DIAGNÓSTICO: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD NACIONAL ANÁLISIS DE COYUNTURA

COLUMNAS danilo

 

Es muy difícil encontrar una opinión catalizadora en el análisis de coyuntura, a no ser por las visiones parcializadas, y altamente ideologizadas, cuyo objetivo inmediato, ha sido alcanzar posiciones de gobierno sugeridas o impuestas en implementación de un progresivo y bien definido programa de políticas públicas, que reciba, sin mayor resistencia, la implementación de un plan externo ya definido y en marcha, dándoles como compensación un protagonismo que les era ajeno, como producto de su reducida presencia electoral y política.

Este nuevo escenario es producto de la revolución de las conciencias cimentada en la creencia generalizada de que fue la movilización de la población la que determinó los acontecimientos trascendentales del año 2015, tesis seriamente cuestionada, en cuanto a la autenticidad de su convocatoria y movilización, por la orientación absolutamente dirigida y con poca participación nacional en el diseño e implementación de las políticas de Estado a partir de la aparente toma del poder por el pueblo como producto de su toma de conciencia.

UN GOBIERNO A LA DEFENSIVA, Y LOS OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO COPTADOS POR UNA AGENDA INTERNACIONAL

Partiendo de la tesis del Estado Fallido, el proceso de elecciones del año 2015, por el origen y descalabro del sistema de Partidos Políticos, lucía desde el principio incapaz de proponer una agenda democrática de cambios. Factor que contribuyó a facilitar la implementación de una estrategia, que permitiera el no rompimiento al cuestionado proceso constitucional, pero garantizando anticipadamente, que las estructuras que surgieran de dicho proceso serían incapaces de presentar resistencia institucionalizada a la implementación de un proyecto de desmantelamiento total de la estructura de poder imperante en el país, cuya agonía, debía posponerse a través de un proceso electoral poco apreciado por una población sin opciones arraigadas para afrontar el cambio.

Un Estado débil financieramente para atender las necesidades crecientes de la población, inmerso en la depredación institucionalizada de sus precarios recursos, planteó el escenario idóneo para implementar la agenda internacional con la simpatía de la población y la ausencia total de un liderazgo capaz de negociar los términos de la intervención.

Un Presidente electo en aquellas circunstancias, surgido de la frustración nacional sin opciones serias para comprometer un voto consciente como el que reclamaban las prometedoras condiciones,     llegaba al poder, sin el soporte político estratégico, que le diera la posibilidad de ejercer el poder institucional para la implementación de una agenda política, como la que había consentido la población, que ajena a los juegos de poder, tomó conciencia de la oportunidad que se le presentaba de tener un gobierno cercano y sensible a sus necesidades. El respaldo político de una elección abrumadora, es un magnifico instrumento para marcar las líneas iniciales de gobierno pero igualmente es demasiado frágil, influenciable y voluble, tal y como se está demostrando, como para confiar en su solo soporte todo un período gubernamental.

El partido insignia de la plataforma presidencial, constituía una organización de nuevo cuño, cuya presencia organizacional, clave para la promoción de candidaturas de Alcaldes y Diputados, era prácticamente inexistente, y por primera vez en la historia política del país, el efecto de la comunicación de los medios alternativos sustituyó la eficacia de la organización partidaria, reconocida para ese momento, de manera principal, en los otros dos partidos a cuyos candidatos presidenciales había defenestrado de hecho la opinión pública, cuyo rechazo, poco incidió en su estructura local y departamental, para el caso de Alcaldes y Diputados, que se reiteró en apoyo de aquellos que mayor movilización e inversión habían realizado en sus respectivas circunscripciones electorales y que pertenecían a esos partidos

En esas circunstancias el Organismo Legislativo, pieza estratégica para la implementación de cualquier plan de gobierno, quedaba reducido a una Organismo integrado por dirigentes sumamente cuestionados de los partidos en proceso de extinción, que a lo sumo, llegarían a tener como objetivo primario, sobrevivir en su curul. El transfuguismo masivo que se dio a los pocos días de su instalación, y el repudio ciudadano a su composición, nos dio un claro indicador de la vulnerabilidad del Congreso de la República frente a cualquier intención de liderar un proceso de cambio como el que esperaba la misma población.

