos son las cuentas que pretende el señor García Navarijo sean desinmovilizadas» dijo Samari y le indicó al juez Fredy Orellana que «el juez que emite la resolución es su persona». Así mismo, la auxiliar fiscal afirmó que el MP respondió el previo y que «el memorial mediante el cual se responde ese previo, fue firmado por la agente fiscal Muñoz Samayoa y se le hace de su conocimiento que las cuentas inmovilizadas corresponden al Banco de los Trabajadores específicamente», y agregó que «hasta ese momento mi persona se encontraba en funciones dentro de la FECI y desconozco si posteriormente a la respuesta que se brindó a esta judicatura, se emitió una nueva resolución en la cual se dejara sin efecto la resolución que levantaba las medidas cautelares en favor del señor García Navarijo».

«Desde mi captura el expediente DHK quedó sin ningún control», Samari Gómez, auxiliar fiscal de la FECI. Foto: PB

Samari Gómez también resaltó la importancia de dichos actos jurídicos: «¿Por qué es importante? Porque el levantamiento de medidas cautelares que pretendía el señor García Navarijo asciende al monto de 33 millones de quetzales», y recordó que «la finalidad de las medidas cautelares es garantizar de alguna manera las resultas del proceso». Además, Gómez le resumió al juzgador los montos que se encuentran en cuestión dentro de los procesos vinculados al Banco de los Trabajadores, indicando que en el caso Villas de Elgin se trata de un monto de Q16 millones, en el caso Arca se encuentran Q29 millones aproximadamente, más los fondos que tienen que ver con la entidad Grupo Base, de alrededor de Q14 millones, adicionalmente, se tiene la investigación DHK en la que los fondos que se discuten son $20 millones USD, más o menos Q157 millones. «Adicionalmente, existe abierto otro proceso, Bantrab-Sol Energy, que tienen que ver con un préstamo que fue concedido por la junta directiva de Bantrab y que ascendía inicialmente a 7 millones de dólares y que con el transcurso de las investigaciones se pudo establecer que posiblemente asciende a 14 millones de dólares«, dijo Gómez y concluyó que «posiblemente esos Q33 millones no alcanzarían a cubrir creo que ni siquiera el 1% de lo que realmente fue defraudado dentro de los casos relacionados a Bantrab«.

Gómez también recuerda que derivado de la resolución emitida el juez Orellana, «uno de los mandatarios de Bantrab se apersonó a la fiscalía el día 27 de julio para pedir información y consultar si la resolución mediante la cual el juzgador imponía el previo al MP ya había sido notificado en la FECI, a lo que se le informó que no y que debíamos seguir pendientes y en cuanto se tuviera la resolución nosotros íbamos a darle respuesta». Así mismo, Samari indicó que «el día 28 de julio por la mañana, se presentó otro de los mandatarios del banco, solicitando nuevamente información con relación a si ya había sido recibida esta resolución» y continuó explicando «¿por qué? porque el levantamiento de la medida precautoria de los 33 millones a favor de García Navarijo es importante para ellos puesto que el juez ordenó que, una vez recibido el oficio de la desinmovilizacion, el banco tenía 5 días para hacer efectivo ese levantamiento». Según la auxiliar fiscal «el banco estaba tratando de verificar si se iba a continuar con la resolución que había dado con lugar el levantamiento de las medidas o si su persona en determinado momento revocaba esta resolución.»

desde el día 29 de julio ese expediente ha estado a disposición de cualquier persona que pudiera querer obtener información y al momento se ha roto la cadena de custodia porque la evidencia no fue debidamente entregada»

