JUSTICIA OENEGERA

Edición: 54 Sección: Poderes Por: Revista Perro Bravo

EL SENDERO DE LA JUSTICIA IDEOLÓGICA

Desde la etapa de regreso al orden Constitucional, tras finalizar la secuencia de dictaduras militares, se inició en Guatemala un movimiento para la consolidación de la Sociedad Civil Organizada, como una plataforma para el afianzamiento de la influencia de determinados grupos en el Estado, con especial énfasis en el sector Justicia.

A nivel mundial, las Organizaciones No Gubernamentales cobraron auge y cosecharon éxitos principalmente por su incidencia en casos de Derechos Humanos. En Guatemala surgen inicialmente para presionar al Estado a investigar casos de desaparecidos durante el conflicto armado y someter a mandos militares a procesos judiciales.

Con el tiempo, el fortalecimiento de las ONG, muchas de las cuales reciben aportes del presupuesto nacional de los estados en donde tienen presencia, se ha transformado en un concentración de poder e influencia tal, que merece debatirse y considerarse limitaciones a su alcance.

En el portal de la CICIG en internet se encuentra publicado un artículo bajo el título “La sociedad civil y su actuación en el sistema judicial”, en el cual se cita a Iduvina Hernández, de la organización Seguridad en Democracia (SEDEM), y a Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), respecto al rol de las ONG de la Sociedad Civil en la búsqueda de una independencia judicial, en la auditoría de los procesos de elección de funcionarios públicos, la fiscalización del gasto público de las instituciones judiciales, la fiscalización de casos penales emblemáticos y las propuestas de reformas de leyes para agilizar la administración de justicia.

Dicho texto, fechado el 14 de octubre del 2011 y que no lleva firma por lo que se interpreta es autoría de la CICIG, cita a Sandino Asturias cuando afirma que las ONG “denunciamos cuando observamos que hay niveles de corrupción en fallos judiciales como en los casos de Portillo, Vielmman, Matus o Giammattei”. Así mismo, el artículo cita la opinión de Iduvina Hernández en cuanto a que “una tarea impostergable es un proceso de depuración profunda en el Organismo Judicial porque en muchos casos hay fuga de información, tráfico de influencias o resoluciones contrarias a la ley por los compromisos de jueces o magistrados vinculados con estructuras criminales”.

Las organizaciones conocidas como la Sociedad Civil Organizada fueron los pilares de la plataforma que impulsó las Reformas Constitucionales respaldadas por la CICIG, que no lograron avanzar en el Congreso y que recibieron duras críticas por considerarse que no fueron el resultado de un pacto social verdadero, sino producto de una simulación de consenso colectivo manejado por un grupo de ONG.

Las ONG son organizaciones privadas con fines públicos, por lo que sus operaciones y actividades deben ser de interés público. Aunque su constitución y funcionamiento están regulados por el Decreto del Congreso 02-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en la práctica existen muchos vacíos en torno a la delimitación de su alcance, por ejemplo, en toda la ley citada no se considera su participación en la reforma al sector Justicia.

La injerencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el ámbito público ha alcanzado tal importancia que a nivel internacional se ha abierto el debate en torno a cómo limitarlas para que no se constituyan en una especie de poder paralelo al del Estado. Es innegable que la actuación y el alcance de las ONG, en especial aquellas que inciden en la impartición de Justicia, deben discutirse abiertamente y fiscalizarse de cerca por los ciudadanos, más aun si se considera que actualmente no se les exige la misma rendición de cuentas y responsabilidad que a las instituciones gubernamentales.

Con el objetivo de retratar la actuación de algunas de las ONG más influyentes en el país, presentamos a continuación una selección de ejemplos paradigmáticos que ilustran claramente su peso y poder en la administración de Justicia…

Así participa la Fiscal General en la campaña de UNAMG. Imagen: Archivo PB

¿La Justicia no tiene ideología?

Hace algunas semanas, en declaraciones al diario La Hora, Thelma Aldana, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, expresó que “la ley no es de derecha ni de izquierda; es de Derecho y no puede tener tintes ideológicos”, en un intento de tomar distancia del debate vigente en torno a la ideologización de la Justicia en el país.