Este nivel de contradicción orgánica, garantizaba las dificultades reservadas al Organismo Ejecutivo, para concertar una agenda legislativa de consenso como la que exigían las circunstancias, sumado a este factor la inexistencia de operadores políticos calificados o miembros relevantes del gabinete que le dieran la personalidad política al nuevo equipo del gobierno central para enfrentar una compleja situación como la existente cargada por una agenda internacional que creó las condiciones para la implementación de su propio plan haciéndolo irreductible frente a la ausencia de una contraparte orgánica y representativa.

EL ORGANISMO JUDICIAL Y SU POLÍTICA DE SOBREVIVENCIA EN EL NUEVO ESCENARIO

La situación del Organismo Judicial, no es la excepción en cuanto a la aplicación de una política de supervivencia en el nuevo escenario, que se apuró a ajustar, no sin presiones, su visión y actuación ante la corriente dominante.

Más allá de reconocer, el nivel de corrupción, politización de la Justicia y Judicialización de la política, que en alianza perversa desvirtuaron la esencia en la aplicación de la justicia y la credibilidad en la mayoría de los estamentos jurisdiccionales, su recomposición, en vez de diseñarse sobre la base de un cambio estructural en su integración, oxigenando el sistema y que se orientara a una composición mixta y equilibrada de juristas en el libre ejercicio profesional, en combinación con quienes trabajan en el desempeño de funciones judiciales, para equilibrar la visión de una justicia para todos, diferente, a la de afianzar la visión corporativa que ha creado una Burocracia Judicial, tan perjudicial como lo ha sido históricamente, cualquier burocracia establecida y dominante.

Toda visión que crea estamentos privilegiados y corporativos sustituye su elevada misión, por elevada que esta sea (para el caso la Justicia) por el reducido objetivo de defender y conquistar privilegios gremiales.

De hecho las propuestas reformas constitucionales planteadas al sistema de justicia, no esconden su intención de darle categoría constitucional a intereses en gran medida soportados en las aspiraciones del gremio judicial.

Pero en relación a criterios judiciales, el elemento sobresaliente de esa nueva visión, fue la aceptación incondicional de la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, corriente impulsada por el tratadista alemán Gunther Jacobs, (1985) cuya esencia radica en considerar al transgresor como culpable a partir de la sindicación, anulando todos los principios, que en nuestro caso, son el soporte ético de nuestra legislación constitucional.

La declaración antropocéntrica de nuestra normativa fundamental privilegia al ser humano y sus derechos, como la razón de ser de todos sus contenidos.

La ley patriot impulsada por el presidente Bush hijo, posterior al terrible ataque terrorista de las torres gemelas, asumió la tesis de Jacobs como parte de una política aplicable en toda la geografía mundial que pudiera afectar la seguridad de los Estados Unidos de América.

En nuestro caso, la aplicación de esa visión, ha sustituido principios universales de carácter procesal (presunción de inocencia, debido proceso, prisión provisional como medida extrema) y todo un esquema de garantías inmersas en nuestra legislación constitucional y procesal, que han anulado a las defensas, de los instrumentos e instituciones procesales, que en los propios Estados Unidos, sería imposible dejar de observar y respetar.

La persecución a la corrupción, por demás necesaria y ejemplificadora, ha sido el pretexto aplaudido por la población para la aplicación de una normativa ajena a nuestra legislación asentada en principios distintos al derecho anglosajón.

Aterrorizados los operadores judiciales, ajustan sus criterios, a la corriente dominante, que frente al más mínimo signo de independencia en las resoluciones de jueces y magistrados, incluida la Corte de Constitucionalidad, que sea diferente al criterio de las instituciones que impulsan la punición del delito, los expone ante la vindicta pública, como aliados de la impunidad.

Tanto la Procuraduría General de la Nación, como La Contraloría General de Cuentas, instituciones con funciones específicas, se pliegan incondicionales frente a la acusación del MP y su institución soporte, ignorando la naturaleza de sus funciones diferentes.

En acciones procesales, como algunos casos de resarcimientos, la Procuraduría General de la Nación PGN no ha expresado una posición diferente a la acusación, aun sabiendo que afecta los intereses financieros del Estado para cuya defensa, por ser su abogado constitucional, debiera por lo menos, contradecir las actuaciones, procesalmente.

Frente a semejante coincidencia de actitudes procesales, el Juzgador queda imposibilitado de contrastar posiciones, que lo harían quedar, si decide lo contrario, como cómplice corrupto de los acusados.