Samari Gómez, auxiliar fiscal de FECI, sobre expediente Bantrab-DHK

Después de afirmar que el mismo día de su captura, el 29 de julio pasado, nuevamente un personero de Bantrab llegó a la FECI con la finalidad de obtener copia del memorial que había sido presentado ante esa misma judicatura en relación a las cuentas de García Navarijo, Samari Gómez indicó que «como el día 28 mi persona había recibido una instrucción por escrito que decía que debía entregar el expediente, le informé al representante del Banco de los Trabajadores que no era posible acceder a su solicitud porque ya me encontraba imposibilitada de entregarle información, porque ya se había ordenado la entrega del expediente». Para Gómez era bastante clara la responsabilidad que conlleva el traslado correcto de un expediente: «creo yo que el cambio de mesa de un expediente que lleva 6 años de investigación, que ha sido conocido únicamente por una persona, es importante puesto que existían audiencias programadas que estaban pendientes de llevarse a cabo», afirma y explica que «existe un acto conclusivo que debe ser presentado el 22 de agosto y que fue parte de los cuestionamientos que yo le realice a la agente fiscal en cuanto a qué actitud se iba a asumir en relación a estas audiencias».

Ante la consulta que Gómez realizó a la agente fiscal Maricruz Muñoz respecto a cómo proceder, explicó que «la agente fiscal me instruyó de manera verbal que debía continuar con los temas prioritarios que eran: la presentación del acto conclusivo, el seguimiento a un plazo que fue concedido por el juez cuarto para darle seguimiento a una solicitud de suspensión condicional, seguimiento a una solicitud de prueba de grafía que se debía solicitar al INACIF para darle salida a una clausura provisional que fue decretada dentro del mismo proceso, y darle respuesta a algunos requerimientos planteados por abogados de algunos de los sindicados». De igual manera, Samari Gómez enfatizó la incongruencia en las instrucciones, «se pretendía que yo entregara el expediente, sin embargo, también se pretendía que yo elaborara los proyectos de acusación y aparte que le diera seguimiento a las diligencias urgentes, y se me indicó que esa era la instrucción que había sido vertida por el licenciado Curruchiche«, dijo.

«El día 28 yo fui notificada de que debía entregar mi mesa de trabajo y el día 29 fui aprehendida, al momento de la aprehensión, no se llevó a cabo ninguna entrega del expediente» expresó Samari Gómez ante el juez Orellana y advirtió la situación del expediente DHK, «desde el día 29 de julio ese expediente ha estado a disposición de cualquier persona que pudiera querer obtener información y al momento se ha roto la cadena de custodia porque la evidencia no fue debidamente entregada», «y no porque mi persona incumpliera la instrucción vertida por la jefatura de sección, sino porque las propias circunstancias que fueron generadas dentro de la FECI, y que por medio de ellas se generó la orden de aprehensión en mi contra, impidieron que yo llevara a cabo la entrega de ese expediente», concluyó.

La auxiliar fiscal Gómez continuó expresándole al juez su inquietud respecto a la vulnerabilidad de los expedientes, «es importante mencionar que parte de las preocupaciones que yo he tenido todos estos días es saber que ese expediente (DHK) y los expedientes bajo mi cargo, se quedaron desde ese momento sin ningún control y a disposición de que cualquier persona pueda manipularlos, y derivado de esa preocupación, mi persona presentó una denuncia ante la PDH haciendo constar precisamente ese extremo para evitar que se diera una manipulación de la información mientras me encuentro yo recluida».

Así mismo, Samari Gómez insistió en que la denuncia en su contra «es una elaboración de un sindicado que pretendió de diversas maneras obtener la devolución de un dinero y que al no haber podido obtenerlo, decidió optar por otros medios para desvirtuar mi trabajo y lo actuado hasta este momento dentro de los expedientes a mi cargo, y presionar para la devolución de los fondos que él pretende obtener.»

De la misma manera Gómez resaltó ante el juez que «los expedientes a los que cuales he hecho mención se encuentran en la FECI y se podrían someter a un reconocimiento judicial para que usted pueda verificar y observar el volumen de la información que se ha manejado y que usted pueda establecer si efectivamente mi persona ha retardado la administración de justicia o ha pretendido favorecer a ciertas personas dentro del proceso», agregó que «el proceso no se ha cerrado, sigue abierto» e indicó que «el expediente DHK tiene alrededor de 56 piezas de investigación».