No obstante, es difícil distanciar a la figura de Aldana de las corrientes ideológicas que actualmente son dominantes en el MP. Para nadie es un secreto que su administración, al igual que la anterior de Claudia Paz y Paz, está apoyada en buen grado en el trabajo en conjunto con un grupo de ONG con una clara línea ideológica.

Recientemente, Thelma Aldana protagonizó un vídeo de la campaña “Cambia el Foco” de la Unión de Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), una de las ONG involucradas en el proceso judicial conocido como Sepur Zarco, que ha sido dado a conocer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como un “hito histórico mundial por ser la primera vez en Guatemala y en el mundo, que un tribunal nacional ha juzgado y condenado la esclavitud sexual como crimen de guerra”, un caso en el que 15 mujeres Maya Q’eqchí denunciaron que en 1986 en el destacamento militar Sepur Zarco, miembros del Ejército perpetraron violaciones sexuales repetidamente y las forzaron a limpiar, lavar y cocinar para ellos.

UNAMG es dirigida por Ada Valenzuela, y en su sitio en internet (www.unamg.org) se identifican como “una organización de mujeres que se concibe a sí misma como herramienta política de lucha, integrada por sujetas sociales diversas, que partiendo del feminismo y el pensamiento político de izquierda, interpretan la realidad de manera integral para transformarla”.

En junio de este año, durante un encuentro con la Embajadora de Venezuela, Elena Salcedo, la UNAMG difundió un video de apoyo al Gobierno de Venezuela, en el que sus lideresas cierran gritando la consigna “¡las mujeres de Guatemala estamos con la revolución bolivariana!”, un spot firmado y difundido por la República Bolivariana de Venezuela, Embajada en Guatemala.

¡Las mujeres de Guatemala estamos con la revolución bolivariana!» exclaman las dirigentes de UNAMG

El trabajo del MP en conjunto con una ONG cuya marcada ideología llega al extremo de emitir mensajes en defensa del régimen de Nicolás Maduro, lejos de aportar credibilidad a los procesos judiciales, los vulnera, puesto que pueden ser interpretados como cargados por una corriente ideológica innecesaria en la búsqueda de la aplicación de la ley.

«¡Hasta la victoria siempre!, ¡venceremos!» exclaman las lideresas de UNAMG en defensa del regimen de Venezuela. Imagen: Archivo PB

Posiciones estratégicas

La ONG dirigida por Norma Cruz, Fundación Sobrevivientes, es sin duda actualmente una de las de mayor peso en el Ministerio Público.

Entre los nombramientos clave que responden a su influencia, resalta el del actual Secretario de Política Criminal, Rootman Pérez, quien enfrenta junto a la Secretaria General del MP, Mayra Véliz, una querella por abuso de autoridad y tráfico de influencias, ante la cual la Fiscal General se ha negado a designar un fiscal especial, externo al MP, para investigar el caso de la irregular destitución de la ex fiscal de Delitos Administrativos, Heidi Tamara De León.

Para los trabajadores del MP es conocido que Rootman Pérez es el encargado de coordinar las relaciones entre el despacho de la Fiscal General y los requerimientos de las ONG, sector del cual proviene. Rootman Estivens Pérez Alvarado ha sido mandatario de la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica y ha trabajado muy de cerca los casos emblemáticos de dicha fundación. Hoy, se encuentra a cargo de dictar la Política Criminal en el MP, un cargo determinante en la persecución penal a nivel país y desde el cual hoy la fundación que dirige Cruz, ejerce una avasalladora influencia.

Uno de los casos más enigmáticos de los conducidos por la Fundación Sobrevivientes es el de Cristina Siekavizza, el cual ha arrastrado una condena social por su exposición en los medios de comunicación, lo cual forma parte de las estrategias de la fundación. Probablemente debido a los vacíos que existen en la investigación, Sobrevivientes ha empleado métodos cuestionables. La fiscal Claudia del Rosario Palencia Morales, fue quien coordinó el interrogatorio al hijo menor de Cristina, bajo la autorización ilegítima de su abuelo materno, y quien según una sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada en el expediente número 6108-2014, actuó de forma ilegal y arbitraria. Claudia del Rosario Palencia Morales, también ha sido mandataria de Fundación Sobrevivientes.

