LA DANZA ENTRE BANCA Y POLÍTICA

LOS ALFILES DE LOS BANCOS OCUPAN POSICIONES DE ESTADO

GM

En julio 2015, la CICIG y el MP daban a conocer el caso denominado “Lavado y Política”, cuyas investigaciones señalaban la existencia de una red que lavaba dinero para el narcotráfico y por medio de la cual se financiaban partidos políticos. Hoy, el avance de este y otros casos, apunta el dedo hacia la banca nacional.

Según las escuchas telefónicas, Edgar Barquín, siendo presidente del Banguat, había concedido beneficios a Francisco Morales, alias “Chico Dólar” para evitar reportes e investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE); también se beneficiaban de la red los ex diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, quienes así mismo enfrentan proceso actualmente. Las operaciones de esta red de lavado se realizaban principalmente a través de agencias del banco G&T Continental.

El 18 de mayo pasado, el diario Prensa Libre dio a conocer que “Chico Dólar” había reconocido que manejó US$105 millones de manera lícita a lo largo de cuatro años, entre el 2008 y 2011, y afirmaba que el banco estaba manipulando los reportes que presentó por sólo US$89 millones. Al día siguiente, la institución financiera señalada respondió a “Chico Dólar” con un comunicado: “Consideramos que los señalamientos vertidos por esta persona son una reacción desesperada e irresponsable como consecuencia a nuestra firme decisión de retirarlo como cliente de nuestra organización. En consecuencia de lo anterior, Banco G&T Continental rechaza categóricamente los señalamientos realizados hacia nuestra institución, los cuales carecen de toda veracidad y fundamento”; y explica que a causa de las “transacciones complejas, significativas, con patrones no habituales, sin fundamento económico y legal evidente” de las empresas de Chico Dólar, el banco dio cumplimiento a la normativa de lavado de dinero u otros activos en el 2009 ante el ente regulador, y le fueron cancelados todos sus productos y servicios a Francisco Morales en febrero 2011.

Además, el banco enviaba una advertencia: “se están ejecutando las acciones legales por los delitos de pánico financiero y desprestigio comercial ante el Ministerio Público en contra de Francisco Morales Guerra.”

Resulta difícil de creer que el Banco G&T Continental pueda tener relación alguna con una red de lavado, mucho menos si se trata de una que financió ilícitamente partidos políticos. No obstante, existen evidentes relaciones entre dicha institución y el nombramiento de funcionarios en puestos claves de Estado.

Gustavo Martínez y TCQ

El Secretario General de la Presidencia de Otto Pérez Molina, el abogado Gustavo Martínez, fue una de las piezas más influyentes dentro del Gobierno del Partido Patriota, uno de los hombres más allegados al Presidente, al punto de unirse sentimentalmente con la hija de OPM.

Además de ser un reconocido financista del PP, antes también lo fue de la campaña electoral de la UNE, amigo muy cercano de Álvaro Colom y Sandra Torres.

Martínez ha sido durante muchos años mandatario legal del banco que ahora señala Chico Dólar. Así también, el señor Marvin Lau, subsecretario general de la Presidencia durante el gobierno del PP, ocupaba un alto puesto en el banco, al cual regresó después de dejar el cargo en la Presidencia de la República.
Gustavo Martínez enfrenta actualmente dos juicios, el primero por el caso de la red de defraudación aduanera llamada La Línea, y un segundo proceso por el esquema de corrupción detrás del usufructo ilegal para la Terminal de Contendores Quetzal (TCQ); en este último G&T Continental aportó $40 millones de dólares para su financiamiento.

Por otra parte, Flavio Montenegro, gerente general de Banco G&T Continental, ha sido identificado años atrás como parte del grupo de consejeros del entonces Presidente, Álvaro Colom, círculo en el que también se identifica a Gregorio “Goyo” Valdés O’Connell. “Goyo” Valdés fue mencionado recientemente en la declaración anticipada del ex secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, como uno de los operadores que participó en el esquema de corrupción de TCQ, proyecto que se venía gestando desde el gobierno de la UNE.

Cabe mencionar que José Luis Valdés, hermano de “Goyo”, es Presidente de Banco Agromercantil.

Pero existen otras ramas en el mapa de relaciones entre la institución bancaria en cuestión y el actual gobierno. El empresario José Andrés Botrán Briz fue nombrado como Comisionado para la Seguridad Alimentaria, quien mantiene cercanía con G&T Continental; este banco absorbió al Banex, del cual la familia de Botrán Briz fue accionista mayoritaria.

José Andrés Botrán, pertenece a una de las familias prominentes en el sector azucarero y que mantiene el monopolio de la producción de ron en el país. Botrán Briz ha sido Presidente de la Junta Directiva del ingenio Santa Ana, cuerpo al que también perteneció el ahora magistrado de la CC, Henry Philip Comte.

Una designación forzada

El presidente Jimmy Morales tenía a inicios de 2016 la responsabilidad de elegir a los designados por el Ejecutivo a integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. En los primeros días de marzo circulaba en corrillos gubernamentales el nombre de José Luis González Dubón, un abogado opositor a la CICIG, como candidato a ser designado como magistrado suplente a la CC. Por esos días el mismo Presidente confirmó que González Dubón estaba entre los aspirantes al cargo.

En los distintos eventos públicos, la prensa nacional cuestionaba al Presidente sobre su designación de magistrados, titular y suplente, a la CC; Morales respondía con evasivas.

La noche del 10 de marzo el Presidente anunciaba la designación de Dina Josefina Ochoa Escribá, como magistrada titular de la CC, y como magistrado suplente, a Henry Comte.

Fuentes cercanas al Ejecutivo afirman que incluso el nombramiento de Comte en la Secretaría Privada de la Presidencia ya estaba listo, pero “debido a las presiones” la decisión cambió de rumbo y se le designó como magistrado en la CC.

Tal vez la explicación a este súbito cambio en la decisión del Presidente, puede encontrarse en la firma de abogados Legalsa, de la cual Comte es fundador.

Henry Philip Comte Velásquez, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, además de ser miembro fiduciario de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), espacio de incidencia de la cúpula del poder económico, es reconocido como el fundador del bufete Comte-Font, que dirige junto a David Font Verdugo.

El bufete del magistrado se ha especializado en temas relacionados con el sector bancario. Hace poco más de un año, Legalsa fue contratada por el banco VTB de Rusia, para que emprendiera persecución judicial en contra de la familia rusa fugitiva, los Bitkov, quienes ahora guardan prisión en espera de llegar ante los tribunales correspondientes.

Más recientemente, el mismo bufete Comte-Font, ha sido el elegido por un grupo venezolano cuya inversión en un banco guatemalteco se encuentra bajo investigación, por un caso en el que la Superintendencia de Bancos ha dado indicios de estar respondiendo a una agenda escondida. Este grupo se encuentra vinculado a la familia de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, a través su operador financiero, Oswaldo Jugo, y el ex tesorero de PDVSA, Carlos Erick Malpica Flores.

Las relaciones entre banca y política, a nivel nacional e internacional, ameritan ser escudriñadas públicamente, puesto que alcanzan esferas en donde se toman decisiones transcendentales para el país, desde injerencia en las decisiones de Estado, hasta influir en las cortes del país. Los ciudadanos usuarios de los bancos debemos permanecer vigilantes.

GOBIERNO HENRY COMTE CV

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