La denuncia del ex banquero Ronald García Navarijo, junto a las declaraciones del periodista José Rubén Zamora y de la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez, confirman lo mismo que todos los casos judiciales vinculados al Banco de los Trabajadores: la impostergable necesidad de transparentar las actuaciones de los órganos directivos del banco e instalar una Unidad de Acceso a la Información Pública, a lo cual la institución está obligada por ley dado que el Estado de Guatemala es su accionista.

Lee el especial digital de Perro Bravo «El banco que le quitaron a los trabajadores» y entérate de por qué Bantrab es un banco de interés público: https://www.perrobravo.digital/especialbantrab1

Resulta comprensible el interés que manifestaron los representantes de Bantrab en las últimas visitas realizadas a la FECI para comprobar si ya habían sido notificados de la resolución que podría impedir o facilitar el levantamiento de las medidas precautorias que congelaron los fondos de García Navarijo, en especial porque adicionalmente al desfalco que supone cada caso antes mencionado, existe además otro caso internacional, vinculado a la negociación de DHK Finance, que finalmente obligó al banco a pagar $4 millones USD, es decir, aproximadamente Q32 millones de quetzales, en detrimento del patrimonio del banco y de sus miles de accionistas.

La empresa Quantum Capital LLC, fundada en Miami, que actuó como intermediaria en la adquisición de acciones de Bantrab por parte de los venezolanos incorporados en la empresa DHK Finance Inc., interpuso una demanda en una corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, en contra del Banco de los Trabajadores, debido a que la directiva anterior no le pagó la comisión correspondiente establecida por medio de un contrato privado. La corte de Florida ordenó al banco cancelar la comisión más costas judiciales, que ascendió en total a un poco más de $4 millones USD.

Comprobante de la transacción de $4 millones USD que Bantrab pagó a Quantum Capital por orden de una corte de Florida, EU. Foto: Archivo PB

En uno de los audios de una conversación telefónica entre José Rubén Zamora y Ronald García Navarijo realizada el 28 de julio pasado, el periodista le informa al ex banquero, que Juan Francisco (Sandoval) le había pedido que le comunicara que sus amigos en la FECI le contaron que «Curruchiche quiere retomar el caso del Bantrab», a lo que García Navarijo responde «que me lleve a Washington decile, porque qué otra verdad vos, estos están insistiendo, es que fijate vos que en el banco hay una lucha de poderes por el tema de la junta directiva y es un relajo, a ver si no es por eso…». No obstante, llama mucho la atención que la actual junta directiva, lejos de emprender una especie de cobro judicial en contra de los responsables de las acciones que derivaron en el pago de los $4 millones USD por orden de una corte estadounidense, operó dicho monto como pérdidas de la institución y no como una cuenta por cobrar, aún cuando tenía conocimiento de los montos en las cuentas embargadas a García Navarijo, una decisión que va en claro detrimento de las utilidades de los accionistas del banco, incluyendo al Estado de Guatemala, razón por la cual ya existe una denuncia en el Ministerio Público.

En todo caso, el MP debe garantizar ante los guatemaltecos la integridad del expediente Bantrab-DHK, así como los demás expedientes que tenía a su cargo la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Gómez, y cuya entrega no se materializó porque fue impedida con su captura. El juez Orellana tiene la facultad para ordenar el reconocimiento judicial de los expedientes y la designación de un responsable.

A todas luces es imperativa además, la aplicación de las medidas que corresponden a Bantrab como sujeto obligado a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, así se puede contribuir a evitar que grupos incrustados en su directiva, continúen cometiendo desmanes en contra de los intereses del banco y de sus legítimos accionistas.

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