Norma Cruz mantiene influencia ascendente sobre Rootman Pérez, quien ha fungido como mandatario de Fundación Sobrevivientes. Imagen Archivo PB.

Formas de presión

En una entrevista concedida a Perro Bravo, la ex fiscal de Delitos Administrativos, abogada Heidi De León, aseguró que previo a que Rootman Pérez ordenara ilegalmente el traslado de un expediente a otra fiscalía, recibió una llamada de él en la que le hizo saber que se encontraba reunido con las representantes de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), misma ONG cuyos abogados habían estado representando a un miembro del personal de la Sala de Femicidio sindicado de un delito administrativo precisamente en ese caso.

Tras su salida del MP, De León ha sido objeto de presiones públicas por parte de connotados actores de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Helen Mack, quien dirige la Fundación Myrna Mack, probablemente la ONG con mayor injerencia en el sector Justicia, le aseguraba vía twitter que la investigación a su hija menor es legítima.

Pero más allá del caso en torno a la ex fiscal de Delitos Administrativos y la investigación ilegal a su hija menor de edad, se distingue un extenso mapa de influencia en torno a Mujeres Transformando el Mundo (MTM), entidad encargada de diseñar la estrategia legal para el caso Sepur Zarco.

En un vídeo difundido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en marzo 2016, Paula Barrios, directora de MTM, expone que en el caso en el que participan como querellantes adhesivos, les llevó 6 años “el empoderamiento de ellas y trascender de víctimas a sobrevivientes, y de sobrevivientes a sujetas de Derecho”

Fuentes del Congreso vinculan a Paula Barrios con Sandra Morán, ex militante de la guerrilla y hoy diputada por Convergencia, plataforma política impulsada por un grupo de ONG del sector de Derechos Humanos. Morán y MTM han trabajado en diversas iniciativas, en noviembre 2016 presentaron en conjunto la Propuesta de Política Pública de Reparación Transformadora, mediante la cual se buscaba, entre otros objetivos, abrir paso a que el Estado permita interrumpir el embarazo en niñas y adolescentes como resultado de violencia sexual.

El 14 de marzo 2017, Sandra Morán junto a Leocadio Juracán, también diputado por Convergencia, presentaron una denuncia penal en contra del Presidente de la República, Jimmy Morales, por la muerte de las 41 niñas y adolescentes en el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La solicitud de antejuicio finalmente fue rechazada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no obstante, fue notoria la particular celeridad con la que el Ministerio Público actuó al trasladar dicha denuncia a la CSJ para que se le retirara la inmunidad al Presidente y pudiera ser investigado.

Al parecer, en otros casos el derecho de antejuicio no ha impedido que algunas ONG puedan iniciar investigaciones para el MP. Perro Bravo tuvo acceso a una carta dirigida al Presidente del Parlamento Centroamericano, en la que el abogado Esteban Emanuel Celada Flores, solicita información del ex presidente y actual diputado al Parlacen, Alejandro Maldonado Aguirre. Celada Flores también figura como abogado director para el grupo de ONG involucradas en el caso Sepur Zarco.

Sirvan los anteriores ejemplos como muestras de una influencia creciente en el sector Justicia por parte del sector de las ONG que conforman la llamada Sociedad Civil, que ha llegado a concentrar un nivel de poder que necesita ser fiscalizado por parte de la ciudadanía, no sólo porque ejecuta fondos de la cooperación internacional y, en algunos casos, del Estado de Guatemala, sino porque abre una rendija por la cual se podría estar inundando los tribunales de una corriente ideológica, una condición que desvirtúa el sentido de Justicia y va en contra del principio de equidad y universalidad en la defensa de los Derechos Humanos. Sin duda, un tema sobre el cual la sociedad guatemalteca debe reflexionar.

El abogado Esteban Celada investiga al ex presidente Maldonado, a pesar de gozar de inmunidad en el Parlacen. Imagen: PB

INVESTIGAN A EX PRESIDENTE MALDONADO

De acuerdo al Protocolo de Reformas Al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, aprobado por el Decreto del Congreso 58-2008, los Diputados al Parlamento Centroamericano gozarán “en el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los Diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales” (Artículo 22, inciso a). Además, el Parlamento Centroamericano cuenta con su propio reglamento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades de los Diputados.


 

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