GUATEMALA, VORÁGINE DE LA INJUSTICIA

Dos casos enigmáticos revelan cómo se percibe la justicia en el país

Rios y Portillo

El juicio de José Efraín Ríos Montt por el supuesto genocidio cometido en contra de la población Ixil durante el conflicto armado interno entre 1982 y 1983, cuando él era jefe de Estado, y la extradición del ex presidente Alfonso Portillo para ser enjuiciado en Estados Unidos en donde enfrenta una acusación por lavado de dinero; se encuentran bajo la presión de la comunidad internacional al tiempo que en Guatemala generan pasiones desenfrenadas y una mezcla de sentimientos encontrados que generan más polarización en el país. A lo largo de ambos procesos judiciales lo que menos ha percibido la población es – irónicamente – el sentido de Justicia.

El filoso juicio por genocidio

El 10 de mayo 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, condenó a José Efraín Ríos Montt a 50 años por genocidio y 30 años por delitos contra deberes de la humanidad; una sentencia considerada como histórica y que marcaba el final de un proceso fuertemente señalado de estar plagado de ilegalidades.

En días posteriores, mientras grupos afines al Ejército, que defienden el papel que jugó la institución castrense durante el conflicto armado, promovían la campaña “En Guatemala No Hubo Genocidio”, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) solicitaba al Tribunal como parte de las medidas de resarcimiento, que se considerara delito cualquier expresión que negara que en Guatemala hubo genocidio. Inmediatamente las organizaciones que trabajan en pro de la libertad de expresión se pronunciaron.  La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) hizo un llamado “a toda la prensa nacional, para que cerremos filas ante estas malogradas expresiones, que ponen en tela de juicio el trabajo que hace esta entidad denominada CALDH en Guatemala, porque lejos de defender los derechos humanos, los pisotea”.

Por su arte, la Cámara Guatemalteca de Periodismo expresó en un comunicado que veían con “extrañeza y preocupación que, en especial, una organización que se proclame ‘defensora de los derechos humanos’ promuevan acciones que tiendan a violar directamente el derecho humano a la libre expresión del pensamiento”.

La sentencia que condenaba a Efraín Ríos Montt generó un intenso sentimiento de división entre los distintos sectores de la sociedad. Mientras el CACIF se pronunciaba en contra de la sentencia, grupos de militares expresaban su solidaridad con Ríos Montt. El 18 de mayo en un comunicado una organización llamada Reserva de Oficiales en Retiro, expresó: “sólo se pierde la lucha que se abandona, si deseas la paz ¡prepárate para la guerra!… no olviden que todos somos soldados, saludos a la familia militar…”.

Luego, el 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que dejó anulada la condena de 80 años, reconociendo la existencia de vicios en el debate y ordenando que el proceso regresara al 19 de abril de este año.

El Alcalde Indígena de Nebaj rechazó la resolución de la CC calificándola de una “bofetada para el pueblo Ixil” y que al retroceder el proceso se estaba obligando a quienes brindaron testimonios a “abrir nuevamente las heridas “.

Pasaron largos días antes de que la Sala Primera de Apelaciones pudiera conformarse. Un total de 59 magistrados, entre titulares y suplentes, se excusaron de conocer el caso. En su momento, el ex canciller y constitucionalista, Gabriel Orellana, declaró a los medios informativos que “nadie puede obligar a un juez a asumir un papel que no quiere”, y que, en la hipotética situación que nadie quiera conformar la Sala de Apelaciones, “se podría convocar a jueces de otro país”.

Después de varios días de incertidumbre la Sala Primera de Apelaciones quedó integrada el lunes 27 de mayo. Ese mismo dicha sala ordenó al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo cumplir con el fallo de la CC.

Como corresponde según la ley, los integrantes del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo se excusaron de conocer el resto del proceso puesto que ya habían emitido opinión en la sentencia del 10 de mayo. Al cierre de esta edición, la Corte Suprema de Justicia estaba por nombrar a otros magistrados para integrar ese tribunal.

Si bien, el fallo de la CC solamente retrocede el juicio y no influye en la sentencia que tendrá el tribunal competente en su momento, lo cierto es que el proceso se ha visto opacado por la división que este juicio genera en sectores enfrentados en nuestra sociedad.