Un sesgo de esa magnitud, desvirtúa la aplicación de una justicia ajustada a Derecho.

En consecuencia, la presencia de los mismos actores señalados en sus nombramientos y en supuesto proceso de redimir al Organismo Judicial, los hace globalmente incapaces de expresar independencia real frente a cualquier tipo de sugerencia o intervención foránea.

La existencia misma de las carceletas medievales en el corazón del Organismo Judicial es una muestra de la aceptación incondicional de la Teoría del Derecho Penal del Enemigo, contraria a la naturaleza garantista de nuestra legislación constitucional y procesal penal.

La necesidad institucional de reflexionar en torno a una reforma estructural profunda, lo exige la existencia misma de la Corte de Constitucionalidad, que hace de la llamada Corte Suprema de Justicia, un tribunal de nivel intermedio, contradicción profunda en la declaración constitucional que no reconoce más de dos instancias.

Toda denuncia de violación constitucional exige el conocimiento jurisdiccional, para la consideración de las posibles violaciones. Ese nivel de supremacía, vía la institución del amparo, en todas las materias, transforma a la Corte de Constitucionalidad en la suplantadora de la Supremacía Jurisdiccional que constitucionalmente se le reconoce a la Corte Suprema de Justicia.

Una ponencia razonable sería la que dicha institución, fuera una sala de amparos, como parte de la Corte Suprema de Justicia.

PELIGROS INSTITUCIONALES…

PARA EL EJECUTIVO

1 La suplantación de las decisiones del Organismo Ejecutivo, frente a la ausencia de influencia en la determinación de políticas de Estado.

2 El desgaste del Presidente de la República que lo lleven a la aceptación de imposiciones estratégicas ajenas al interés nacional o provoquen su renuncia o defenestramiento.

3 Fraccionar aún más sus débiles interlocutores en el organismo legislativo que le impidan orientar la labor ejecutiva en el marco de la formulación de leyes importantes.

4 Por la nueva ley del Organismo Legislativo desaforar diputados afines al Ejecutivo, para evitar que los sustitutos, por la prohibición expresa, en su Ley Orgánica, tengan como única opción la de declararse independientes por la imposibilidad legal de integrarse a la bancada oficial.

5 Inutilizar la representación oficial en el legislativo, cuando más la necesita, es una clara advertencia del nivel de poder de quienes dirigen y ejecutan la estrategia global.

guatemala

PARA EL ORGANISMO LEGISLATIVO

1 Ataque sistemático a sus integrantes (absolutamente coincidente con el rechazo de la población) para debilitar cualquier tipo de resistencia o independencia propositiva ajena a los intereses de quienes dirigen la agenda estratégica global en el país como parte de una política continental independiente de nuestras decisiones.

2) Defenestración ejemplarizante de quienes cuestionados por la población pueden ser substituidos por sus suplentes, cuya lealtad a la estrategia macro, estaría garantizada por temor más que por convicción.

3) Implementación de leyes que se adecúen a esa estrategia continental de supresión progresiva de nuestra autonomía política.

OBSERVACIÓN OBLIGADA

La elección presidencial de los Estados Unidos de América, frente a la incertidumbre de sus resultados y aún con independencia de ellos, nos debiera apurar a la definición de una estrategia nacional.

CONCLUSIONES

Es urgente la constitución de un grupo de figuras respetadas, inter sectorial, que eleve el nivel político de negociación con los organismos nacionales e internacionales que sea preciso para consensuar los términos y límites de la intervención en curso.

Fortalecer una estructura de participación política incluyente, que represente los intereses diversos pero de urgente concertación nacional.

Frente a la desestructuración progresiva de los Partidos Políticos, cuyo destino inmediato y mediato es incierto y poco representativo, se considere promover, como primera decisión urgente, el diseño de una Ley Electoral y de Partidos Políticos, transitoria y de vigencia para una sola vez para promover un proceso eleccionario que releve y le de paso a una nueva conducción política del país, que permita la distensión de las presiones sobre el régimen y le de carta de naturaleza como un necesario gobierno de transición que a su vez reflejara en su composición, una convocatoria a la Unidad Nacional.

Llegar al acuerdo inter sectorial para que sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente o en su defecto un Plan Consensuado de Rescate de amplia Participación y de Urgencia Nacional, liderado por el Presidente de la República.

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