Como una muestra del efecto polarizador que ha generado este juicio, cabe mencionar que la Fundación Contra el Terrorismo, presidida por el militar Ricardo Méndez Ruíz, ha publicado a lo largo del proceso una serie de boletines titulados “La farsa del genocidio, conspiración marxista y de la Iglesia Católica”, en los que expone los crímenes cometidos por la guerrilla durante el conflicto armado.

El 28 de mayo, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – única en el mundo -, Francisco Dall’Anese, renunció a su cargo. Al ser cuestionado el canciller guatemalteco, Fernando Carrera, acerca de la renuncia del comisionado, declaró que Guatemala había formulado en días recientes “algunas quejas sobre Dall’Anese ante Naciones Unidas”. El funcionario confirmó que las quejas estaban relacionadas a la forma en que el comisionado de la CICIG emitió opinión sobre el proceso contra Efraín Ríos Montt.

Para Ríos Montt no todo está dicho, aun debe enfrentar el juicio que finalmente determine si es inocente o culpable de genocidio.
Para Ríos Montt no todo está dicho, aun debe enfrentar el juicio que finalmente determine si es inocente o culpable de genocidio.

El efecto Portillo

La CICIG también jugó un papel importante en la persecución contra Alfonso Portillo al colaborar con su captura y constituirse en querellante en el proceso por peculado contra el ex presidente, llevado a cabo en Guatemala y del cual resultó absuelto en el 2011.

En noviembre de ese mismo año, el entonces presidente Álvaro Colom,  y Carlos Menocal, quien fungió como ministro de gobernación en ese tiempo, firmaron el acuerdo gubernativo que avaló la extradición de Alfonso Portillo. El acuerdo también fue firmado por Carlos Larios Ochaíta, Secretario General de la Presidencia en ese entonces, y Haroldo Rodas, como Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de la UNE.

A pesar de la absolución, Alfonso Portillo permaneció retenido en la cárcel del cuartel de Matamoros hasta su extradición en mayo del 2013. Durante este tiempo, la defensa intentó detener la extradición de Portillo hacia Estados Unidos para enfrentar la acusación que la fiscalía de ese país ha enderezado en contra del ex presidente por conspiración para lavado de dinero.

El 24 de mayo 2013, encontrándose en el Centro Médico Militar, sorpresivamente Alfonso Portillo fue sacado sin finalizar su tratamiento médico y llevado a la Fuerza Aérea Guatemalteca para colocarlo a bordo de un avión con destino a la ciudad de Nueva York.

La indignación generalizada por la forma abrupta e irrespetuosa en que Alfonso Portillo fue extraditado, generó expresiones de protesta por parte de varios sectores de la población, al tiempo en que varios juristas calificaban el proceso de ilegal.

La Procuraduría de los Derechos Humanos denunció que los derechos humanos de Portillo habían sido violentados al no permitir que un observador de la PDH hablara con él antes de ser expulsado del país. Estando en el aeropuerto, en su última entrevista vía telefónica concedida a Arnulfo Agustín Guzmán, de Radio Sonora, Portillo responsabilizaba por su salud y su integridad física al Gobierno de Guatemala al tiempo que hacía un llamado a sus seguidores para que cerraran filas: “hay que organizarse pueblo, ¡hay que organizarse!”.

Al cierre de esta edición Portillo se encuentra a las puertas de enfrentar a la justicia estadounidense. Mientras sus detractores señalan las evidencias del enriquecimiento  del ex presidente y su malversación de fondos del Estado a través de transacciones millonarias a cuentas en el extranjero a nombre de su ex esposa e hija, sus simpatizantes aseguran que si en Guatemala fue absuelto por peculado no existe base para procesarlo por lavado de dinero, ni en ese país ni en ninguna parte del mundo.

Independientemente del resultado final, ambos procesos han dejado al desnudo que en Guatemala, la justicia se escurre entre las grietas de la división y el enfrentamiento que han dejado enormes cicatrices en nuestro sentido de hermandad. Triste pero cierto.

Analistas afirman que después del juicio en EE.UU., Portillo puede ser enviado a otros países a enfrentar acusaciones similares.
Analistas afirman que después del juicio en EE.UU., Portillo puede ser enviado a otros países a enfrentar acusaciones similares.

 

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